"¿Cortina de humo?": el Gobierno español afirma que Sánchez y Robles también han sido espiados con Pegasus 

"¿Por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje masivo a decenas de independentistas?", se ha preguntado el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, uno de los dirigentes espiados con el spyware israelí. Lo ha hecho tras anunciar el Ejecutivo español que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa también han sido infectados por este sistema de espionaje y que ya han presentado denuncia ante la Audiencia Nacional.

Pedro Sánchez y Margarita Robles en una imagen de archivo. Foto: Moncloa

El oscuro caso por el espionaje con el spyware israelí Pegasus ha dado este lunes otra vuelta de tuerca. Los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y de Margarita Robles, ministra de Defensa, también han sido infectados por este sistema de espionaje. Así lo han anunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en una rueda de prensa de "urgencia". Y así se lo han hecho saber a la Audiencia Nacional, donde han remitido una denuncia este mismo lunes, con dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI.

Según han revelado en la rueda de prensa, se trata de dos intrusiones en el teléfono móvil de Pedro Sánchez en mayo de 2021 y una en el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en junio de 2021. Del dispositivo de Sánchez se extrajeron 2,6 gigas de datos, mientras que del de la ministra, 9 megas, pero no saben "qué datos eran". "Son hechos contrastados y de enorme gravedad que confirman que ha habido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas", ha asegurado Bolaños, para avanzar que Moncloa investigará si el resto de integrantes del Ejecutivo español también han sido espiados. El ministro ha afirmado que son intervenciones ilegales y "externas". Después, ante las preguntas de diversos medios de comunicación, ha matizado que "externa" significa "que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial".

La información la ha comunicado el Gobierno español justo dos semanas después de que se hiciera público un demoledor artículo en 'The New Yorker' en el que se recogía la investigación del laboratorio Citizen Lab, en la que se desvelaba que más 30.000 activistas de derechos humanos, políticos, periodistas y abogados de todo el mundo han sido atacados por sus gobiernos con el spyware israelí Pegasus. Ese día, 18 de abril, se confirmaba que en el Estado español más de 60 personas críticas con el régimen del 78, políticos independentistas catalanes principalmente, y también de EH Bildu -Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu-, habían sido expiados mediante el spyware israelí Pegasus. Desde entonces un maremoto político que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentando esquivar, sin dar muchas explicaciones, ante las preguntas de los grupos políticos espiados al Gobierno en el Congreso. Según recuerda Naiz, fue la propia ministra Robles, que ha pasado de justificar el uso de Pegasus a denunciar haber sido espiada, la que respondió a Mireia Vehí (CUP) con algo que se interpretó como una justificación de las escuchas: "¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia?".

¿Por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje masivo a decenas de independentistas?

La denuncia del Gobierno español hecha por sorpresa y justo en un momento en el que peligran las relaciones con los partidos independentistas catalanes y vascos ha levantado todo tipo de conjeturas. De hecho, según informa Naiz, uno de los investigadores de Citizen Lab, John Scott-Railton, cuestiona la actitud del Gobierno español, y lanza seis preguntas para confirmar la noticia del espionaje a Sánchez. Entre ellas: "¿Por qué han anunciado hoy que habían sido espiados? ¿Es posible que la infección de los móviles se conociera desde hace meses y se haya reventado para distraer la atención sobre el [conocido como] Catalangate?".

No ha sido la única persona que ha planteado dudas. "Si lo sabían desde hace meses y lo hacen público ahora convendremos que es una cortina de humo, ¿no? ¿Por qué el Gobierno no actúa con la misma contundencia con el espionaje masivo a decenas de independentistas? ¿En ese caso no es un ataque externo? Todos son igual de graves", ha criticado el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, uno de los políticos espiados con Pegasus. "Esto revela que la gravedad que le suponíamos al escándalo Pegasus no era infundada ni era una exageración utilizada en términos de rentabilidad política, sino que realmente estamos ante un hecho muy grave", ha añadido el también diputado de EH Bildu, Oskar Matute.

"¿Cortina de humo para convertir verdugos en víctimas? ¿Desviar la atención hacia el extranjero? ¿O bien el propio CNI espiando "por la unidad de España"? En cualquier caso: hace falta una comisión de investigación urgente para esclarecer todos los hechos", ha denunciado el diputado de la CUP, Albert Botran.

Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado que "la doble vara de medir es evidente". "Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya", ha demandado. Hace dos semanas, Aragonès ya calificó Pegasus como el hecho más grave en su relación con Pedro Sánchez. Desde entonces, la relación entre ERC con el Gobierno español, a quien exigió una explicación e investigar el caso, ha quedado muy "afectada". Desde el Govern han vuelto a reclamar la dimisión de Margarita Robles, porque "no ha cambiado la posición del Ejecutivo catalán pese a que el Gobierno español haya dicho que la ministra también ha sido espiada", y han exigido, de nuevo, que asuman responsabilidades "las personas responsables directa o indirectamente" con la trama de espionaje.

También desde ERC, Oriol Junqueras -otro de los políticos espiados con Pegasus-, ha recalcado que "es evidente que España ha llevado a cabo un espionaje masivo e ilegal sobretodo al movimiento independentista. Por eso, y lejos de posibles coartadas, exigimos responsabilidades políticas. Y por el bien de la democracia, es necesaria la máxima transparencia para esclarecer todos los hechos". Su compañero de partido, y portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha añadido: "El estado ha espiado, espía y espiará. Aquí la única duda es quién lo ordenó esta vez: 1) Si FUE el Gobierno es malo. 2) Si NO FUE fue el Gobierno es aún peor. Si no limpias tus cloacas, se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo. Luego no te quejes de que te muerden".

Carles Puigdemont (JxC), espiado también con Pegasus, se ha solidarizado con Sánchez y Robles, pero también les ha exigido responsabilidades por "no haber hecho nada hasta el estallido" del caso. Así, ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter: "Para entenderlo aún mejor: alguien que se dispara en el pie con su propia pistola es una víctima y ciertamente debe ser atendida en el hospital… Pero también es el principal responsable y debe responder ante la justicia".

Las reacciones también han llegado desde el propio Gobierno español, en concreto desde Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han coincidido en que es necesario "depurar responsabilidades". Díaz ha afirmado que es "vital" que la investigación sobre el caso de espionaje 'Pegasus' llegue "hasta el final" y se "depuren de manera ágil y efectiva responsabilidades". Belarra ha apuntado que "está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía", subrayando que la información hecha pública este lunes muestra una "profunda brecha" en la seguridad del Estado". "Venga de donde venga, el fallo es inasumible", ha zanjado.

La CUP y Òmnium presentan querellas por el espionaje político con Pegasus

Puigdemont y Junqueras, junto con Albert Riera (CUP), Elisenda Paluzie (ANC) y Xavier Antich (Òmnium Cultural), anunciaron hace dos semanas desde Bruselas una "ofensiva judicial" en tribunales de varios estados tras la revelación en The New Yorker del espionaje político masivo. Este lunes, las personas afectadas de Òmnium y la CUP han presentado querellas en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con a los móviles del conseller Roger Torrent y del concejal de ERC Ernest Maragall.

Según ha indicado la CUP en un comunicado, los diputados Carles Riera y Albert Botran, así como el exdiputado David Fernàndez, han presentado este lunes una querella por el espionaje político, en la que se especifica un delito contra la intimidad y, más en concreto, de "descubrimiento y revelación de secretos". Òmnium Cultural, por su parte, ha informado de que ha presentado una querella en representación del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera del expresidente Jordi Cuixart.

Las querellas se dirigen contra NSO Group, la empresa israelí propietaria del software Pegasus, como persona jurídica y "cualquier otra persona" que pudiera verse involucrada a raíz de la investigación. En concreto, piden investigar si CNI, Policía Nacional, Guardia Civil o agencias de ciberseguridad estuvieron involucrados. Ambas formaciones piden además ser acusación particular en el caso.

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