El Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno español se reunió este martes para valorar la prórroga, que acaba este viernes, de las medidas aprobadas el pasado 27 de diciembre con el Real-Decreto 20/2022, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. "Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez ha cedido a las presiones de Nadia Calviño para no prolongar la prórroga obligatoria de seis meses de los contratos de alquiler", denuncian los sindicatos de inquilinas e inquilinos.
En una nota de prensa, los sindicatos recuerdan que la medida "ha salvado a miles de hogares durante los últimos meses de subidas de alquiler totalmente desproporcionadas, y expulsiones a través de la no renovación de los contratos". Y califican de "incomprensible" que Sánchez haya hecho caer esta "medida de urgencia necesaria" porque "la situación inflacionaria continúa afectando a los precios del alquiler, mientras vemos que las medidas como el CBP para hipotecas se mantienen". "Dejar caer esta medida supondrá una oleada de desahucios", lamentan.
Los sindicatos de inquilinas e inquilinos apuntan que "la proyección de estas medidas era contener al mercado del alquiler que está radicalizado –vemos como no paran de subir los precios- hasta que se notasen los efectos de la Ley de Vivienda". Por eso, afirman no entender "cómo se ha dejado una medida tan importante como es la de prórroga de los alquileres que permiten mantener los precios hasta que se implemente la Ley de Vivienda".
En un contexto en el que la regulación de los alquileres, aprobada con la Ley Vivienda, todavía no ha entrado en vigor en ningún territorio, ya que su aplicación depende de la voluntad de los gobiernos territoriales, "la anulación de esta medida de protección a los hogares inquilinos supondrá una avalancha de desahucios invisibles", aseguran los sindicato. "Hay muchos hogares que a partir del 30 de junio quedarán expuestos a subidas o no renovaciones", inciden para matizar que "la supuesta prórroga de un año de contrato que incorpora la Ley Vivienda para las familias vulnerables, solo tendrá efectos sobre los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la Ley Vivienda, es decir, a partir del 2028".
Desde los sindicatos de inquilinas e inquilinos aseguran "no ver coherencia legislativa" y entiende que "definitivamente Sánchez ha cedido a la presión por parte de la patronal inmobiliaria para deshacerse de estas medidas y permitir que los caseros sigan especulando sin ningún límite".
En este sentido, los sindicatos alertan que "ya en nuestras asambleas estamos viendo cómo muchos caseros han comunicado a sus inquilinos que una vez finalice la prórroga se les hará un aumento del alquiler o se les expulsará". Frente a esta situación, que califican de "total desprotección", los sindicatos anuncian que seguirán organizando a los inquilinos e inquilinas e "implementando la estrategia de desobediencia civil 'Nos Quedamos' para garantizar el derecho a la vivienda de miles de hogares". "Esta estrategia consiste en seguir pagando el alquiler que se estaba pagando y no marchar de casa aunque haya finalizado el contrato de alquiler o la prórroga, hasta que se llegue a un acuerdo entre inquilinos y casero que garantice que ningún hogar se tiene que ir a la calle", informan.
Una web para recuperar los honorarios estafados por las inmobiliarias
Además, los sindicatos de inquilinas e inquilinos de distintos territorios lanzaron hace unos días una campaña estatal "para acabar con las estafas de las inmobiliarias que cobran ilegalmente gastos de gestión a las y los inquilinos que firman nuevos contratos".
Para ello, han creado una web en la que a través de un sencillo formulario, "cualquier persona podrá saber si ha sido estafada y ponerse en contacto con nosotros para que lo acompañemos y pueda recuperar el dinero robado". La campaña, que tiene el objetivo de "perseguir y denunciar a las inmobiliarias que cometen prácticas ilegales", también prevé movilizaciones en distintas ciudades.
Y es que, según denuncian, "el cobro ilegal de los honorarios se ha vuelto más frecuente desde la aprobación de la Ley de Vivienda estatal que, desde el pasado 26 de mayo, prohíbe definitivamente el cobro de los gastos de gestión de las inmobiliarias a los inquilinos e inquilinas en todos los casos en los que se formalicen contratos de arrendamiento sujetos a la LAU".
Sin embargo, "esta práctica ya se daba anteriormente ya que, desde marzo del 2019 y gracias a la lucha inquilina, el cobro de honorarios a los inquilinos e inquilinas en los casos en que el arrendador era una persona jurídica (empresa) ya estaba prohibido". Hasta ahora "los casos de estafa eran minoritarios, pero durante el último mes hemos visto cómo esta práctica fraudulenta se ha generalizado por parte de inmobiliarias que no quieren cobrar sus servicios a sus clientes directos: los caseros".
A primeros de junio, estos sindicatos se reunieron para pasar "a la ofensiva contra la patronal inmobiliaria". En Zaragoza, el sindicato de inquilinos e inquilinas anunció que se rebelaba "ante los abusos" de Zaragoza Vivienda.
