El Gobierno español aprueba la reforma de la ley del aborto, que va más allá de las reglas dolorosas

A pesar de las polémicas, la reforma plantea modificaciones como un registro de personal médico objetor de conciencia para que no puedan realizar abortos en la sanidad privada si se niegan en la pública

Irene Montero, ministra de igualdad del gobierno español, celebra junto a sus compañeras de gobierno la aprobación de la reforma de la ley del aborto
Foto: @IreneMontero

Este martes el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el anteproyecto de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre los principales cambios que introduce esta norma están la eliminación de las trabas para el proceso de un aborto: las menores de 16 y 17 años ya no necesitarán contar con la aprobación parental; la intervención se realizará en la sanidad pública en los centros más cercanos al domicilio de la mujer, y la polémica baja laboral para menstruaciones que provocan dolores incapacitantes.

Esta nueva ley también plantea la eliminación de los tres días previos de reflexión antes de realizar un aborto y la obligatoriedad de recibir un sobre con información previa. El Ministerio de Igualdad considera que esto era una “tutela patriarcal” hacia las mujeres.

La objeción de conciencia en los hospitales públicos (y privados)

Uno de los puntos clave ha sido la regulación de la objeción de conciencia. Esta proclama básica para los movimientos feministas pedía que los abortos se realizaran en centros públicos para evitar así los problemas de acoso de grupos ultracatólicos en los centros privados de interrupción del embarazo.

Actualmente son muy pocos los abortos que se realizan en la sanidad pública (un 20% del total) y hay territorios en los que directamente no se registra ninguno. El personal sanitario se declara objetor de conciencia en la sanidad pública pero en muchos casos luego realizan las intervenciones en centros privados.

La nueva norma pide crear un registro de médicos y médicas objetoras de conciencia, que no podrán practicar abortos en la sanidad privada para evitar ese traspaso de funciones. Sigue lo que ya se estableció con la ley de eutanasia. Así también el Gobierno español dice que se sabrá dónde se necesita reforzar los equipos en hospitales públicos para garantizar este derecho en todos lo territorios.

La ley también incluye una baja por incapacidad por interrupción del embarazo. Garantizará la asistencia y el acompañamiento integral y especializada en estos casos. Prevé que los centros de salud distribuyan la píldora del día después de forma gratuita y que todas las farmacias cuenten con el fármaco.

Permisos laborales pagados

Una de las novedades también es la inclusión de permisos pagados desde el primer día por dolores menstruales incapacitantes. "Todas las mujeres sabemos que lo estigmatizante que es hablar de la regla en los lugares de trabajo", declaró la ministra de Igualdad, Irene Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y Ministras. Hasta ahora “se ha vivido desde la culpa y la vergüenza. Lo que hemos vivido hasta ahora es un estigma, una culpa al vivir lo que las mujeres vivimos una vez al mes", señala Montero.

La nueva norma incluirá, además, un permiso retribuido para las embarazadas a partir de la semana 39 de gestación, aunque el Ministerio de Igualdad aspiraba a que fuera desde la 36.

Obligatoriedad de la salud sexual

Se pone el foco también en la educación sexual, haciendo que sea obligatoria en todas las etapas educativas. Se formará al profesorado, funcionariado de prisiones y plantillas públicas.

"Desde las instituciones tenemos que hacer un acompañamiento de ese aprendizaje y garantizar que las relaciones estén basadas en el consentimiento, el uso de métodos anticonceptivos y que sean respetuosos", señaló Irene Montero.

Vinculado a campañas sobre educación sexual, se contempla repartir de forma gratuita métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos. También en centros sociales y penitenciarios.

¿Y la rebaja del IVA en productos menstruales?

Se queda fuera la prometida del IVA para productos de higiene femenina, como compresas o tampones. El acuerdo de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos decía que estos productos tendrían un IVA superreducido del 4% pero, según la ministra Montero, Hacienda ha vuelto a aparcar ese compromiso.

Igualdad planteó eliminar este impuesto para combatir la pobreza menstrual y la ministra señala que seguirá peleando para que este medida sea incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Violencias reproductivas

El anteproyecto de ley aprobado este martes también establece una serie de prácticas como “violencias reproductivas”, como los vientes de alquiler (“gestación por sustitución”), que califica de violencia contra las mujeres. El texto prohíbe la publicidad de empresas intermediarias.

También incluye en este concepto el embarazo forzoso, el aborto forzoso o la esterilización de mujeres con discapacidad.

Divergencias entre los socios de gobierno

Se trata de una reforma ambiciosa que amplía derechos, que le ha costado a Irene Montero muchas divergencias entre PSOE y Unidas Podemos. Muchas de las medidas incluidas en un primer borrador por Igualdad han quedado aparcadas por las desavenencias entre los dos partidos.

La rebaja del IVA se ha quedado fuera pero también la baja remunerada por preparto desde la semana 39; la persecución activa de los vientres de alquiler, o el uso del término “violencia obstétrica”.

Además, Igualdad planteaba que fuera una nueva ley en vez de una reforma de ampliación de una ya existente desde 2010. En el borrador se incluía una disposición derogatoria de la ley anterior con la intención de blindarla ante una posible declaración de inconstitucionalidad de la norma por parte del Tribunal Constitucional (TC).

El PP presentó un recurso ante este Tribunal sobre la ley del aborto de hace 12 años. El TC aún no lo ha resuelto.

Maru Díaz: “La mejor forma de blindar el derecho al aborto es llevarlo a la sanidad pública”

La líder de Podemos Aragón, Maru Díaz, se ha mostrado satisfecha con la aprobación del anteproyecto de reforma de esta ley, “que blinda el acceso a este derecho de la mejor manera, que es desde la sanidad pública, garantizándolo en todos los hospitales y con la opción de hacerlo lo más cerca del domicilio de la paciente, con el objetivo de evitar que una mujer tenga que desplazarse cientos de kilómetros para ir a otras provincias o comunidades autónomas para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo”.

En este sentido, ha recordado Maru Díaz que Teruel y Huesca son dos de las 11 zonas que no han reconocido ninguna práctica de aborto desde 2010 (cuando se aprobó la ley que permitía el aborto libre en las primeras 14 semanas), es decir, “no que no haya habido abortos, sino que las mujeres que han tenido que afrontar uno lo han hecho teniendo que desplazarse a otra provincia, empeorando así una situación de especial vulnerabilidad”.

La líder de la formación morada ha incidido en la importancia de “acabar con los obstáculos para ejercer un derecho reconocido y, en este sentido, que el recurso de acudir a las clínicas privadas pase a ser una excepción”. “Derivar abortos a las clínicas privadas es, en cierto sentido, esconderlos”, ha incidido.

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