Tras meses de presión, el sindicato logró la suspensión de los desahucios de sus compañeras marcados los pasados 27 y 29 de noviembre. Pero la lucha para conseguir que Miriam y Amelia se queden en su vivienda no comenzó entonces, ni mucho menos ha terminado allí.
Miriam - con vivienda en Cuarte de Huerva - tiene su nueva fecha señalada el próximo día 17 de enero, y a Amelia - en Zaragoza - le llegará pronto la suya. "Suspender un desahucio puede ser una victoria importante: significa que, de momento, nuestras compañeras van a seguir en sus casas. Y lo celebramos. Pero nuestra lucha no va a frenar hasta que logremos una solución para ambas. Por ello exigimos que se cumpla la ley", señalan desde la organización de inquilinos e inquilinas.
Desde el sindicato exigen "que la administración, la DGA, los Ayuntamientos de Zaragoza y Cuarte garanticen el cumplimiento de la ley en materia de alternativa habitacional, ley que marca el deber institucional de proporcionar alternativa a las personas vulnerables antes de quedarse en la calle".
La peor parte de los procesos de desahucio es la que no se ve: la eterna espera a que se cumpla la ley y se suspendan sus desahucios. Pero la suspensión, en virtud del Decreto estatal que se viene prorrogando desde la pandemia de 2020, no soluciona el problema, no frena la incertidumbre ante la falta de respuesta al “¿y qué vendrá después?”.
"Cada día que pasa es un día más cerca de volver a vivir la traumática situación de saber que pronto un grupo de policías van a venir a sacarte de tu casa, a dejarte en la calle, sin nada, por la necesidad de un rentista de seguir ganando dinero. Y es en este punto en que las administraciones deben, por mandato legal, proporcionar alternativa a las afectadas por un desahucio, pero nunca es así", añaden desde el Sindicato de Inquilinas.
"Por nuestra experiencia, compartida con el resto de plataformas del movimiento por la vivienda de Zaragoza, siempre que nos hemos enfrentado a un desahucio y hemos exigido alternativa habitacional, la administración se ha excusado afirmando que no tienen vivienda pública. En otras palabras, la administración es incapaz de cumplir la ley". En opinión de la organización "es que ni tienen vivienda pública, ni están trabajando en tenerla. Ni la DGA ni los Ayuntamientos tienen el menor interés en dar solución a las miles de personas que llevan años abultando las listas de demandantes de vivienda pública con alquiler social. Y mientras no se mueven por ampliar el parque de vivienda pública, sabemos que se sigue privatizando vivienda que hasta ahora estaba protegida, se siguen dando permisos para crear viviendas de uso turístico y se sigue permitiendo la especulación y el beneficio económico con la vivienda".
Desde el Sindicato de Inquilinas señalan a la administración por incumplir la ley y por tanto de hacer dejación de su obligación de garantizar alternativa habitacional a las personas vulnerables en situación de desahucio. "Exigimos que nuestras compañeras, y todas las personas que estén en una situación similar, accedan de una vez a una vivienda pública con alquiler social".
El Sindicato termina su comunicado exigiendo "que la administración cumpla con su deber: tener un parque público de vivienda social que garantice el cumplimiento de la ley, y que así sean capaces de dar respuesta a las necesidades de la gente. Exigimos soluciones, y exigimos que lleguen a tiempo, y dejen de ejercer el maltrato institucional al que nos tienen acostumbradas, empujando a nuestras compañeras a situaciones increíblemente dolorosas y procesos eternos sin solución a la vista".
