En la mesa, que contó con una emisión en streaming seguida por cientos de personas, compartieron sus experiencias y valoraciones Beatriz González, Fruitos Richarte, Luis Iñesta, Gerardo Pérez, Pau Albert, Pau Camps y Josep Jover. El evento fue moderado por Arantza Alfaro, Secretaria General de la federación de CGT.
Entre las principales conclusiones de la organización sindical encontramos que "la estabilización de los empleados públicos en abuso de temporalidad siempre ha sido constitucional, pero ahora además resulta la única medida válida para el resarcimiento de estos trabajadores". En virtud de lo aportado por los expertos en la mesa la FETAP sostiene que "todas las administraciones deberían paralizar de manera cautelar todos los procesos selectivos donde hubiesen plazas convocadas que fuesen ocupadas por empleados públicos en abuso de temporalidad. De seguir con su huida hacia adelante solamente pueden esperar pagos de indemnizaciones, pagos de costas, pagos de salarios de tramitación, readmisiones y duplicidad de plazas".
Consideran oportuno recordar que "el TJUE carece de jurisdicciones" y, por lo tanto, "sus sentencias y autos (recordemos jurisprudencia supranacional y de obligado cumplimiento para cualquier estamento de cualquier país miembro de la Unión Europea) son aplicables a todos los trabajadores. Si ya no se hace distinción entre trabajadores de la empresa privada y empleados públicos, ¿por qué hacerlas entre ellos? No tendría sentido dar soluciones distintas a trabajadores en una misma situación".
En opinión de la federación, "si la respuesta a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha recibido unas durísimas respuestas se espera que las del Contencioso Administrativo número 17 de Barcelona (probablemente para el mes de junio) sean aún más contundentes".
Por todo ello desde CGT-FETAP se hace hincapié "en dar cobertura legal a todos los implicados, incluidos aquellos que, por su naturaleza orgánica, no estén capacitados de sindicación". Además, han anunciado que, "a diferencia de otros sindicatos", van a seguir "incrementando la presión sindical hasta donde sea necesario, con medidas judiciales a nivel estatal, europeo (donde en próximas fechas van a presentar una en los juzgados belgas vía Directiva “Whistleblowers”) e incluso sin descartar la convocatoria de huelgas en el sector".
Cabe recordar, apostillan desde el sindicato, que el Estado español "tiene pendientes sanciones por el incumplimiento reiterado de la Directiva 1999/70/CE y se expone a perder el derecho a la recepción de una buena parte de los fondos europeos Next generation".
La federación se muestra optimista y está convencida de que "como muy bien titulaba la mesa redonda, todo parece indicar que, ahora sí, nos encontramos ante el fin del abuso de temporalidad en las administraciones públicas".
