La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha mostrado su “profunda decepción” y su rechazo frontal al acuerdo de Gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox en Aragón, coincidiendo con el inicio del debate de investidura de Jorge Azcón. La entidad considera que el documento incorpora medidas “discriminatorias y contrarias a la solidaridad” que suponen un ataque directo a los derechos humanos y al papel de la sociedad civil organizada.
Desde la FAS advierten de que el pacto responde a una estrategia política más amplia, que trasciende el ámbito aragonés y replica medidas ya adoptadas en otros territorios como Extremadura. En ese contexto, alertan de que políticas sociales clave —especialmente en materia de migración y cooperación al desarrollo— están siendo utilizadas como “moneda de cambio ideológica”. En esa línea, recuerdan la posición de la Coordinadora Extremeña de ONGD: “las políticas sociales no pueden ser objeto de negociación ideológica”.
Uno de los elementos que más preocupación genera en la federación es el señalamiento directo a las organizaciones sociales. Denuncian que el acuerdo amenaza con restringir el acceso a fondos públicos a aquellas entidades que atiendan a personas en función de su situación administrativa, lo que califican de “chantaje inaceptable”. A su juicio, esta medida no solo pone en riesgo la labor de las ONG, sino que debilita el conjunto del sistema de protección social, en el que estas organizaciones cubren “vacíos” que no alcanza la propia administración.
La FAS también cuestiona el modelo de sociedad que plantea el futuro Ejecutivo autonómico. “¿Qué sociedad pretende crear el nuevo Gobierno de Aragón si le obliga a mirar hacia otro lado ante las necesidades ajenas según quien sea la persona?”, plantean, subrayando que “no es una sociedad mejor aquella que niega la solidaridad y el ejercicio de derechos a quienes no tienen un permiso de residencia en vigor”.
En relación con la migración, la federación denuncia que el acuerdo introduce de forma “malintencionada” una confusión entre la labor humanitaria de las ONG y las mafias de tráfico de personas, cuando precisamente estas organizaciones trabajan apoyando a sus víctimas. Asimismo, critican que se insista en vincular la migración, y en particular a niños, niñas y adolescentes no acompañados, con la inseguridad ciudadana, una narrativa que consideran destinada a “generar miedo”.
El pacto también plantea restringir el acceso de las personas sin autorización administrativa a los servicios sociales estructurales, limitándolo únicamente a situaciones de “urgencia vital”. Para la FAS, esta medida solo puede tener como consecuencia el aumento de la pobreza y la desigualdad en Aragón.
En el ámbito internacional, la federación denuncia un ataque directo a la cooperación al desarrollo. Recuerdan que el Partido Popular había asumido compromisos previos en esta materia —como el Pacto aragonés por la cooperación de 2018 o el respaldo a la ley estatal de 2023— y critican el recorte del 76% aplicado en 2024, que califican de “despiadado”. Un recorte que, advierten, pone en riesgo procesos de desarrollo sostenido construidos durante años y reduce la acción exterior a “migajas de caridad”.
Además, recuerdan que tanto la legislación estatal como el propio Estatuto de Autonomía de Aragón y la ley autonómica de cooperación fijan como horizonte el compromiso del 0,7% del presupuesto para cooperación. Frente a las dudas sembradas sobre el destino de estos fondos, la FAS reivindica el trabajo de las ONG: “llevamos décadas justificando y garantizando que todo euro público destinado al exterior ha ido al fin social que se consignó”.
La federación concluye apelando al futuro Gobierno de Aragón a que cumpla con su responsabilidad de garantizar el bien común y los derechos de todas las personas. En un contexto global marcado por el aumento de la pobreza, las guerras y la desigualdad, defienden que la cooperación al desarrollo no solo mejora las condiciones de vida, sino que contribuye a la estabilidad, la paz y la democracia.
“¿Qué gobernantes son aquellos que quieren poner freno a la solidaridad ciudadana y que olvidan gobernar para todas las personas?”, se preguntan desde la FAS en el cierre de su comunicado.
