El antiguo salón de plenos de la DPZ acogió el pasado 5 de mayo, coincidiendo con el Día de Homenaje a las personas deportadas y fallecidas en Mauthausen y otros campos y a todas las víctimas del nazismo, la charla-debate “Reparación y memoria: lucha por las exhumaciones de republicanos en el Valle de los Caídos”, dentro del I Ciclo de Memoria Democrática organizado por PAMA, que finalizó este viernes.
En el acto, presentado por la diputada Nerea Marín, participaron Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos del Valle; y las aragonesas Puri Lapeña y Cecilia Capapé, familiares de víctimas trasladadas al Valle y activistas memorialistas vinculadas a ARICO.
“Ese mausoleo, construido con mano de obra esclava, se levantó para ensalzar al dictador. Es la mayor fosa común que hay en el Estado español”, resumieron desde PAMA al inicio del acto. “Muchos de los restos trasladados allí ilegalmente proceden de Aragón. Reclamamos su devolución. No olvidamos”.
Durante una hora y media, las tres relataron el largo recorrido judicial, político y humano de las familias que llevan años reclamando la devolución de los restos de sus familiares republicanos trasladados ilegalmente al Valle de los Caídos —actualmente denominado oficialmente Valle de Cuelgamuros— y denunciaron la lentitud institucional, la falta de información y las trabas políticas, judiciales y eclesiásticas que siguen retrasando las exhumaciones.
“Nuestros familiares no cayeron: fueron asesinados”
Silvia Navarro recordó que el Valle de los Caídos fue construido “para mayor gloria y honra de Franco y de su victoria”, negando que pueda reinterpretarse hoy como un espacio de reconciliación democrática.
“El significado solo es uno. Es un lugar construido para mayor gloria y honra de los vencedores de la guerra”, afirmó. “La anti-España fue vencida, derrotada, pero no está muerta. Eso dijo Franco en la inauguración y eso define perfectamente el espíritu del monumento”.
Navarro rechazó frontalmente los actuales proyectos institucionales de “resignificación” del recinto. “El Valle es irresignificable”, sostuvo durante el coloquio posterior. “¿Cómo resignificas un almacén de restos cadavéricos secuestrados? ¿Cómo cambias el significado de eso?”.
Durante su intervención recordó además que el mausoleo fue construido mediante trabajo forzado de presos políticos republicanos y denunció que miles de restos fueron trasladados sin consentimiento familiar desde fosas comunes y cementerios de todos los territorios del Estado, especialmente desde Aragón.
“Los nuestros no cayeron: fueron asesinados”, insistió varias veces.
Restos aragoneses trasladados ilegalmente desde fosas comunes
Buena parte de la charla se centró en los casos de Aragón y especialmente en las fosas trasladadas desde Calatayud, Ateca, Munébrega, Torrijo de la Cañada, Biota o Magallón.
Navarro mostró documentación oficial de 1958 y 1959 sobre los traslados ordenados por el régimen franquista y explicó cómo muchas familias sí intentaron impedir el expolio de los restos. “En Calatayud hubo familias que se enteraron y fueron al cementerio a implorar que no se llevaran a sus familiares. El alcalde envió a la Guardia Civil para expulsarlas”, relató.
La presidenta de la asociación explicó que muchas de las víctimas fueron registradas oficialmente como “desconocidas” pese a que en los pueblos “todo el mundo sabía perfectamente quién estaba en las fosas”. También denunció la manipulación documental realizada durante la dictadura. “Arrancaban las hojas de los registros del cementerio para que dejaran de ser identificables”, señaló.
Según explicó, la mayor parte de restos aragoneses reclamados actualmente se encuentran en el nivel 2 de la capilla del Santo Sepulcro del Valle.
“Nos enteramos de los avances por la prensa”
Las familias denunciaron reiteradamente la falta de comunicación institucional por parte del Gobierno español y de Patrimonio Nacional. “La política de comunicación con las familias ha sido nefasta”, criticó Silvia Navarro. “Nos enteramos por la prensa de los avances. Incluso de que habían empezado las exhumaciones”.
Las participantes recordaron que los restos de varias cajas aragonesas fueron extraídos ya en 2023, pero que los análisis de ADN siguen sin completarse tres años después.
“Mi madre entregó el ADN en 2019. Las cajas están fuera desde 2023. ¿Cuál es el problema para tardar tres años?”, preguntó Navarro.
También criticaron que mientras se retrasan los análisis genéticos se hayan impulsado proyectos millonarios para la “resignificación” del recinto. “Desde diciembre de 2023 han sido incapaces de aprobar los ADN y, sin embargo, sí hay 30 millones de euros para resignificar el Valle”, denunció una de las asistentes al acto.
Las familias criticaron además la ausencia de un banco estatal de ADN compartido y explicaron las dificultades burocráticas que encuentran incluso para acceder a perfiles genéticos de familiares ya fallecidos.
“Se nos mueren los hijos y las hijas de las víctimas”
Uno de los momentos más duros de la charla llegó con los testimonios de familias aragonesas que llevan décadas intentando recuperar a sus seres queridos represaliados por el franquismo.
Sagrario Fuerte explicó cómo comenzaron a investigar tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y lamentó que el tiempo juegue constantemente en contra de las familias.
“En un año han fallecido dos de los tres hijos que quedaban”, relató emocionada. “La pena que tengo es no poder darles una noticia esperanzadora”.
Francisco Cansado recordó el asesinato de su abuelo y de un tío abuelo tras ser detenidos junto a la corporación municipal republicana de Ateca en agosto de 1936. “Mi padre tiene 94 años y ya me dice muchas veces: Paco, déjalo ya. Pero mientras pueda no lo voy a dejar”, aseguró.
También Cecilia Capapé recordó cómo la represión marcó a varias generaciones de su familia tanto en Aragón como en Andalucía. “No son historietas del abuelo”, afirmó. “Son cosas que hay que empezar a arreglar”.
Críticas al Gobierno, la Iglesia y los grupos ultraderechistas
Las participantes denunciaron las continuas trabas judiciales impulsadas por organizaciones ultracatólicas y franquistas para paralizar las exhumaciones.
“Cuanto más tiempo pasa, más oportunidades les damos a asociaciones contrarias a las exhumaciones”, advirtió Silvia Navarro, en referencia a recursos y denuncias impulsadas por grupos como Abogados Cristianos.
También señalaron directamente el papel de la Iglesia y de responsables del recinto durante años. Navarro recordó el enfrentamiento con el prior benedictino Santiago Cantera, quien se negó durante años a permitir el acceso a las criptas.
“Ya está bien”, reclamó finalmente. “Queremos que realicen los ADN ya y que nos entreguen los restos. No pedimos justicia porque sabemos que no va a haberla. Pero esa mínima reparación la queremos ya”.
La charla concluyó entre aplausos y con un mensaje compartido por las familias memorialistas presentes: la exigencia de verdad, reparación y devolución de los restos secuestrados por el franquismo sigue viva décadas después.
La charla completa, organizada por PAMA dentro de su I Ciclo de Memoria Democrática, puede verse íntegramente en YouTube. Un acto en el que familiares aragonesas de víctimas del franquismo volvieron a reclamar algo que siguen esperando décadas después: la devolución de los restos secuestrados por la dictadura y una reparación que sigue llegando tarde para muchas familias.
