El cierre de dos centros de menores “uno de cuatro plazas y otro de 8, gestionados por Ozanam, FAIM, junto con la paralización de la apertura de nuevos recursos, supone un grave retroceso en la protección de la infancia en Aragón”, señalan desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma.
“Hace apenas unas semanas, se anunciaba la apertura de estos centros, con la gestión de Kairos, con el objetivo de reforzar el sistema y garantizar una atención adecuada a los menores en situación de vulnerabilidad”, recuerdan desde la Plataforma, “sin embargo, lejos de avanzar en la mejora del sistema de protección, la administración ha optado por recortar plazas y frenar nuevos recursos, dejando en una situación de incertidumbre tanto a los niños, niñas y adolescentes atendidos en estos dispositivos como a los profesionales que trabajan con ellos”, recalcan.
Desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores en Aragón, denuncian esta situación “como un atentado contra los derechos de la infancia y una muestra más del desprecio hacia la labor de los trabajadores del sector”.
“No podemos permitir que las administraciones jueguen con la vida de los menores ni con la dignidad de los trabajadores. Mientras nos exigen más compromiso y dedicación, nos dejan sin recursos y nos someten a una precariedad insostenible. Necesitamos estabilidad, recursos y un compromiso real con la infancia vulnerable. Es inaceptable que Aragón, en lugar de fortalecer su red de protección, esté dando pasos atrás con medidas que condenan a estos menores a la incertidumbre y el desamparo”, enfatizan,
Los trabajadores y trabajadoras afectadas “por los cierres” han anunciado “una recogida de apoyos para mantener los centros abiertos” y preparan una serie de movilizaciones “con el fin de revertir la decisión de la consejera Carmen Susín”. Además, insisten en “la urgencia de establecer un convenio aragonés que garantice unas condiciones laborales dignas” y evite que “decisiones arbitrarias sigan poniendo en jaque tanto la protección de los menores como la estabilidad de los profesionales”.
“Exigimos la reapertura inmediata de los centros cerrados, la activación de los nuevos recursos previstos y el reconocimiento del trabajo de los profesionales del sector. Los derechos de los menores y la dignidad de los profesionales no pueden ser moneda de cambio”, concluyen.
