Este 2019 el mantenimiento del depósito del Caso Castor no vendrá en la factura del gas

La acción ciudadana #NoEnMiFactura ha conseguido in extremis que el Gobierno español no incluya nuevamente el mantenimiento del Castor en la factura del gas, tal y como en un primer momento había planteado el Ministerio para la Transición Ecológica

Proyecto Castor. Foto: Diagonal.

La ciudadanía española no pagará este 2019 el mantenimiento de la infraestructura fallida del depósito de gas natural de Vinaroz, también llamado Caso Castor.

La acción ciudadana #NoEnMiFactura ha conseguido in extremis que el Gobierno español no incluya nuevamente el mantenimiento del Castor en la factura del gas, tal y como en un primer momento había planteado el Ministerio para la Transición Ecológica. Este año la población no pagará los más de 8,7 millones que cuesta mantener este depósito que en 2013 interrumpió su funcionamiento al detectarse hasta 500 terremotos en las zona.

El envío de decenas de alegaciones en el proceso de participación pública por parte de actores del colectivo Caso Castor y de la ciudadanía, ha confrontado, según esta plataforma, al Ministerio con la realidad del otro lado: “la sociedad civil hace una observancia permanente y ejerce la autotutela de sus derechos exigiendo el no pago del Castor y su desmantelamiento”.

No obstante, la empresa encargada de hacer efectiva la factura, ENAGAS, ya ha reclamado al Estado la cantidad.

El Caso Castor

En 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó junto con la empresa de Florentino Pérez, ACS, y la canadiense CLP llevar a cabo el que sería el mayor depósito de gas natural del Estado español. Sin embargo, cuando comenzó a funcionar empezaron a producirse terremotos en el entorno de Vinaroz entre 2012 y 2013. El Instituto Geográfico Nacional aseguró en un informe que los seismos y el funcionamiento de la planta tenía una relación directa y recomendó el cierre permanente.

El Caso Castor y la plataforma ciudadana que ha denunciado la obligación del pago recuerda que sigue abierta una querella en el Tribunal Constitucional para que se depuren responsabilidades y se investiguen los posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos por parte del equipo ministerial y de las empresas que se llevaron a cabo la construcción del depósito.

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