El llamado Nudo Mudéjar vuelve a situarse en el centro del debate político, económico y social en Aragón. Lo que debía ser uno de los pilares de la transición energética justa tras el cierre de la central térmica de Andorra se ha convertido, con el paso de los meses, en un símbolo de incertidumbre, recortes y decisiones opacas, en la punta de lanza de una transición energética injusta. Un “enredo”, como ya lo califican distintos actores sociales, que evidencia las contradicciones entre el discurso institucional y la realidad sobre el terreno.
La reciente confirmación de recortes en la potencia instalada prevista por parte de Endesa ha encendido todas las alarmas. No se trata únicamente de una cuestión técnica o de cifras, detrás de cada megavatio perdido hay oportunidades de empleo que se desvanecen, compromisos incumplidos y una sensación creciente de abandono en las comarcas afectadas. Nuestras administraciones apostaron todo el futuro de estas comarcas al desarrollo del Nudo Mudéjar y no tienen plan alternativo.
Sin embargo, y a pesar de la falta de planes alternativos propios, desde el Gobierno de Aragón se insiste en la necesidad de “evitar dilaciones y garantizar la ejecución de los proyectos”. El contraste entre las declaraciones públicas y los datos concretos genera graves dudas. La falta de información detallada sobre el número de iniciativas en marcha, el empleo generado o la ejecución de los fondos europeos alimenta la percepción de opacidad.
En este contexto, CCOO Aragón ha sido especialmente contundente. Tras la reunión convocada en Teruel para abordar la situación del Nudo Mudéjar, el sindicato calificó el encuentro de carente de contenido: “pocos datos, sin información relevante y sin aportaciones importantes”. Una valoración que no solo refleja malestar, sino también una profunda preocupación por el rumbo que está tomando la transición energética en nuestro país, que cuando no está salpicada por la -presunta- corrupción como en el caso Forestalia, ve como su burbuja se desinfla.
Para CCOO, el enfoque actual es erróneo. “No deberíamos estar enredados en los megavatios de producción eléctrica que van a implantarse, sino hablar de personas y del territorio”, señalaron sus representantes. La crítica apunta directamente a un modelo que prioriza la generación energética sin garantizar un tejido industrial que sostenga empleo estable y de calidad.
Y es que el objetivo inicial de los Convenios de Transición Justa era claro: sustituir la actividad de la central térmica de Andorra con un ecosistema industrial vinculado a las energías renovables. No solo producir electricidad, sino fabricar componentes, generar cadenas de valor y fijar población. Sin embargo, la renuncia de Endesa a parte de sus proyectos no solo reduce la capacidad energética prevista, sino que pone en cuestión todo ese desarrollo industrial asociado y publicitado por la DGA.
La situación se agrava al analizar la gestión de los recursos públicos. Según denuncia el sindicato, de los más de 36 millones de euros procedentes de fondos europeos asignados en 2025 al Gobierno de Aragón, apenas se han ejecutado 14,2 millones. Una cifra que invita a preguntarse qué está fallando y a quién beneficia esa ineficiencia.
Este escenario encaja con un patrón que se repite en numerosos territorios periféricos del Estado español, como es el caso de nuestro país, pues en Aragón la implantación acelerada de grandes proyectos energéticos se ha realizado sin una planificación integral y sin la participación real de las comunidades locales. Un modelo que reproduce lógicas extractivistas, donde Aragón vuelve a ser concebido como un espacio de producción al servicio de centros de decisión externos.
La metáfora del Nudo Mudéjar resulta, en este sentido, especialmente reveladora. Más que un nodo energético, se ha convertido en un nudo político y social difícil de desatar. Un punto de tensión donde confluyen intereses empresariales, estrategias institucionales y las legítimas demandas de un territorio que exige futuro.
Frente a este modelo, cada vez son más las voces que reclaman una transición energética diferente y realmente justa. No se trata de oponerse a las renovables —una necesidad incuestionable en el contexto de crisis climática y geopolítica—, sino de cuestionar cómo, para quién y en qué condiciones se desarrollan.
CCOO Aragón plantea alternativas claras: impulsar comunidades energéticas que democraticen la producción, garantizar espacio en la red para proyectos de escala local y, sobre todo, apostar por la instalación de industrias vinculadas a la transición verde en las comarcas mineras. Fábricas que generen empleo, conocimiento y arraigo.
Porque la transición energética no puede medirse únicamente en términos de potencia instalada. Debe evaluarse también en términos de justicia social, equilibrio territorial y sostenibilidad real. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un nuevo ciclo de desposesión, revestido de verde pero sustentado en las mismas dinámicas de siempre.
En las Cuencas Mineras el mensaje es claro: no basta con producir energía. Se necesitan industrias, empleo digno y un compromiso real con el territorio. Lo demás, advierten, es humo. O peor aún: otro capítulo más en la larga historia de promesas incumplidas del Estado español con Aragón.
