El Tribunal Superior de Justicia de Aragón decide de urgencia si avala o tumba los confinamientos y las restricciones

Emplaza al Gobierno de Aragón que se posicione antes de las diez de la mañana de este lunes, y pide a la Fiscalía que se pronuncie en cinco días, sobre un recurso que plantea la existencia de irregularidades formales en la gestión del segundo estado de alarma y que, de prosperar, tumbaría las restricciones a la movilidad y dejaría en el aire la totalidad del sistema de delegación de autoridad a los territorios

Aragón
Control de la Guardia Civil a la salida de Zaragoza durante el confinamiento perimetral. Foto: Guardia Civil.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han trabajado contra reloj para entregar antes las diez de la mañana de este lunes el informe de alegaciones que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia le reclamó a media mañana del viernes: debe posicionarse sobre una petición de medidas cautelares que, de prosperar, se llevaría por delante todo el aparataje de restricciones de actividades y de movilidad derivado del segundo estado de alarma y que, de paso, dejaría en el aire su aplicación en el conjunto del Estado.

Sería, de prosperar, la constatación de la enésima chapuza legal en torno a la pandemia y a los estados de alarma, en este caso con la responsabilidad del gazapo compartida entre el Gobierno estatal y el territorial de no solo Aragón sino de los diecinueve territorios.

El recurso, presentado el jueves por un grupo de diez ciudadanos representados por el abogado Santiago Palazón, plantea, básicamente, la presunta ilegalidad de la delegación de autoridad que establece el decreto del segundo estado de alarma y, con él, la nulidad de las medidas de confinamiento territorial aplicadas al amparo de este por la DGA en otro decreto publicado el 4 de noviembre.

El recurso sostiene que la designación del Gobierno de Aragón como autoridad delegada en el territorio y a los efectos del estado de alarma incluye un defecto formal: “La delegación puede tener lugar entre los órganos administrativos de un mismo ente (Gobierno español delega en Ministerio, o Gobierno de Aragón delega en Consejería, a modo de ejemplo) pero no entre órganos de distinto ente (Gobierno español delega en Gobierno de Aragón)”, señala.

El recurso, que destaca que la ley del estado de alarma contempla en su artículo séptimo las delegaciones “cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad” mientras el decreto de La Moncloa establece en su tercero que el régimen de excepcionalidad “afecta a todo el territorio nacional”, pide al tribunal que declare por ese motivo la nulidad del decreto de la DGA del 4 de noviembre, medida que solicita adelantar como suspensión en forma de “cautelarísima” por los obvios efectos de esas normas en un derecho fundamental como el de la libertad deambulatoria.

Dos bloques de decisiones en la mañana del viernes

La Sala de lo Contencioso adoptó el viernes dos bloques de decisiones, el primero de los cuales incluyó asignar el caso a la Sección Primera, que se declaró competente sobre el asunto y designar como ponente a su presidente, Juan Carlos Zapata, y rechazar la adopción de las medidas cautelarísimas por llegar la demanda cuando ya habían transcurrido más de tres semanas desde la publicación del decreto.

El segundo es el que ha activado las alarmas en el Gobierno de Aragón: va a tramitar la petición de suspensión como medidas cautelar ante sus efectos en un derecho fundamental como el de la movilidad de la ciudadanía.

Las cautelarísimas y las cautelares tienen algunas diferencias de procedimiento. Las primeras puede adoptarlas el tribunal de manera inmediata y sin escuchar al demandado, mientras que las segundas tienen un plazo de cinco días y requieren el pronunciamiento previo de las partes salvo que estas declinen manifestar su postura. Y ese es el informe que debe estar delante de la mesa de los jueces antes de las diez de la mañana de este lunes.

Paralelamente, el TSJA ha recabado el criterio de la Fiscalía Superior, a la que ha dado un plazo de cinco días que, en todo caso, concluye antes del puente de diciembre, fecha en la que las restricciones de la movilidad habrían sido ratificadas o levantadas por orden judicial. La decisión del TSJA llegará en vísperas del puente festivo y a apenas tres semanas de las navidades.

Pleitos similares en al menos otros dos territorios

El aparataje de las restricciones del estado de alarma en Aragón no es el único que se encuentra en los juzgados. Al menos dos tribunales superiores, los de Cantabria y Asturies, han planteado al Supremo sendas cuestiones de competencia sobre recursos similares al que se tramita en Aragón, cuyos magistrados han concluido que están habilitados para pronunciarse. El Supremo no ha hablado todavía, aunque su pronunciamiento se esperaba ya para el viernes, por lo que puede conocerse a partir de este lunes.

El recurso llega a los tribunales en plena etapa de tensión en las relaciones entre el ejecutivo y el judicial en el territorio, una situación cuya intensidad se ha visto incrementada en los últimos meses con el levantamiento de algunos confinamientos perimetrales por parte del segundo, al considerarlos no ajustados a derecho, y con la decisión del primero de utilizar la fórmula del decreto ley, solo revisable por el Supremo y en ningún caso por el TSJA, para autohabilitarse a restringir la movilidad, algo que en el Estado español solo es posible mediante una ley orgánica o en aplicación (correcta) de los estados de alarma, excepción y sitio.

Las Cortes deberán también pronunciarse sobre la adecuación a derecho de esa segunda medida en la tramitación del decreto como ley al haber presentado el PP varias enmiendas que cuestionan la capacidad legal del Gobierno territorial para adoptar restricciones de ese carácter.

Pendiente de lo que decida el TSJA, el Gobierno de Aragón tiene previsto prorrogar este lunes los confinamientos de Aragón y "las tres provincias" hasta el 20 de diciembre en la misma resolución por la que levantará, a partir de la medianoche del lunes, el de las ciudades de Zaragoza, Uesca y Teruel. La filtración de la fecha del 20, el primer domingo de vacaciones escolares y universitarias, fue filtrado a algunos medios locales el viernes, unas horas después de que el ejecutivo aragonés recibiera el emplazamiento del TSJA.

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