El pasado mes de julio la Asociación para la Defensa de la Función Publica Aragonesa anunció a través de los medios de comunicación que iba a presentar una queja ante esta Institución porque entendía que la Ley 8/2018 de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón podría haber vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Dicha queja se hizo efectiva mediante su entrada en registro el pasado día 3 de octubre y se enmarcaba dentro de las funciones de Defensa del estatuto de Autonomía que tiene esta Institución fue admitida a supervisión.
Sin embargo, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la misma, obliga, según el Art. 15.2 de la Ley reguladora del Justicia a acordar la suspensión del expediente, sin realizar trámite alguno, en tanto en cuanto por el citado Tribunal se proceda a dictar una resolución en el citado recurso.
