El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) español ha acordado este lunes, a media noche, y casi alumbrando el 20 d'aviento, como un mal presagio de la afición del Estado español por saltarse la ley, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Tras doce horas de reunión, la votación se ha saldado con seis votos, los de la mayoría conservadora, frente a cinco, los de la minoría que integra el bloque progresista. Se trata de una decisión inédita en las Cortes Generales, puesto que es la primera vez en sus más de cuarenta años de historia que el TC frena un debate parlamentario en las Cortes españolas, pero ya ocurrió con anterioridad cuando el TC impidió un debate propositivo en el Parlament de Catalunya durante el procés.
El intervencionismo político del Tribunal Constitucional también sumo un destacado bochorno cuando declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la ley de Consulta Vasca, para impedir el refrendo democrático en referéndum ciudadano del llamado Plan Ibarretxe, aprobado previamente por el Parlamento vasco.
Otro de los casos más sangrantes de intervención política del TC tuvo como protagonista a Aragón, cuando el TC paralizó la Ley de Derechos Históricos de Aragón tras un recurso del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta norma fue aprobada en las Cortes de Aragón cumpliendo así el acuerdo de investidura del gobierno de coalición.
Es decir, el PP, a través de sus jueces -con mandato caducado- en el Tribunal Constitucional (TC), ha confirmado su "golpe de estado" contra la democracia: impidiendo al legislativo realizar su trabajo y obligaciones. De hecho, han sido los dos magistrados que tienen el mandato caducado, y que PSOE y Unidas Podemos pidieron recusar, los que han decantado la votación.
A pesar de contar con innumerables recursos la judicatura del Reino de España ha sido incapaz de llegar a conocer quien diablos será un tal M.Rajoy.
Este mismo lunes el juez responsable del caso conocido como "Caja B" ha informado que le resulta imposible relacionar los sobornos de empresarios al PP para que este les adjudique obras y contratos públicos. Y, que, por tanto, cerraba -en falso- el enésimo caso de corrupción del PP.
Y esta es la verdadera razón por la que el PP está dispuesto a mantener vivo su golpe de estado jurídico: que sus militantes togados sean su dique de contención amparando su impunidad con la corrupción, y que los dirigentes del PP nunca pisen la cárcel, al mejor estilo de un vulgar rey español.
Todo ello enmarcado en el tradicional mal perder del PP y su tradicional rechazo a reconocer los resultados electorales cuando no ganan ellos. Por eso cuando pierden califican a sus rivales de ilegítimos, o de radicales antisistema, como escusa para ejecutar, como es el caso, si es necesario hasta un golpe de estado juríduco.
¿Y la obligación constitucional del rey para mediar en situaciones de crisis? Pues es que el titular actual no fugado todavía debe andar repasando su discurso navideño, intentando que este año se note menos su simpatía por la ultraderecha.
Tal y como ocurrió en la anterior ocasión en la que el TC impidió mediante un golpe jurídico la actuación de un parlamento. Ocurrió con el Parlament de Catalunya durante el procés, pero entonces el rey Borbón sí tuvo tiempo para largar un discurso en defensa de las tesis ultraderechistas.
Bolaños: "Lo ocurrido es de una gravedad máxima”
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que la resolución del TC debe acatarse pero ha advertido de que la Ley no confiere al citado Tribunal la posibilidad de paralizar la actividad parlamentaria. Por ello, aseguraba en tono impostadamente solemne que “lo ocurrido es de una gravedad máxima”.
Bolaños ha acusado al TC de detener la acción legislativa parlamentaria de los “representantes legítimos del pueblo español” y ha remarcado que es algo que “afecta a los fundamento de la separación de poderes”.
También ha acusado al PP de querer controlar el Parlamento cuando no tiene mayoría pues “quiere decidir qué se aprueba y qué no se aprueba”, y ese es “el motivo que se ha revelado por el que el PP pretende bloquear el Consejo General del Poder Judicial y el TC”.
🔴EN DIRECTO
Comparecencia del ministro de @M_Presidencia, Félix Bolaños, para valorar la decisión adoptada este lunes por el Pleno del Tribunal Constitucional. https://t.co/6cqz3w1WRX
— La Moncloa (@desdelamoncloa) December 19, 2022
El Congreso y el Senado acatarán la decisión pero expresan su "preocupación"
Las reacciones no se han hecho esperar. En una declaración institucional, la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, ha anunciado en la noche de este lunes que la Cámara acatará la decisión del TC de paralizar la tramitación de las enmiendas para la renovación del propio órgano de garantías que ahora está en trámite en el Senado, pero ha defendido la actuación del Congreso durante la misma.
También ha avanzado que pedirá ser "oída" en el procedimiento para defender "la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo" y ha mostrado su "preocupación" por este hecho "sin precedentes". Y ha remarcado que aún no ha recibido notificación formal de la decisión del TC.
Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, también ha afirmado que la Cámara Alta "acatará y cumplirá" la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional, advirtiendo de que la suspensión de la tramitación de una ley supone "un grave quebranto" en el sistema democrático "y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia".
Reacciones de algunos de los partidos con representación en las Cortes Generales
El líder del PP, y cabecilla del “golpe de estado jurídico”, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a “seguir defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón”, al más puro estilo trumpista y después de que sus militantes togados en el Tribunal Constitucional acataran su petición en el pleno de la deslegitimada institución judicial.
Mientras, Iñigo Errejón de Más País, ha calificado de “golpe sin precedentes a la democracia” la decisión del Tribunal Constitucional, “se amordaza al Congreso y las leyes. Los magistrados se están saltando la ley", ha enfatizado.
ERC, por boca de Gabriel Rufián hacía "un llamamiento a la calma" y pedía un proyecto de ley para reformar el Poder Judicial: “Haría un llamamiento a la calma. ¿Esto es grave? Sí ¿Es la primera vez que pasa? No. Una parte del poder judicial ha presentado una guerra a ciertos partidos. Hay que solucionarlo".
Por su parte, desde Unidas Podemos explicaban que “la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia, toca demostrar que los demócratas somos más", ha subrayado la líder de Podemos, Ione Belarra, a través de las redes sociales.
El portavoz de los comunes, Jaume Asens, se ha referido también a esta resolución como un “golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría o en Polonia”.
La coalición EH Bildu ha exigido “depurar la hipoteca del régimen del 78” tras la decisión del TC y llama a la unidad el Gobierno y sus socios. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reclamado “depurar la hipoteca que supone el régimen del 78" y ha pedido al Gobierno del Estado español y a sus socios parlamentarios “estar a la altura” y aliarse frente al “órdago” que ha lanzado la “derecha política y judicial” mediante la “ilegítima” decisión del Tribunal Constitucional.
Aizpurua ha tildado de “gravísimo” lo ocurrido, calificándolo como “un golpe judicial contra la representación legítima emanada de las urnas”, y ha demandado una “reflexión tranquila pero rápida” que desemboque en un “acuerdo global de la mayoría parlamentaria para defender el derecho de la ciudadanía a que sus representantes elegidos desarrollen sus políticas”.
El BNG ha hecho pública su reacción ante la actuación del TC. Asegurando que el “golpe blando del TC es consecuencia de lo que algunos aplaudieron en Catalunya”. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado como “verdadero golpe blando judicial” la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas relativas a su propia renovación, ahora en trámite en el Senado. “Algunos aplaudieron cuando lo hizo en Cataluña en 2017”, ha apuntado, en referencia al PSOE, antes de añadir que “ahora todos sufrimos las consecuencias. Esto es muy grave, un verdadero golpe blando judicial. Que el Constitucional impida debatir y votar una ley en un parlamento es la antítesis de la democracia”.
También partidos de derechas, como el PNV, han reaccionado alertando de la gravedad del “golpe de estado jurídico” del TC, asegurando que “decreta el fin de la credibilidad del TC, usado para hacer política que invade la soberanía parlamentaria”. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera que con su decisión de invadir “la soberanía parlamentaria al paralizar la tramitación en las Cortes de la reforma de las enmiendas relativas a su propia renovación, el TC demuestra que ha sido utilizado para hacer política y ha perdido toda su credibilidad”.
Reacciones en Aragón
El casi siempre locuaz presidente de Aragón, y secretario general del PSOE, Javier Lambán, no ha hecho publico por el momento su reacción ante el “golpe de estado jurídico” del PP desde el TC. En sus redes tan solo hay alusiones a su agenda ordinaria. Tampoco el PSOE en Aragón se ha pronunciado por ahora.
Sí lo han hecho algunas de sus socias de gobierno en la DGA. El Consejero de Vertebración del Territorio, y anterior presidente de CHA, Pepe Soro, señalaba que “alguien con el mandato caducado vota en contra de su propia recusación para poder votar luego en contra de su sustitución. Apesta”.
Por su parte, desde Podemos Aragón, a través de sus redes sociales destacaban el mensaje de Pablo Echenique: “lo ocurrido anoche es de una gravedad extrema. Un poder judicial sin legitimidad democrática ha dado un golpe al poder legislativo. Hemos pedido a los grupos de la mayoría parlamentaria progresista y plurinacional una reunión para tratar el desbloqueo inmediato del CGPJ y el TC”.
Desde fuera del gobierno también se han producido otras reacciones. El portavoz de IU Aragón, Álvaro Sanz, señalaba que “la mayoría conservadora con el mandato vencido del Tribunal Constitucional impide a las Cortes Generales legislar. El Art. 66.3 de la constitución dice: Las Cortes Generales son inviolables. Impedir, da igual cómo, que las Cortes legislen es un golpe a la democracia”. Por todo ello, Izquierda Unida hace un llamamiento “a la movilización social en defensa de la Democracia”, exigiendo “a la derecha el cumplimiento de la Constitución y el respeto al Estado social y democrático de derecho”.
Por su parte, el portavoz del PP Aragón, y alcalde de Zaragoza en su tiempo libre, Jorge Azcón, se ha limitado a polemizar con Errejón en sus redes sociales, Afirmando que “esto que dices -Errejón afirma que: Consumado el atropello democrático. Unos magistrados que se saltan la ley amordazan a las Cortes elegidas por voto popular. Hay que defender la democracia- es una barbaridad propia de los regímenes populistas y totalitarios que tanto te gustan. En democracia nada hay por encima de la ley y son los jueces quienes la aplican. Los demás debemos respetar y acatar, por mucho que no nos pueda gustar la resolución”, obviando que son sus militantes togados del PP quienes han consumado el “golpe de estado jurídico” contra la democracia, e intentando acusar de sus ‘cualidades’ de populista totalitario a quienes no piensan como él. Jorge Azcón se sitúa así como uno de los máximos representantes del trumpismo hispano, siguiendo los pasos de sus conmilitones Feijóo y Ayuso.
