El Supremo reduce la condena a la exalcaldesa de La Muela a 11 años y 4 meses de prisión

El alto tribunal mantiene básicamente las conclusiones de la sentencia de la Audiencia, aunque rebaja la pena a María Victoria Pinilla en cuatro años y nueve meses al ser absuelta de tráfico de influencias, fraude de subvenciones y fraude a la Administración, en la mayor trama de corrupción urbanística de Aragón

Pinilla en 2016. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La Sala II del Tribunal Supremo español ha condenado a 11 años y 4 meses de prisión y multa de más de 6,5 millones de euros a la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa, por delitos continuados de cohecho pasivo, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y fraude a la Administración, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación a varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares realizadas en dicho municipio entre finales de los años 90 y 2009, en la mayor trama de corrupción de Aragón, hasta la fecha.

El alto tribunal mantiene básicamente las conclusiones de la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, de 25 de junio de 2019, en la investigación sobre la corrupción urbanística que fue objeto del caso. Sin embargo, en cuanto al fallo de la Audiencia, la condena a Pinilla, que fue de 16 años y 1 mes, se reduce en cuatro años y nueve meses al resultar absuelta de los delitos de tráfico de influencias y fraude de subvenciones, y del de fraude a la Administración en una de las operaciones de la causa.

El Supremo destaca la "gravedad" de la corrupción urbanística que, como se expresa en la sentencia impugnada, aunque no constituya un delito con esa denominación específica, tiene lugar "mediante la ejecución de hechos que, generalmente, pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho", y subraya que "es indiscutible que el sistema democrático se resiente cuando quienes alcanzan cargos públicos, por elección o por nombramiento, emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacción del interés general".

El Supremo absuelve a la exalcaldesa del delito de tráfico de influencias al considerar que, "aunque se declara probado que la recurrente se valió de su posición privilegiada de alcaldesa de la Muela, dicho dato aislado y no acompañado de ningún otro, no permite asegurar la necesaria posición de superioridad ni la existencia de una situación de ascendencia que permitieran ejercer una influencia real sobre las personas con las que se contactó".

En cuanto al delito de fraude de subvenciones, el TS expone que en periodo posterior a los hechos juzgados se introdujo una norma que limitaba el delito a los casos de actividades privadas. Respecto al de fraude a la Administración en una de las operaciones, recuerda el Supremo que por dichos hechos resultó absuelta en el primer juicio que el Tribunal Supremo ordenó repetir, por lo que el segundo juicio solo podía versar sobre los hechos por los que fue condenada.

La sentencia de TS confirma las condenas por responsabilidad civil, que incluyen el pago por la exalcaldesa al Ayuntamiento de La Muela de más de 1,5 millones de euros, y a la Hacienda Pública de casi medio millón de euros.

En relación a otros acusados, el TS confirma la condena de 8 años de inhabilitación y multa de 1.440 euros impuesta por la Audiencia al exconcejal de La Muela, Fernando Miguel Barba, por delitos continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental por imprudencia. Reduce la pena a Antonio Fando, el representante de la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007, y absuelve de un delito continuado de fraude a los constructores Julián de Miguel Ortega y Juan Ignacio Unsain Azpiroz. También ha sido absuelto de un delito contra la Hacienda Pública David de Miguel Santander, copropietario de una inmobiliaria.

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