El Grupo Municipal Socialista presentará este miércoles un recurso ante el Juzgado de Zaragoza para reclamar el acceso a los expedientes relacionados con el SPA de Ranillas después de que, según denuncia, el Gobierno de Natalia Chueca haya rechazado facilitar la documentación solicitada y se haya negado a convocar una Junta de Portavoces extraordinaria para informar sobre un procedimiento que puede tener importantes consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Zaragoza.
La portavoz socialista, Lola Ranera, ha acusado a la alcaldesa de mantener un “oscurantismo” incompatible con la gravedad del caso y ha criticado que, diez días después de conocerse la citación judicial de Natalia Chueca, Jorge Azcón y otros antiguos responsables municipales como “personas afectadas” en la pieza de calificación del concurso de acreedores del SPA de Ranillas, el Gobierno municipal continúe sin ofrecer explicaciones.
“Solo tenemos información por las noticias que aparecen en los medios de comunicación”, ha lamentado Ranera. Por ello, el PSOE ha decidido acudir a los tribunales para reclamar una documentación que considera imprescindible para ejercer su labor de oposición.
Denuncian vulneración del derecho a la información
Ranera ha explicado que el recurso se fundamenta en el derecho de las y los concejales a acceder a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, amparado por el artículo 23 de la Constitución. “Nos vemos obligados a ir mañana mismo al Juzgado porque tenemos derecho a la participación política y, por supuesto, a la información”, ha señalado.
La portavoz socialista ha recordado que el grupo solicitó formalmente el expediente del SPA de Ranillas y que el plazo de cuatro días previsto en el Reglamento Orgánico Municipal para facilitar esa documentación ya ha expirado sin que el Ayuntamiento haya respondido.
En su comparecencia, Ranera se ha preguntado “¿a quién quiere proteger la alcaldesa?”, cuestionando igualmente por qué se ha rechazado convocar una Junta de Portavoces extraordinaria y por qué la oposición se está enterando “por los medios de comunicación de las distintas denuncias y condenas que ya está teniendo este Ayuntamiento”.
A su juicio, “cuando no se da información ni a los concejales ni a la ciudadanía, algo se está ocultando y cada vez esto huele peor”.
Preocupación por las consecuencias económicas
La portavoz socialista también ha alertado del impacto económico que ya está teniendo el caso para las arcas municipales. Según ha explicado, el Ayuntamiento ya ha sido condenado al pago de 164.000 euros a cuatro trabajadores, una cantidad que, de extenderse al conjunto de las personas afectadas, podría alcanzar casi dos millones de euros.
Ranera ha reprochado además a la alcaldesa haber asegurado que desconocía estos procedimientos. “Si la alcaldesa desconoce los hechos, no sé qué me preocupa más: que los desconozca, que sus concejales no se lo cuenten o que verdaderamente esté mintiendo al Grupo Municipal Socialista y a toda la ciudad”, ha afirmado.
Exigen responsabilidades políticas
La portavoz socialista considera que Natalia Chueca no puede desvincularse de este asunto, independientemente de cuándo conociera los hechos.
“La alcaldesa no puede eximir su responsabilidad, lo conozca o no lo conozca. Si esto le viene muy grande, yo le aconsejo que con dignidad se vaya y abandone la Alcaldía, porque hay que empezar a pedir ya responsabilidades a este Gobierno”, ha manifestado.
Ranera también ha lamentado que la alcaldesa rechazara la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por el PSOE para abordar el caso.
“Por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, una alcaldesa no ha consentido que celebremos esa Junta de Portavoces y, por lo tanto, que no tengamos esa información”, ha denunciado.
Un nuevo episodio del SPAgate
El recurso anunciado por el PSOE supone un nuevo capítulo del denominado SPAgate, el procedimiento judicial derivado de la quiebra de la concesionaria del SPA de Ranillas.
Como publicó AraInfo la pasada semana, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha citado como personas afectadas a Jorge Azcón, Natalia Chueca, María Navarro y otros seis antiguos responsables del Gobierno municipal del PP en la pieza de calificación del concurso de acreedores de Cublan Inversiones.
El procedimiento analiza si determinadas decisiones adoptadas por el Ayuntamiento durante el mandato de Azcón contribuyeron a la insolvencia de la empresa concesionaria, un proceso que podría derivar en responsabilidades personales para los afectados y en un importante coste económico para el Ayuntamiento de Zaragoza.
