En los últimos días “hemos asistido a la autorización de la creación de una vía de educación secundaria a un centro privado en Samianigo y ahora a la privatización en una ‘experiencia piloto’ del acompañamiento del absentismo escolar en la ciudad de Zaragoza. Dos noticias que apuntan en la misma dirección, la creación de clientelas políticas”, aseveran desde el sindicato STEA-i.
Para el sindicato “los servicios públicos, caso de la educación, han de financiarse con dinero público y gestionarse íntegramente con personal vinculado a la administración, así de sencillo”. “Todo lo demás es convertir los servicios públicos en fuente de negocio privado o favorecer a personas cercanas a la administración”.
Las iniciativas privadas en estos ámbitos “no deben de recibir dinero público a través de conciertos, ya sean empresas privadas o fundaciones. El dinero público sólo a la pública, es una de nuestras señas de identidad”, recalcan desde STEA.
Sin embargo, las instrucciones de 16 de enero del Departamento de Educación de la DGA “establecen que la prestación del servicio la realizará una entidad prestataria, con profesionales socioeducativos en las instalaciones de la entidad prestataria, organizando actividades grupales con el alumnado, familias, elaborando itinerarios de formación e inserción social, etc. Todo eso en el momento actual corresponde al profesorado de los centros públicos, particularmente al de la especialidad de Servicios a la Comunidad”, enfatizan.
La intervención del profesorado de los centros públicos (tutorías, orientación, equipos, etc.) se limitará “según las instrucciones, a la identificación del alumnado que necesite ese tipo de actuaciones, desde los departamentos de orientación se dará traslado de la necesidad al CAREI, este último, una vez revisada la solicitud, derivará ese alumnado a la entidad privada prestataria. Esto es una privatización en toda regla, a la que desde STEA nos oponemos”.
Pero todavía hay más “es una forma indirecta de aumentar también los recursos derivados a la red de centros privados concertados, al prestarse este servicio a todos los centros sostenidos con fondos públicos donde se imparta educación secundaria. El eufemismo ‘centros sostenidos con fondos públicos’ incluye a los privados que gozan de subvenciones públicas a través de los conciertos educativos”, recalcan desde STEA.
“El alumnado, de materializarse la pretensión del gobierno del PP, será peor atendido al no llevar su atención integral los centros públicos y al obligar a una coordinación con una entidad externa. De lo que podemos deducir, que la única motivación para realizar la ‘experiencia piloto’ en la ciudad de Zaragoza, es subvencionar a una entidad privada y generar gente agradecida a determinadas actuaciones políticas y en el medio plazo extender el negocio a todo el territorio aragonés”, asevera con razonable preocupación el sindicato.
“Otra consecuencia, de no pararse esta iniciativa con una fuerte carga ideológica, es la destrucción de empleo entre el profesorado de los centros públicos al asumir sus funciones una entidad privada”, señalan. Por todo ello, STEA “va a interesarse de inmediato sobre el proceso de privatización ante el Departamento de Educación mostrando su oposición al mismo”, concluyen.
