La Alianza por la Emergencia Climática en Aragón, plataforma que agrupa a más de 50 entidades aragonesas comprometidas con la acción climática, ha presentado alegaciones al proyecto de Presupuesto General Municipal de Zaragoza para 2026, denunciando “la insuficiencia de las partidas destinadas a hacer frente a la emergencia climática”.
Las alegaciones presentadas reclaman un incremento total de 2.525.000 euros distribuidos en áreas clave de adaptación climática que el Ayuntamiento de la capital del país tiene comprometidas en sus propios planes estratégicos: el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza 2030 (PACCZ), el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), el Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana y el Plan Director de la Infraestructura Verde.
Un presupuesto muy lejos de lo necesario
El área de Medio Ambiente cuenta con apenas 4,03 millones de euros, lo que supone solo el 0,388% de un presupuesto total de 1.039 millones de euros del presupuesto municipal de Zaragoza. “Esta cifra contrasta dramáticamente con los 134,18 millones de euros anuales que el propio Plan de Acción por el Clima municipal establece como inversión imprescindible para evitar impactos de máxima gravedad”, subrayan las más de 50 entidades aragonesas.
En una situación de crisis climática cuyas consecuencias estamos ya sufriendo la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón considera que el Ayuntamiento de Zaragoza “debería incorporar en sus presupuestos mayores partidas destinadas a proteger la salud de las personas ante el aumento de temperaturas, así como a planificar medidas de prevención ante los fenómenos meteorológicos extremos”. En su opinión, como ejemplo, no es comprensible que “la iluminación navideña lleve asociada una partida de 1,85 millones de euros mientras a la de Clima y Salud solo destine 250.000 euros para todo el año 2026”.
Medidas urgentes, necesarias y posibles
Por ello, las alegaciones presentadas van encaminadas a aumentar el presupuesto en líneas estratégicas como “el refuerzo de la Educación Ambiental y del Centro de Documentación del Agua”, asimismo, enfatizan que resulta “especialmente alarmante la reducción de partidas fundamentales”, pues la educación ambiental “ha sufrido un recorte del 14% respecto a 2025 y del 28% desde 2022. Un aspecto grave que, entre otras medidas, va a repercutir ya en que el Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol permanezca cerrado entre semana”.
En la misma línea, señalan que “el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente, que cumple un papel educativo de primer orden, ha visto recortado su presupuesto en un 40%”.
Desde la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón apuestan por la “renaturalización de patios escolares: con más de 80 centros escolares en la ciudad y solo siete actuaciones en dos años, al ritmo actual se tardarían más de 50 años en completar la renaturalización de todos los patios escolares, espacios clave para la adaptación climática de la población infantil más vulnerable”.
Respecto a los refugios climáticos, destacan que “el propio PACCZ estima que sin acciones de adaptación habrá 1.130 muertes anuales por calor en el año 2100, frente a solo 55 muertes con medidas adecuadas. Esta diferencia de 1.075 vidas humanas anuales justifica sobradamente la dotación de una red efectiva de refugios climáticos conocidos y accesibles para la población. En la actualidad no hay ninguna partida destinada a este fin, la única acción municipal ha sido colocar una pegatina en los centros cívicos indicando que ese lugar es un refugio climático”.
Sobre infraestructura verde y arbolado urbano la Alianza ha propuesto “el aumento o la incorporación de partidas que atiendan la mejora del arbolado urbano, la revitalización de los Pinares de Venecia y la naturalización del Canal Imperial como infraestructura verde fundamental para los barrios de San José y Torrero-La Paz. Una reivindicación histórica que sigue año tras año pendiente”.
Otro de los aspectos destacables para paliar los efectos de la crisis climática es la eficiencia energética en centros educativos. “Tras un año 2025 en el que la comunidad educativa soportó temperaturas extremas que provocaron desmayos entre estudiantes”, la Alianza reclama “la urgente necesidad de climatización, rehabilitación energética y acciones de sensibilización en centros escolares”.
Asimismo, la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón subraya la importancia de la alimentación sostenible. “Urge incorporar alimentos de temporada, proximidad y producción ecológica en servicios municipales como escuelas infantiles, centros de mayores, comedores sociales y otros equipamientos si realmente el gobierno municipal quiere cumplir los numerosos compromisos adquiridos como el Pacto de Milán firmado en 2015, la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable o el Plan de Adaptación al Cambio Climático”.
En ese sentido, demandan partidas presupuestarias que permitan “dinamizar la Marca Huerta de Zaragoza, que desde su aprobación en 2023 no ha tenido ninguna campaña de difusión efectiva que permita a la ciudadanía conocer su existencia y sus beneficios. Al igual ocurre con la Muestra Agroecológica que se inicio en 2009 y cuya difusión y dinamización que dependía de Medio Ambiente ha desaparecido”.
Propuestas financieramente viables
La Alianza por la Emergencia Climática en Aragón ha diseñado sus alegaciones proponiendo reducciones en partidas que considera “no prioritarias” desde la perspectiva de la emergencia climática y la salud pública.
Por ello el documento de alegaciones concluye solicitando “encarecidamente, que el Ayuntamiento de Zaragoza demuestre con hechos presupuestarios concretos, y no solo con declaraciones, su compromiso real con la emergencia climática, la salud de la ciudadanía y la construcción de una ciudad más verde, resiliente y habitable para las generaciones presentes y futuras”.
Finalmente, cabe recordar que la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón es una plataforma que agrupa a más de 50 entidades aragonesas comprometidas con la acción climática, incluyendo organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y vecinales. Desde su constitución, trabaja para impulsar medidas urgentes frente a la emergencia climática y para exigir a las administraciones públicas aragonesas “políticas ambiciosas que garanticen un futuro sostenible” para nuestro país.
