Para el PP, desde Mariano Rajoy hasta el último de sus militantes, las personas fallecidas en el evitable accidente aéreo del Yak-42 son “cosas” de un pasado ya “sustanciado”. Sorprende el miserable desprecio con el que el Partido Popular pretende dar carpetazo al informe dictado por el Consejo de Estado del Reino de España sobre lo acontecido antes, durante y después del accidente del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares, siete de ellos aragoneses.
Sin embargo, este hecho continúa en la misma línea de actuación que con otros accidentes ocurridos de similar índole y donde en todos los casos la responsabilidad del accidente parece recaer única y exclusivamente sobre los pilotos. Véase por ejemplo lo que ocurrió con el Prestige en noviembre del año 2002, donde al parecer, en este caso, la única persona condenada por una de las mayores catástrofes medioambientales ocurridas en el Estado español, fue el capitán del buque. No hubo responsabilidades políticas de ningún tipo.
No las hubo sobre el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, quien relegó la gestión de la crisis sobre el entonces vicepresidente primero y actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien hablaba del vertido y sus “pequeños hilitos de plastilina”. Ni las hubo sobre Francisco Álvarez Cascos, exministro de Fomento, que ordenó quitarse el ‘marrón’ de encima y alejar el barco de la costa, a pesar de que los estudios realizados recomendaban llevarlo a puerto. Además, no hay que olvidar que Cascos durante los días siguientes al accidente se fue de caza sin ningún tipo de remordimiento mientras se gestaba una de las mayores catástrofes medioambientales ocurridas en suelo del Estado español.
No hubo tampoco responsabilidades políticas sobre el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que tardó en asumir la magnitud del desastre y pasó el fin de semana posterior al accidente junto al ministro de Interior, Ángel Acebes, y la ministra de Sanidad, Ana Pastor. Ni las hubo tampoco sobre Federico Trillo, entonces ministro de Defensa y máximo responsable del accidente aéreo del Yak-42, que pensó de forma muy lúcida en “bombardear el Prestige para hundirlo o hacer arder el fuel”. Todo muy lógico.
Algo similar sucedió con el accidente de metro de València, el más grave de la historia del transporte público ocurrido en el Estado español, en julio de 2006 y que costó la vida a 43 personas y dejó a 47 heridas. Durante diez años no hubo ningún responsable político. Hubo que esperar a julio de 2016 para que la comisión de investigación de las Corts Valencianes aprobara el dictamen que achacaba el siniestro a la falta de seguridad, culpando así al PP y a Francisco Camps de vejar a las víctimas e intentar ocultar la verdad.
La comisión, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, estableció que la línea 1 de Metro València no era segura, que el gobierno del PP urdió una trama para ocultar la verdad, que no trató con dignidad a las víctimas y que la televisión pública valenciana tapó y manipuló la información sobre el siniestro. Sin duda, otro caso más en el que la culpa, para el Partido Popular, era única y exclusivamente por el exceso de velocidad y por el conductor del metro.
Pero todavía hay más. 24 de julio de 2103, accidente de tren ocurrido en Santiago que dejó 80 personas muertas y 144 heridas. Como no podía de ser de otra forma, para las responsabilidades gubernamentales, la Xunta de Galiza con Alberto Núñez Feijoó a la cabeza, y la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), detrás de este fatal siniestro se encontraba un error humano. Punto y final a la investigación. No hay duda que lo que se encontraba detrás de este fatal accidente era responsabilidad de ADIF, algo que Feijoó se ocupó de cubrir para que este hecho no perjudicara a los importantes contratos internacionales a los que aspiraban las empresas públicas y privadas españolas de Alta Velocidad (AVE).
Así pues, y llegados a este punto, ahora nos encontramos con el informe realizado por el Consejo de Estado y que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente aéreo del Yak-42. Todo ello, nada más y nada menos que trece años después. Lo que deja bien a las claras el respeto que el Partido Popular tiene por las víctimas.
Simplemente hay que recordar la infame y vergonzosa identificación de 30 de los 62 cadáveres en este accidente y que se llevó a cabo por parte de Federico Trillo y un grupo de militares que mintieron miserablemente para cerrar el caso. Posteriormente se descubrió que los restos de las víctimas mortales, sin certificado de defunción ni documentación necesaria para su traslado, se realizaron mediante “autopsias visuales o light”, tal y como reconocieron ante la juez Teresa Palacios, el general de Sanidad, Vicente Navarro –fallecido en 2010-, y los entonces capitanes médicos, José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, encargados de las identificaciones de los cadáveres e indultados poco después de la llegada al Gobierno español de Mariano Rajoy y que fueron ascendidos a comandantes.
No son estos todos los 'accidentes' por los que la 'brillante' gestión de la derecha españolista nos ha hecho sufrir, pero sí muestran la miserable actitud con la que el PP se enfrenta siempre a ellos: primero mentir y negar, después buscar un chivo expiatorio, y cuándo la realidad se impone asegurar que 'remover el pasado' es de rencorosos y malas personas. Y para colmo de la vejación a las víctimas, siempre, el PP acaba recompensando 'a sus fieles' con cargos de relumbrón.
Unas víctimas que, por otra parte, ven que cada vez que ocurre un accidente de tremenda magnitud, las responsabilidades políticas brillan por su ausencia. Y no solo eso, sino que las personas que deberían como mínimo dimitir de sus funciones, son premiadas con cargos públicos de alto standing, como es la embajada en Londres que ahora mantiene el ‘impune’ Federico Trillo. Un factor más para seguir presumiendo de la ‘Marca España’.
