La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) destaca en su comunicado la relevancia de las pensiones públicas como un derecho adquirido tras años de trabajo. "Las personas pensionistas consideran sus pensiones como un salario diferido, parte del patrimonio de las trabajadoras que han sostenido el Sistema Público de Pensiones y la Seguridad Social universal. Esta reivindicación subraya la necesidad de garantizar la seguridad económica y sanitaria en la vejez", apuntan.
Las organizaciones de pensionistas insisten en que el sistema público de pensiones es un pilar fundamental de la seguridad social y económica. Recalcan que las pensiones deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas jubiladas, evitando así la pobreza y la exclusión social. Las plataformas destacan que unas pensiones dignas "no solo benefician a los pensionistas actuales", sino que también "aseguran el bienestar de las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras".
Uno de los puntos críticos en el debate sobre las pensiones es la brecha de género, que provoca que las mujeres reciban menos pensión que los hombres. Las personas pensionistas exigen que esta desigualdad sea erradicada. Además, demandan que las pensiones públicas no estén por debajo del salario mínimo, para asegurar un nivel de vida adecuado y evitar la pobreza en los sectores más vulnerables.
Esta brecha en las pensiones refleja "una realidad injusta y discriminatoria" que afecta "a millones de mujeres" en los diversos territorios y naciones del Estado español. Esta desigualdad es resultado de una vida laboral marcada por menores salarios, trabajos a tiempo parcial y mayores periodos de inactividad debido a responsabilidades familiares, como siempre, a lo largo de la historia los cuidados han recaído en las mujeres. Las organizaciones de pensionistas exigen políticas públicas que corrijan estas disparidades y aseguren la igualdad de género en las pensiones.
Se oponen firmemente a los planes privados de empresa, argumentando que estos representan una amenaza para el sistema de pensiones públicas. Temen que el aumento de inversiones en planes privados por parte de empresas y empleados reduzca las contribuciones a la Seguridad Social, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema público y convirtiéndolo en un sistema de beneficencia.
Este tipo de inversiones beneficia solo a aquellos con mayor capacidad económica para invertir en dichos planes. Esto generaría una desigualdad creciente entre las pensionistas, donde solo los más afortunados tendrían acceso a una jubilación digna. Las organizaciones recalcan que la solución no está en privatizar, sino en fortalecer y garantizar el sistema público de pensiones.
Las pensionistas también exigen que aquellas personas que han cotizado más de 40 años no vean mermadas sus pensiones, una situación que actualmente afecta a más de 800.000 trabajadoras y trabajadores de "manera injusta". Además, continúan vigilantes ante las amenazas de privatización y las reformas que puedan destruir los derechos adquiridos.
"¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden!"
En este sentido, desde hace unos años las plataformas y movimientos pensionistas han llevado a cabo diversas acciones. Entre diciembre y enero pasados, se reunieron con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyaron la investidura, excepto el PSOE. "Aunque no hubo debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, las líneas de interlocución siguen abiertas y los compromisos sobre algunas de sus principales reivindicaciones permanecen vigentes", afirman.
La movilización unitaria de primavera, realizada el pasado 6 de mayo, fue un éxito con 143 actos reivindicativos en todo el Estado, incluyendo la entrega de una carta abierta a la ministra Elma Saiz en 28 ciudades. Este evento reforzó el trabajo de las diversas plataformas y movimientos en pro de las reivindicaciones.
Además, en mayo, se celebró en Bilbo el I Encuentro Internacional de Plataformas de Pensionistas y Sindicatos, con la participación de organizaciones de los estados francés y español y de Alemania. En este encuentro se constató que "la lucha por las pensiones públicas en Europa comparte características similares, derivadas de la codicia capitalista". Las personas participantes acordaron reforzar las iniciativas territoriales y coordinarse a nivel europeo.
Las organizaciones advierten sobre los riesgos de relajarse durante el verano, especialmente ante la posibilidad de que se aceleren las privatizaciones de las pensiones, alertan del riesgo de que se firmen convenios colectivos que incluyan planes privados de pensiones durante la distracción veraniega, destacando la responsabilidad de algunos dirigentes sindicales en este proceso.
Además de la actividad para el verano, las plataformas y movimientos han acordado dos jornadas de movilización para el próximo otoño. El lunes 30 de septiembre habrá un "Lunes al Sol especial", enmarcado en la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad el 1 de octubre. Esta jornada se desarrollará de manera unitaria en cada territorio, con cartel y manifiesto conjunto. La segunda movilización será el sábado 26 de octubre en Madrid, una gran manifestación que unirá a pensionistas, trabajadoras y ciudadanía en general.
El movimiento pensionista se mantiene firme en su lema: "¡Resistir, insistir, nunca desistir! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden!". Las organizaciones y plataformas de pensionistas continúan en pie de lucha, defendiendo un sistema de pensiones justo y equitativo para todas las personas. La movilización y la vigilancia constante son claves para asegurar que los derechos de las pensionistas no sean erosionados por las políticas neoliberales y las presiones de las élites financieras.
