Tras más de un año de iniciativas parlamentarias para esclarecer quién elaboró las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del Clúster del Maestrazgo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reconocido finalmente que el entonces subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, actualmente investigado, fue quien elevó las propuestas de resolución, contando además con la colaboración de la empresa pública TRAGSATEC.
La respuesta llega tras un año de preguntas registradas en el Congreso por el entonces diputado de Sumar Aragón - CHA Jorge Pueyo, en colaboración con la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, que denunciaban la ocultación de los nombres de los técnicos responsables de la tramitación. “Llevamos un año intentando conseguir esta información porque encontrábamos una ocultación sospechosa”, ha señalado Pueyo, quien acusa al Ministerio de responder ahora “de forma parcial y sesgada” y de intentar “trazar un cortafuegos” limitando las responsabilidades al exalto cargo investigado.
El propio Pueyo advierte de que la respuesta no despeja las dudas sobre el proceso, ya que el reconocimiento de la asistencia de TRAGSATEC “no evita que se mantenga la sospecha” de que la labor pudiera haber sido realizada por personas ajenas a la Administración o incluso que la propia empresa Forestalia pudiera haber participado en la redacción de las DIA, lo que sería ilegal.
La investigación judicial en curso apunta a que Eugenio Domínguez habría manipulado presuntamente declaraciones de impacto ambiental para favorecer proyectos de Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas, en el marco de la denominada Operación Perserte, en la que se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Un año de preguntas sin respuesta
El 21 de febrero de 2025, Jorge Pueyo preguntó al Gobierno español por qué se ocultaban los nombres del personal técnico que intervino en la evaluación ambiental del Clúster del Maestrazgo y si se estaba encubriendo la posible ausencia de supervisión por parte de funcionarios públicos.
La respuesta inicial se limitó a indicar que la tramitación correspondía a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y que la resolución fue firmada por su directora, información ya conocida por su publicación en el BOE. Además, se afirmaba que la tramitación había sido “colegiada”, una afirmación que fue cuestionada al tratarse la Dirección General de un órgano directivo y no colegiado, lo que llevó a formular nuevas preguntas.
Ante la falta de claridad, se registraron nuevas iniciativas para conocer la identidad del personal implicado y la posible participación de entidades externas, incluyendo preguntas específicas sobre la intervención de TRAGSATEC o de otras empresas, así como sobre el cumplimiento de la normativa del Estatuto Básico del Empleado Público.
La respuesta final del Gobierno
En la respuesta remitida el 18 de marzo de 2026, el Gobierno español señala que la Subdirección General de Evaluación Ambiental, a través de su titular, elevaba las propuestas de resolución, y confirma que la Dirección General contaba con una asistencia técnica de TRAGSATEC en el desarrollo de sus competencias.
El Ministerio añade que estos encargos se formalizan conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y que son públicos a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Sin embargo, la respuesta no aclara si participó personal ajeno a la Administración más allá de TRAGSATEC, ni despeja todas las dudas planteadas durante el último año.
“Seguiremos empujando hasta que se esclarezca toda la verdad y se depuren responsabilidades, caiga quien caiga”, ha concluido Pueyo.
