El Ministerio de Sanidad utilizará “todos los mecanismos” para frenar el protocolo antiabortista de Castilla y León

Ha añadido que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia

sanidad Carolina Darias y Pedro Sánchez | Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
Carolina Darias y Pedro Sánchez | Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.

Ante el anuncio del Gobierno de Castilla y León, tras su consejo de gobierno del 12 de enero, en relación a un protocolo denominado por el propio ejecutivo como ‘antiabortista’, el Gobierno español, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El Gobierno español ha asegurado que utilizará “todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición” para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, ha añadido que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia “ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna”.

Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes.

El vicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo (Vox) anunció el pasado 12 de enero que la Junta de Castilla y León obligaría a que el personal sanitario ofreciera a las mujeres que solicitaran­ la interrupción del embarazo la posibilidad de someterse a una ecografía 4D y a escuchar el latido del feto.

Pruebas no necesarias

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad envió este domingo un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León donde se le solicita por un lado que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Y en caso de haber sido ya adoptada que cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.

También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud estatales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.

Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

La mayoría de los abortos en clínicas privadas

No obstante, cabe señalar que entre los datos oficiales publicados por el Ministerio español de Sanidad hace unos días destacaba que el 84,33% de los abortos en el Estado español se realizan en centros sanitarios privados, que el 72,42% se producen antes de la octava semana de gestación.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies