El Senador de Compromís, Carles Mulet, registró el pasado 8 de mayo una “batería de preguntas” en relación con el salto hidroeléctrico de Lafortunada. La respuesta del Gobierno español ha llegado el 27 de agosto y asegura que “la Confederación Hidrográfica del Ebro continúa con los trabajos relativos a la reclamación de los beneficios obtenidos de forma extemporánea al plazo concesional otorgado hasta la fecha efectiva de la entrega de la central al Estado en noviembre de 2019, y a fecha actual no se ha resuelto el procedimiento administrativo, por lo que no se conoce el importe de la partida alegada ni el destino de la misma”. “Por otro lado, se indica que la pertinencia de incluir medidas de restitución y compensación a los municipios se valora en cada caso concreto, en función de la afección por la central hidroeléctrica”, añadía.
Joaquín Palacín, Presidente de CHA, considera muy grave que el Gobierno español siga sin plantear la regulación legal que permita compensar a los municipios afectados, “y es que ahora debería ser el momento, cuando se está redactando las condiciones para la concesión a largo plazo de la explotación de la Central Hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta, la más importante del Pirineos Aragonés”.
Para Palacín, “es muy preocupante que el Gobierno de España no entienda lo razonable que supone el que los territorios afectados por saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de estos aprovechamientos hidráulicos, y es que no vamos a aceptar que en las nuevas concesiones no se contemplen medidas de compensación a los municipios que soportan la servidumbre del uso del territorio y la explotación de sus recursos, los tiempos del colonialismo económico promovido por el Gobierno de España debe ser ya parte del pasado”.
Para más “inri” al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo.
“El Gobierno de España no se plantea limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal, y modificar la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados”, ha concluido Palacín.
