El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a las preguntas formuladas por el Senador de Compromís, Carles Mulet, a petición de CHA con fecha 30 de abril que "no existe en la actualidad ninguna regulación legal que medidas de restitución y compensación a los municipios por la localización de centrales hidroeléctricas en su territorio, debiendo valorarse en cada caso concreto la conveniencia o no de la inclusión de las mismas".
Las preguntas que estaban relacionadas con los planes del Gobierno español para la central Lafortunada-Cinqueta eran: ¿Qué proyecto tiene el Gobierno para la explotación de esta central y cuándo va a desarrollarse?, ¿Qué actuaciones tiene previstas para reclamar a la empresa privada que continuó explotando la central a pesar de haber caducado la concesión administrativa?, ¿Tiene previsto el Gobierno que en la redacción de las condiciones para la concesión a largo plazo de la explotación de las centrales hidroeléctricas contemplen medidas de restitución y de compensación para las zonas cedentes?, ¿Tiene previsto el Gobierno limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal, así como modificar la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados?
A este respecto la ejecutiva de Sánchez ha señalado que "la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene previsto continuar los trabajos relativos a la reclamación de los beneficios obtenidos de forma extemporánea al plazo concesional otorgado". Asimismo, apuntan que "por su parte, la reversión al Estado de las instalaciones ligadas a los aprovechamientos hidroeléctricos está supeditada a lo que el título concesional establece al respecto en cada caso concreto, así como en la legislación de aplicación".
Por su parte, Joaquín Palacín, Presidente de CHA, recuerda que "la central Lafortunada-Cinqueta es la más importante del Pirineo Aragonés, con unos beneficios de más de 4 millones de euros al año, estando desde el pasado 28 de noviembre en manos del Estado, y paralizada de forma temporal, y será gestionada durante los dos próximos años por la Confederación Hidrográfica del Ebro".
Para el Presidente de CHA, "es positivo que se reclame a Endesa-Generación. S.A, por los beneficios obtenidos durante doce años que explotó la instalación tras caducar la concesión, pero nos parece muy grave que el Gobierno de España siga sin plantear la regulación legal que permita compensar a los municipios afectados, y es que ahora debería ser el momento, cuando se está redactando las condiciones para la concesión a largo plazo de la explotación de la Central Hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta".
Para Palacín, "es necesario hacer valer ante el Gobierno de España la voz unánime de las Cortes de Aragón, que aprobaron un acuerdo para que los territorios afectados por saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de estos aprovechamientos hidráulicos, y es que no vamos a aceptar que en las nuevas concesiones no se contemplen medidas de compensación a los municipios que soportan la servidumbre del uso del territorio y sus recursos, los tiempos del colonialismo económico promovido por el Gobierno de España deben de formar de forma inexcusable, del pasado".
Para más "inri" al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo. "El Gobierno de España no se plantea limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal, y modificar la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados", ha concluido Palacín.
