El Consejo de Ministros y Ministras ha remitido este lunes a las Cortes Generales el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
Una aprobación que llega justo un día antes de la celebración del 28 de junio, día del Orgullo LGTBQIA+. Además, hace un año, el 29 de junio de 2021, que el Gobierno de Sánchez aprobó el primer borrador.
El texto establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas contra cualquier forma de discriminación.
Entre las novedades más relevantes, la norma reconoce el derecho a la libre determinación a la identidad de género. El texto de la ley permitirá el cambio del sexo en el registro sin la obligación de someterse a dos años de tratamiento hormonal ni un certificado médico que acredite sufrir una disforia de género, como es preceptivo hasta ahora, sin la necesidad de testigos ni otro medio de prueba.
Además, prohíbe cualquier método destinado a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género y garantiza que todas las mujeres e igualmente las personas trans con capacidad de gestar podrán acceder a las prestaciones relativas a técnicas de reproducción asistida. Hasta ahora esta situación solo era posible para las parejas heterosexual o aquellas que estuvieran mujeres bisexuales o lesbianas casadas.
Además, prevé la inclusión del conocimiento y el respeto a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas.
También en el ámbito del Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI, y ha actualizado las cuantías y de los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El texto propuesto por Igualdad y aprobado este lunes por el Gobierno, nace después de décadas de lucha por parte del movimiento queer del Estado, que exigía la despatologización de las personas trans y una serie de derechos a nivel estatal para este colectivo, que en la actualidad cuenta sólo con leyes regionales, como es el caso de la ley aragonesa.