El Gobierno español declara la emergencia climática con un calendario de medidas que se adoptarán en los 100 primeros días

La segunda reunión ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras también ha aprobado la subida del 2% del salario de las y los empleados públicos para 2020. En rueda de prensa posterior, Montero ha confirmado la voluntad de Sánchez para promover una revisión del Código Penal, incluyendo los delitos de rebelión y de sedición y los delitos sexuales. El presidente español ha anunciado su intención de reunirse con Sánchez la primera semana de febrero. por lo que la mesa de diálogo se retrasa.

Ribera, Montero y Darias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras. Foto: PSOE

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, con la que el Gobierno español se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que la aprobación va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido. De esta manera, Montero ha asegurado que el Gobierno español sitúa al cambio climático y la transición justa como "eje transversal impulsando políticas".

El objetivo de esta declaración es "lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan a la ciudadanía en el centro", ha indicado Montero para añadir que la declaración supone una "respuesta" al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama "acción urgente" para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

En el marco de la declaración, el Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días del Gobierno. De este modo, se remitirá al Parlamento el proyecto de ley de cambio climático, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y se creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de las y los jóvenes.

El texto del acuerdo señala que el "único camino posible" para cumplir el compromiso con el Acuerdo de París para reducir las emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales es un obligado "cambio acelerado del modelo de desarrollo en las próximas décadas". "Esta transformación representa un gran desafío pero también ofrece importantes beneficios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos", refleja el acuerdo del Gobierno expuesto por la Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ribera ha apelado a la "justicia climática entre países y territorios; entre generaciones y entre personas de una misma generación que conviven con desiguales medios para afrontar los impactos del cambio climático o las oportunidades que proporciona". En segundo lugar, respecto al futuro, Ribera considera que "este país necesita actualizar sus prioridades" e introducir medidas transversales con el clima e invertir en un "proyecto de país" con un futuro viable, para las generaciones que están por venir y para tener la posibilidad de "aprovechar" el conjunto de oportunidades que una economía con el clima representa.

En tercer lugar, Ribera ha justificado la declaración de emergencia climática en la "responsabilidad" ya que es "enormemente costoso desde el punto de vista económico y social" y, en ese sentido, ha destacado el papel de las instituciones "a la hora de incidir y acompañar". Además, ha dicho que la declaración se produce en un contexto de "grandes cambios" asociados a "los riesgos económicos que ya son considerados en la economía global".

"Es fundamental que el Gobierno oriente toda su actuación para generar confianza pero con el esfuerzo de no dejar a nadie atrás", ha insistido Ribera, que asegura que las 30 medidas abordan las necesidades de los colectivos vulnerables, de las y los trabajadores que requerirán "nuevas cualificaciones" y de las y los consumidores más vulnerables.

Subida salarial del 2% para empleados públicos

El Consejo de Ministros y Ministras también ha aprobado por decreto ley la subida del 2% del salario de las y los empleados públicos para 2020 que se aplicará con efectos del 1 de enero, según María Jesús Montero. "Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar y quienes contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento de lo que más iguala, los servicios públicos", ha dicho.

La subida del 2% estaba pactada en el acuerdo a tres años firmado en marzo de 2018 por el Gobierno del PP con los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) y al que ha tenido que ir dando cumplimiento el Gobierno socialista al llegar al poder en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, ha explicado que el decreto ley aprobado este martes solo recoge el incremento fijo del 2% previsto en dicho acuerdo para 2020, aunque ha recordado que el pacto incluye también una subida variable vinculada al crecimiento económico.

Revisión de los delitos de rebelión y sedición para adecuarlos a la realidad actual

Montero también ha confirmado la voluntad de presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición "con el fin de que se ajusten mejor a la realidad actual", si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.

La intención de Sánchez es promover en el Congreso un "debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios" sobre la reforma del Código Penal que incluya la "tipificación de los delitos vistos respecto a los comportamientos producidos en Catalunya", en referencia a la rebelión y la sedición. Como sobre esta cuestión concreta el Gobierno de coalición aún no tiene una posición común -no ha habido ocasión aún de debatirlo- fuentes del Ejecutivo explican que aún no está decidido si la propuesta de reforma del Código Penal partiría del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley.

Montero ha recordado que la reforma del Código Penal no se suscita exclusivamente por la conveniencia de actualizar los delitos de rebelión y de sedición por los que se ha juzgado a los líderes independentistas, sino también por la necesidad de revisar los delitos sexuales con la idea de introducir el consentimiento expreso en las relaciones.

En definitiva, ha dicho Montero, el fin que busca el Gobierno español es que el Código Penal "recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de la realidad" actual y "aclare determinados comportamientos delictivos". "Vamos con un planteamiento abierto", ha zanjado.

Reunión con Torra para la primera semana de febrero

En una entrevista en TVE, la primera desde que fue investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha vuelto a subrayar que está será "la legislatura del diálogo", que tiene que ser un "diálogo social, un diálogo intergeneracional y un diálogo territorial". Así, ha anunciado que se desplazará a las sedes de los gobiernos territoriales para reunirse con los presidentes y presidentas "para hablar de los problemas reales de la ciudadanía".

Asimismo, avanzó que va a proponer un encuentro con el president de la Generalitat, Quim Torra, para la primera semana de febrero. Sobre Torra, cabe recordar que la pasada semana, la Fiscalía no se opuso a suspender cautelarmente el polémico acuerdo de la JEC por el que se le intenta inhabilitar como diputado, y afirmó que el órgano electoral no es competente para tal cosa.

En relación al conflicto político entre el Estado español y Catalunya, Sánchez aseguró que la solución "vendrá de la mano de un diálogo entre catalanes en el seno del Parlament de Cataluña y de la mano también, lógicamente, de esa colaboración y ese diálogo entre ambos gobiernos" y añadió que "a pesar de las muchísimas discrepancias, el Gobierno afronta ese diálogo con la mejor de las voluntades".

Sobre este encuentro, según informa Naiz, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que la celebración de una reunión entre Sánchez y Torra, es una «buena excusa» para retrasar la mesa de gobiernos más allá de los quince días programados.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies