En el 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo desclasificará este martes los documentos oficiales vinculados al 23F.
“La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino”, escribió Sánchez a las 8:32 horas de este lunes en su cuenta de X.
La decisión será aprobada en la reunión del Consejo de Ministros prevista para este martes, donde el Gobierno detallará el alcance de la documentación. La desclasificación será efectiva el miércoles 25 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ese momento los documentos podrán consultarse a través de la web de Moncloa.
Entre los fondos pendientes de desclasificar figura el sumario completo del juicio, custodiado en el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos que incluyen grabaciones originales y declaraciones de las personas implicadas. También se abrirán los archivos de los servicios de inteligencia de la época, el CESID —antecesor del actual CNI—, con documentos internos y transcripciones de escuchas de la noche del golpe que fueron clasificados como “alto secreto”. A ello se suman comunicaciones de Casa Real, Presidencia del Gobierno e informes internos de movilización emitidos por distintas regiones militares.
La medida responde a una demanda histórica de colectivos memorialistas, partidos, periodistas e investigadoras que han reclamado durante décadas acceso a una documentación clave para esclarecer responsabilidades políticas y militares en uno de los episodios más graves contra el sistema constitucional surgido tras la dictadura.
El PP habla de “cortina de humo”
Desde el Partido Popular, la diputada en el Congreso Ester Muñoz ha reaccionado al anuncio asegurando que “vamos a cortina de humo por día” y que “se cumplen los pasos del colapso total”. Las declaraciones sitúan el anuncio en el marco de la confrontación política actual, en una jornada marcada por el recuerdo del asalto al Congreso de los Diputados encabezado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.
PAMA: “Frente a la ultraderecha y sus intentos de deslegitimar el sistema, más democracia”
Coincidiendo con este 45 aniversario, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) ha difundido un comunicado en el que recuerda que el intento de golpe de Estado “no fue un episodio aislado: fue un intento deliberado de imponer por la fuerza lo que no se había conseguido en las urnas”.
La plataforma sostiene que el 23F fue “la expresión más extrema de una derecha autoritaria que no aceptaba la pluralidad política ni el mandato de las urnas” y que buscó “quebrar la voluntad popular e imponer por la fuerza un proyecto excluyente”.
Pero el comunicado no se limita a la memoria histórica. “No hablamos del pasado. Hablamos del presente”, subraya PAMA, que alerta de cómo hoy “fuerzas de ultraderecha vuelven a cuestionar abiertamente la legitimidad del Gobierno cuando no comparten su composición”, se desacredita al Parlamento y se difunden “teorías de fraude sin pruebas”.
También denuncia la banalización del franquismo y la trivialización del golpismo en el debate público. “Cuando se siembra la desconfianza sistemática en las instituciones (…) se está erosionando el mismo consenso democrático que estuvo a punto de romperse el 23-F”, advierte la plataforma.
PAMA reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y concluye con un llamamiento claro: “Frente a la ultraderecha y sus intentos de deslegitimar el sistema, más democracia. Más derechos. Más firmeza. Porque la democracia no se hereda: se protege”.
La desclasificación de los archivos del 23F abre una oportunidad para avanzar en verdad y transparencia sobre uno de los episodios más graves de la historia reciente del Estado español. Para los colectivos memorialistas, este paso debería marcar también el inicio de un proceso más amplio que permita esclarecer otros episodios aún pendientes y acceder a documentación que sigue bajo secreto oficial. Porque la memoria democrática no puede depender de decisiones excepcionales, sino convertirse en una política pública sostenida en el tiempo.
