El Gobierno de Aragón ha retirado la licencia de hotel a cuatro alojamientos, dos del Alto Aragón y otros dos de Zaragoza, que participan en programas de acogida de personas migrantes, en su mayoría de origen subsahariano e integradas en programas de inclusión. La decisión, adoptada por la Dirección General de Turismo, limita de facto su actividad al impedirles ofrecer alojamiento a perfiles distintos de quienes forman parte de estos programas o de las personas trabajadoras que residen temporalmente en los establecimientos.
Las empresas afectadas, establecimientos que compaginan la actividad social con el negocio habitual, sostienen que sus funciones “de alojamiento, manutención y limpieza” no se han visto alteradas y lamentan el “acoso” que, aseguran, están sufriendo a raíz de las inspecciones autonómicas. También alertan de la inseguridad jurídica y económica que genera una modificación administrativa de este calado.
Según la argumentación del Ejecutivo de Jorge Azcón (PP), para compatibilizar la actividad hotelera con la de residencia para personas migrantes es obligatorio que el establecimiento disponga de accesos, escaleras y ascensores de uso exclusivo. Una exigencia que, en la práctica, obliga a establecer circuitos diferenciados dentro del mismo edificio.
Vicente Guerrero (IU): “La decisión institucionaliza la segregación”
Izquierda Unida del Altoaragón ha denunciado públicamente lo que considera una medida “segregadora” y un “grave retroceso democrático”, con impacto directo en las personas migrantes, en las plantillas y en el conjunto del sector hostelero del territorio. La formación rechaza que se impongan requisitos que discriminan “a personas especialmente vulnerables”.
Vicente Guerrero, coordinador de IU Altoaragón, advierte de que la decisión “institucionaliza la segregación y lanza un mensaje profundamente peligroso: que hay personas de primera y personas de segunda”. Y añade: “Exigimos la inmediata rectificación del Gobierno de Aragón y el fin de cualquier práctica administrativa que legitime el racismo y el clasismo. En el Altoaragón no vamos a normalizar políticas que estigmatizan a quienes vienen a trabajar y a construir su vida entre nosotras”.
Desde IU alertan de una “grave deriva” en las políticas del Gobierno de Aragón —formado por PP y Vox—, al que acusan de deteriorar la convivencia y de erosionar la igualdad de derechos con decisiones “clasistas y racistas”.
Alberto Alcaine (CHA): “Una medida dirigida a desincentivar la participación de los alojamientos en los programas de acogida”
Chunta Aragonesista también ha rechazado la decisión del Gobierno de Aragón. Alberto Alcaine, secretario de Política Sectorial y Agenda 2030, considera que se trata de una medida “dirigida a desincentivar la participación de los alojamientos en los programas de acogida”, en los que actualmente se encuentran 805 personas en Aragón.
“Se trata, en su mayoría, de personas subsaharianas integradas en programas de inclusión”, ha explicado Alcaine, quien denuncia que los establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no estén dentro de este perfil. Para CHA, el Ejecutivo “cataloga a las personas residentes en función de su lugar de origen”, algo que choca “frontalmente” con los principios de la formación.
Alcaine ha recordado, además, la importancia del Programa de Atención Humanitaria, destinado a garantizar necesidades básicas, atención socio-sanitaria, ayudas económicas y traslados a personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad.
Este jueves, Chunta Aragonesista ha dado un paso más y ha registrado en las Cortes de Aragón varias iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno de Azcón por la retirada de las licencias. José Luis Soro, portavoz de CHA en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, e Isabel Lasobras, portavoz en la de Bienestar Social y Familia, han pedido la comparecencia del Ejecutivo para que detalle los motivos de una medida que consideran “profundamente errónea”.
