Las entidades Ecologistas en Acción, Ansar y Amigas de la Tierra han presentado un recurso ante el Gobierno de Aragón “contra la ORDEN PEJ/536/2025, por la que se declara como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón, así como proyecto prioritario para el desarrollo económico” de nuestro país “el Plan Green IT Aragón, promovido por la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA), y sus filiales Data Center Ribera Alta del Ebro SL y Molinos del Ebro SA”, en los municipios de Luceni y Pedrola en la Comarca Ribera Alta del Ebro, y Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón en la Comarca de Valdejalón.
SAMCA es un conglomerado empresarial que factura más de 1.200 millones de euros anuales, lo que la hace el segundo más grande de Aragón. Por tanto “tiene capital suficiente para acometer este proyecto sin ayudas públicas, Pero, además, este proyecto no trae ningún efecto positivo para la población, la economía o el medioambiente aragonés”, aseveran las entidades sociales.
Las tres entidades consideran “totalmente insuficiente la justificación proporcionada, basada en datos que contradicen todos los estudios científicos y periodísticos y con argumentos extremadamente peregrinos”.
Como la consideración “de que este centro de datos promueve la actividad industrial. Al contrario, imposibilita a otras empresas instalarse al saturar las conexiones eléctricas y la potencia disponible. Esto, de paso, reduce drásticamente la competitividad de Aragón”, recalcan.
“O que facilita el acceso de los ciudadanos a servicios digitales, que pueden ser suministrados desde cualquier parte del mundo sin necesitar instalaciones en Aragón”, recuerdan. “O que facilitan la movilidad de la información tal como se define en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA). Sin embargo, al consultar la citada EOTA, ésta se refiere a infraestructuras de telecomunicaciones como antenas o banda ancha, como es lógico, especialmente en áreas rurales, algo a lo que este Centro de Datos no contribuye de manera alguna”, reiteran.
El empleo en los centros de datos: limpieza y seguridad
Desde Ecologistas en Acción, Ansar y Amigas de la Tierra explican que “no crean empleo de calidad. La realidad es que no crean casi empleo, Amazon tiene 62 empleados en tres centros de datos, que ni es de calidad, ya que la mayoría son precarios y están relacionados con limpieza, seguridad, y administración de baja cualificación. Por cada KW consumido, Stellantis crea 320 veces más empleo que SAMCA y Pla-za, 640 veces más. Este proyecto no atrae ningún talento, excepto el de querer engañarnos con esta ruina”, aseveran.
Jorge Azcón, movilizando todos los recursos públicos de la DGA, hace suyas las previsiones de SAMCA asegurando que “crean riqueza” pero, a juicio de las entidades sociales, la realidad es que el proyecto Green IT Aragón y centros de datos similares “es que creando poco empleo, pagando pocos impuestos y disfrutando de una mejora de instalaciones que pagamos el resto de usuarios de energía eléctrica y agua potable, no sólo no crea riqueza a largo plazo en Aragón, sino que la contrae. Si unimos que producirán elevación del precio de la electricidad y del agua para el resto de la población e industrias de Aragón, se hace injustificable conceder ayudas públicas a este proyecto mediante Declaración y Proyecto de Interés General de Aragón”.
Argumentos que coinciden con los de la norteamericana Fundación Jack Kemp, recuerdan, que afirma que “para que no se produzca un trasvase de riqueza desde los entornos de los centros de datos hacia los polos tecnológicos, como Madrid, Barcelona u otras capitales del mundo. Aragón pierde”.
Altísimo consumo de agua y energía
No se tienen en cuenta los graves perjuicios “como el altísimo consumo de energía, 775 veces lo que consume la población de Luceni, y agua, 640 veces y toda en el periodo de mayor escasez, en verano, lo que pone en riesgo el suministro para la ciudadanía, empresas y agricultura en los periodos de escasez, pudiendo llegar a cortes de suministro, algo que ya no nos es desconocido. Pero, también, el ruido generado, la contaminación química, el efecto isla de calor o la baja contribución en impuestos, al tratarse de servicios digitales que tributan allí donde se consumen. Por no hablar de que la DIGA le exime de solicitar licencia de obras y de pagar el ICIO en cada municipio afectado”, subrayan.
Urbanismo a la carta
Asimismo, “es sorprendente que cuando se habla de suelo urbanizable, la administración no interviene nunca y deja que sea el precio de mercado, y la especulación, el que determine el precio de la vivienda que pagarán las familias aragonesas. Pero cuando viene una gran empresa nos olvidamos del mercado y el Gobierno de Aragón interviene para garantizar un bajo precio del suelo para la empresa y, por tanto, una baja remuneración para el propietario de los terrenos (otra pérdida para Aragón). Esta medida, en un caso como el presente, que no produce riqueza, es contrario a los intereses de Aragón y, por tanto, debería impedir cualquier DIGA y PIGA para este proyecto”, aseveran las tres entidades.
“Si, además, se introduce en el mismo expediente de interés general la instalación de plantas fotovoltaicas y eólicas, que vierten la energía a la red, de la que también se nutren las instalaciones de datos, estamos hurtando los escasos ingresos que podrían recibir los ayuntamientos afectados (por tanto, otro agujero más en la riqueza de Aragón) y también pervertimos la competencia en el sector de producción eléctrica, favoreciendo a unas empresas frente a otras”, aseguran.
No hay justificación para el trato de favor a SAMCA
En definitiva “no se justifica otorgar un trato de favor a este proyecto, Green IT Aragón, lo que le permitiría acelerar los trámites para eludir controles e incluso no abonar impuestos locales. Todo lo contrario: el Gobierno de Aragón debería replantearse su estrategia de ‘convertir Aragón en la Virginia de Europa’ y considerar una moratoria a los Centros de datos, como hacen ciudades como Dublín, Singapur o Amsterdam y como aconseja, entre otros muchos, el senador republicano por Virginia Richard Stuart”, concluyen desde Ecologistas en Acción, Ansar y Amigas de la Tierra Aragón.