El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este miércoles un dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), “siempre y cuando el operador de la planta Nuclenor cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen”. Tras el visto bueno del CSN corresponderá al Ministerio de Energía del Gobierno español decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012.
La votación ha salido adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros que integran el máximo órgano de la seguridad nuclear en el Estado español (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, Cristina Narbona (propuesta por el PSOE), ha votado en contra.
La central de Garoña fue inaugurada en 1970 y se clausuró a finales de 2012 para proceder al vaciado del combustible. Esta decisión se tomó por la dirección de la empresa "sobre la base de criterios económicos". Desde entonces, un amplio rechazo social a la reapertura de la central ha acompañado todo el proceso.
La aprobación del CSN a la continuidad de Garoña abre la puerta a futuras querellas y a la prolongación del parque nuclear
Para Ecologistas en Acción, la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) abre la puerta a la prolongación del parque nuclear español hasta los 60 años y a una posible querella de Nuclenor en el caso de que el Gobierno decidiera no autorizar el funcionamiento.
"Se trata de una decisión esperada pero de una profunda gravedad por varios motivos", afirma la organización ecologista. En primer lugar, "la central está en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los propios informes elaborados por los técnicos del propio CSN, que imponen un gran número de reparaciones".
Además, sostienen que el funcionamiento de la central "supone un riesgo inaceptable al estar en la cabecera del río Ebro, por lo que un escape radiactivo sería catastrófico aguas abajo del ría" y advierten de que "la radiactividad no conoce fronteras y los vientos dominantes empujarían la contaminación hacia el norte". Podría afectar a Euskal Herria, a Cantabria y quizá a Asturies.
Para Ecologistas en Acción, "resulta materialmente imposible que los miembros del pleno hayan podido conocer y comprender en profundidad el contenido de los más de 160 informes que se han sometido a su consideración en una semana. No basta la opinión favorable de la dirección general, sino que los consejeros han de tener su propio criterio".
En este sentido, critican que una autorización no debería ser condicionada. "Si la central no está en condiciones, no se debe autorizar su puesta en marcha. El CSN puede señalar las reparaciones necesarias y proceder a una nueva inspección para, en su caso, informar favorablemente".
Ecologistas en Acción advierte que el informe favorable emitido por el CSN, aunque sea condicionado, abre la posibilidad de que Nuclenor reclame en los tribunales, en el caso de que el Ministerio no le otorgara el permiso de funcionamiento.
"Un informe favorable sienta dos precedentes graves: posibilita la obtención de permisos de explotación de 17 años, más de los 10 habituales, y otorga por primera vez permiso de funcionamiento hasta los 60 años, lo que puede ser aprovechado por el resto del parque nuclear", aseveran.
Asismimo, denuncian que el CSN "se ha plegado a los designios del poder político y ha aceptado sus imposiciones con Garoña, que se ha convertido en una central clave en el debate sobre el futuro nuclear de España, a pesar de que el presidente de Iberdrola manifestó su deseo de no reabrirla".
Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, "esta central debería estar en proceso de desmantelamiento. Se han enterrado miles de horas de trabajo de los técnicos del CSN y de los propios recursos de Nuclenor para mantener un pulso sin sentido. Garoña es muy peligrosa y no debería reabrise nunca. Por el camino ha quedado francamente dañado el CSN, que ha visto como su reputación y su independencia quedaban hechas pedazos".
