La iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue acogida con grandes críticas por parte de populares y naranjas, que no consideraban ni oportuno ni prioritario retirar el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos.
La familia de Franco también ha criticado duramente al Gobierno español, e incluso ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Ejecutivo el pasado 24 de agosto, al considerarlo ilegal y una "profanación de sepultura".
A estas críticas se han sumado las de la Fundación Francisco Franco, que se dirigió al PP para pedirle que recurra también al alto tribunal la exhumación de Franco y que se oponga a su aprobación en la Cámara.
De acuerdo con las previsiones del Gobierno español, el cuerpo de Franco podría ser retirado del Valle de los Caídos a finales de este año y ser el Ejecutivo quien decida el lugar definitivo de sepultura si la familia no le comunica dónde hacerlo.
Asociaciones de Familiares de víctimas republicanas han pedido que "independientemente de lo que se haga con los restos del dictador Franco nuestros familiares deben ser exhumados del Valle de los Caídos".
