Con motivo de las recientes declaraciones del Excmo. Sr Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y habida cuenta del ruido mediático que está generando la exhumación de los restos mortales del dictador Franco del Valle de Los Caídos, los Familiares de las Víctimas Republicanas inhumadas en Cuelgamuros deseamos hacer las siguientes puntualizaciones:
Que, independientemente de lo que se haga o se deje de hacer en un futuro próximo o lejano con los restos del dictador Franco, con la Basílica o con el complejo Monumental del Valle de los Caídos, nuestros Familiares deben ser exhumados de los osarios del Valle de Los Caídos.
Nos da exactamente igual que un gobierno u otro decida o declare que a partir de ahora los osarios del Valle sean o no un cementerio público o civil con víctimas de ambos “bandos”. Somos nosotros, los hijos y nietos de los Republicanos inhumados en el Valle los que decidiremos dónde y cómo enterrarlos.
Y seguiremos luchando para que el Estado Español, de una vez por todas, y con carácter de urgencia dada la avanzada edad de los hijos, -hecho que también ha recordado la ONU-, nos devuelva a nuestros padres y abuelos. Se trata de un mínimo acto de reparación, ni siquiera de justicia, hacia las propias víctimas y nuestras familias. El Estado secuestró sus restos y el Estado debe devolvérnoslos.
Que, ya sea o deje de ser resignificable el Valle de los Caídos, resulta intolerable que nuestros seres queridos permanezcan allí: sus restos fueron trasladados e inhumados en Cuelgamuros de forma ilegal y sin nuestro consentimiento y/o conocimiento. Además, no basta con exhumar al dictador para que nuestros padres y abuelos se queden allí. No nos pueden imponer esto a las Familias.
Que nosotros sí llevamos años pidiendo la recuperación y devolución de los restos de nuestros padres y abuelos, firmes defensores de la legalidad republicana, que no merecían ser vilmente asesinados, y mucho menos aún ser secuestrados, -sus restos mortales-, décadas después.
Que durante años hemos demostrado con creces nuestra más firme voluntad de recuperar los restos de nuestros padres y abuelos acudiendo a todas las instancias posibles, políticas y judiciales, estatales e internacionales, logrando incluso una sentencia judicial en el caso de los Hermanos Lapeña y la autorización de Patrimonio Nacional para exhumar en el caso de Aquilino Baragaño.
Que exigimos el cumplimiento de la Sentencia de marzo de 2016 de los Hermanos Lapeña que dicta la exhumación, identificación y devolución de sus restos a la Familia Lapeña y de la resolución de Patrimonio Nacional favorable en el caso de la Familia Baragaño.
Resulta inadmisible que en un estado de derecho, en una democracia, las Familias se vean obligadas a esperar tanto, máxime cuando los informes encargados por Patrimonio Nacional al Instituto Torroja arrojan un dictamen favorable desde el punto de vista técnico sobre la posibilidad de exhumar en el nivel tercero de la Capilla del Santo Sepulcro.
Que, asimismo, y como es de dominio público, el resto de Familias que intentamos acogernos al articulado del Código Civil que permitió la sentencia judicial favorable a la Familia Lapeña, no pudimos hacerlo gracias al empeño personal del anterior Ministro de Justicia, don Rafael Polo Catalá, en derogar el articulado correspondiente por una supuesta “falta de uso” del mismo. Las demandas de exhumación y devolución de restos de todas las Familias que lo hayan solicitado o que lo soliciten en el futuro deben ser atendidas y asumidas por el Estado.
