La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha aprobado este jueves en el Congreso español, primera vez que se aprueba una norma de este tipo en el Estado. Se cumple así el compromiso con los acuerdos internacionales que el Estado español suscribe en la lucha contra el calentamiento global.
Esta Ley ha conseguido salir adelante a iniciativa de PSOE y Unidas Podemos, el apoyo de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, el voto positivo de Ciudadanos, la abstención de Más País y PP, y el voto contrario de Vox.
Hace más de dos años que se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que acaba de ser aprobado. A lo largo del proceso organizaciones como Ecologistas en Acción han trasladado numerosas observaciones al texto, instando a los grupos políticos a añadir enmiendas más ambiciosas, publicando notas de prensa y apoyando la organización de movilizaciones sociales reclamando objetivos en línea con las indicaciones científicas. A pesar de todo ese esfuerzo el texto finalmente aprobado apenas recoge las observaciones enviadas.
El texto aprobado poco dista en lo sustantivo de los planes iniciales presentados en febrero de 2019, tanto en el marco de la ley como en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía. Ecologistas en Acción advierte de que los borradores presentados tiene numerosas deficiencias, entre las que destacan la insuficiencia de los objetivos y la falta de medidas clave en sectores como el transporte, la agricultura o la industria.
Según la organización, en 2030 seguirán siendo necesarios más de dos planetas para abastecer la demanda energética. Para la organización ecologista la falta de inclusión de estas medidas hace que esta ley sea “una oportunidad perdida para el impulso de medidas destinada hacia un cambio de escala de lo global a lo local, reduciendo con ello importantes impactos climáticos y sociales”.
Las organizaciones ambientales han reclamado a lo largo de estos meses un debate público sobre si esta normativa es suficiente para evitar un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC y cumplir con ella el Acuerdo de París. “A la luz de las indicaciones científicas esto no es así”, señala Ecologistas en Acción. Naciones Unidas cuantificaban en un 7,6 % anual el descenso de las emisiones hasta 2030, lo que debería llevar a una reducción de al menos el 55 % de las emisiones, y no del 23 % que propone la ley.
Desde WWF destacan algunos aspectos positivos de la ley, como la prohibición de que se puedan conceder autorizaciones para nuevas explotaciones de hidrocarburos o para la peligrosa minería de uranio, los avances en aspectos relacionados con las finanzas climáticas, como la obligación de que el sector financiero y las empresas presenten un informe anual en el que se haga una evaluación de los riesgos asociados al cambio climático, o que las entidades de crédito deban publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París.
WWF también valora positivamente que se haya incluido la elaboración de un informe sobre el grado de alineamiento con las metas climáticas del Acuerdo de París y de la normativa de la Unión Europea basado en escenarios futuros por parte del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que tendrán que presentar al Parlamento cada dos años.
La ley también contempla medidas de contratación pública, como la inclusión de prescripciones técnicas de criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono en los pliegos de contratación, y que en la tramitación parlamentaria se haya incluido aspectos relacionados con la alimentación, como que se primen los productos frescos, de temporada y con un ciclo corto de distribución.
También se van a establecer zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes no más tarde de 2023, o las mejoras en el articulado sobre Rehabilitación energética de edificios y empleo que se han incluido durante la ponencia.
Desde Ecologistas en Acción, sin embargo, afirman que “la responsabilidad ante la urgencia de la emergencia climática hace ser lo suficientemente prudente como para admitir la necesidad de aprobar una ley que llega con más de una década de retraso, afirman desde la organización. Tener una ley de cambio climático podrá dar un mejor marco para el desarrollo de importantes sectores renovables con capacidad para sustituir a las fuentes energéticas fósiles”. La prohibición de futuros proyectos de explotación de hidrocarburos o minerales radiactivos, el impulso de las comunidades energéticas, el establecimiento de objetivos de rehabilitación energética de edificios o la obligatoriedad de adoptar en los municipios zonas de bajas emisiones “son buenas noticias que deberían ser aún más ambiciosas”.
La organización ecologista sostiene que no se puede pensar que con esta ley se han cumplido suficientemente los objetivos climáticos. Al contrario, “se hace necesario continuar con una revisión profunda de la normativa en línea con las indicaciones científicas garantizando la plena compatibilidad de la lucha climática y la protección efectiva de la biodiversidad”. Opinan que es una oportunidad para alcanzar un mayor compromiso climático, mientras que la revisión al alza de los objetivos hasta ser suficientes debería comenzar ya si se quieren prevenir las peores consecuencias del cambio climático.
Un aspecto mejorable para WWF es que los objetivos de reducción de emisiones y energéticos que, “si bien han sido ligeramente incrementados en la ponencia y aunque en el último momento se ha incluido una revisión en 2023 que necesariamente debe ser al alza, están todavía muy lejos de las recomendaciones de la ciencia y no van a permitir cumplir con los acuerdos de París en el corto plazo”. De hecho, la propia Ley reconoce en su exposición de motivos que siguen siendo necesarias más medidas para que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 7,6 % cada año.
Ambas organizaciones, Ecologistas en Acción y WWF, muestran su preocupación por la modificación realizada en la tramitación parlamentaria referida a combustibles alternativos sostenibles en el transporte aéreo, y que se extrapola a todo tipo de transporte, incluido el transporte terrestre. WWF reclama que se priorice la electrificación y se limite el uso de combustibles alternativos a aquellos medios como el aéreo que no puedan ser electrificados y alerta de que el uso de combustibles alternativos en el transporte en general puede suponer una vía para seguir manteniendo el gas natural en el transporte, un combustible fósil que no puede ser considerado vector de la transición energética.
WWF también considera que la no modificación en la tramitación parlamentaria del artículo 9 sobre ayudas a productos energéticos de origen fósil podría abrir la puerta a posibles beneficios fiscales a estos productos energéticos, ya que la única condición para ello es demasiado genérica, y ni siquiera la limita en el tiempo.
“Mientras sigan siendo los grandes intereses empresariales los que determinen la ubicación, idoneidad o tamaño de los proyectos necesarios para abordar la transición energética, se seguirán agravando las tensiones territoriales, fragmentaciones e impactos en valiosos ecosistemas”, declara la organización Ecologistas en Acción.
