El proceso de selección de personal para la provisión de puestos de trabajo para la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las personas de Aragón continúa sin que el Departamento de Ciudadanía y Derechos sociales haya realizado las modificaciones solicitadas en diferentes ocasiones. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón recuerda que sus demandas siguen en curso.
Así, piden que los puestos de Técnico Medio de Intervención Social, anteriormente ocupados en la sección de Tutelas del IASS por trabajadores y trabajadoras sociales, continúen ofreciéndose exclusivamente a este tipo de profesionales, “puesto que la figura del Trabajador/a Social es el profesional de referencia en este ámbito”.
“Entendemos que progresivamente se incorporen nuevos perfiles profesionales para complementar la atención a la ciudadanía, pero esto no puede suponer una competición por los espacios profesionales”, reclaman desde el colegio profesional.
Para esta entidad esta figura profesional es “clave” para garantizar el bienestar y el cuidado adecuado de las personas con necesidad de apoyo, ya que es en el día a día, en el acompañamiento y asistencia en la toma de decisiones más relevantes, donde realmente se hace necesaria su intervención para asegurar una vida de calidad, personalizando e individualizando la intervención con personas.
También piden que el puesto de Dirección de la Fundación no se vete a la figura de Trabajo Social. Dado que entre las funciones del trabajador o trabajadora social, según el Consejo General del Trabajo Social, se encuentran la coordinación, organización, seguimiento y dirección de proyectos y programas en el ámbito de los servicios sociales.
Tras conversaciones mantenidas con la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales y habiendo pasado un plazo razonable para llevar a cabo los cambios solicitados, este jueves han solicitado la conciliación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), como requisito previo a la interposición de una demanda ante el juzgado de lo social, en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
