El anunció en Mesa Sectorial del pasado mes de febrero de la creación del CPI Labordeta, sin la presentación de los informes favorables, sin haberlo trabajado con las organizaciones sindicales y con el malestar de las organizaciones sindicales por las formas y la falta de información, ha creado un grave problema para el IES Miguel de Molinos al ver como uno de los centros de Infantil/Primaria que tenían adscritos en la matriculación desaparecía.
Esta decisión para CGT evidencia “una grave falta de planificación escolar al suprimir una adscripción sin presentar una alternativa. Pero esta falta de planificación va mucho más allá y evidencia una grave problema latente”.
En el curso 2016/17 y 2020/21, coincidiendo con la renovación de los conciertos educativos, CGT Enseñanza presentó sendos informes que evidenciaban la existencia de aulas vacías, de aulas innecesarias y un reparto desigual del alumnado ACNEAE que era atendido por la red pública en torno a un porcentaje del 83%.
En la zona de escolarización nº 1 de Zaragoza, a la que pertenece el IES Miguel de Molinos, en el curso 22/23 ese porcentaje se eleva al 85% del alumnado ACNEAE frente al poco más del 14% en la red privada/concertada.
Con estos informes se denunciaba que, con una buena planificación educativa se podía reducir el número de aulas en la red concertada/privada y por tanto reducir el gasto en Educación, que se acaba duplicando por tener dos redes que en muchas ocasiones acaban superponiéndose y duplicando un gasto a todas luces “exagerado”.
En estos informes, incluían un nuevo termino, “aula innecesaria”, que venía a señalar las aulas de centros concertados que podrían, en la misma zona de escolarización, ser absorbidas por la oferta de plazas vacantes de los centros públicos cercanos. En la situación actual de disminución demográfica el problema de las “aulas innecesarias” se va acrecentado; cada vez hay menos alumnado para el mismo número de centros.
Esta es la situación que ha “estallado” en el IES Miguel de Molinos. La zona de escolarización nº 1 tiene un importante número de centros privado/concertados tanto de Infantil/Primaria como de Secundaria/Bachillerato. La alta oferta ya no se ajusta a la demanda debido a la caída demográfica.
En esta zona, hay cuatros centros concertados con cuatro unidades, o grupos, por cada uno de los niveles de Secundaria, menos el Pilar-Maristas que “solo” tiene 3 unidades/grupos por nivel. El IES Miguel de Molinos para dos unidades/grupos de 1º de ESO solo tiene 13 solicitudes, lo que significaría cerrar un aula pública”. Siendo la red privada/concertada subsidiaria de la red Pública lo normal y lógico para CGT sería reducir en una unidad/grupo a cualquiera de los centros privado/concertados. “Pero la realidad es qué hasta el momento, independientemente del color político del gobierno aragonés, siempre se opta por cerrar en la Pública”, señalan desde CGT.
Además de denunciar, a través de los citados informes, la existencia de aulas innecesarias y demandar su cierre, en noviembre del curso 2021/22 los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial instamos, como marca la legislación sindical, a la Directora de Innovación y Planificación a convocar una mesa de trabajo para tratar el tema de la planificación escolar. Tardó siete meses, y tras mucho insistir, en convocar, como era prescriptivo, a las organizaciones sindicales. “Sin embargo, la reunión quedó en nada debido a la falta de interés por parte de la Directora en afrontar esta problemática”, explican.
La situación que se vive en el IES Miguel de Molinos, se va a repetir en muchos centros públicos de las distintas zonas de escolarización, la disminución demográfica hace inviable el mantenimiento de la oferta educativa duplicada entre ambas redes.
Además, añaden desde CGT que el gasto económico de dinero público para mantener y financiar dos redes, una de ellas privada, “es del todo inasumible desde hace años y lo estamos viendo día a día en los problemas de impago al profesorado interino, la tardanza en revertir los recortes del gobierno PP-PAR o la imposibilidad de afrontar la reducción de ratios, por ejemplo”.
“Más pronto que tarde, la falta de liquidez por del despilfarro de mantener con dinero público una doble red tendrá que ser asumida, tanto por las administraciones autonómicas como por la estatal, pero mientras tanto vamos a seguir sufriendo el cierre de aulas públicas y el consiguiente problema de docentes desplazados o suprimidos de sus centros de trabajo”, concluyen desde el sindicato.
