El BOA publicaba el 11 de julio una resolución municipal por la que se enajenaban cuatro lotes en zonas de la ciudad consolidada y, en los anuncios de la página web municipal, se mezclaba con otra licitación de suelo público para 53 viviendas protegidas en el barrio de Miralbueno. Una forma interesada de contar una nueva privatización de suelos públicos.
Los terrenos son relativamente pequeños pero no menos valiosos. Dos de ellos situados en el entorno del Pabellón Príncipe Felipe, en la calle Alegría y cerca del Tercer Cinturón, un tercero en la apetecible zona de unifamiliares de Santa Isabel y el cuarto en Valdefierro, uno de los barrios donde más se ha construido en los últimos años.
A menudo trascienden casos más sonados, como la venta de parcelas del llamado barrio del AVE, una auténtica milla de oro zaragozana que se venderán entre este año y 2026 por unos precios de salida de más de 37 millones de euros.
Pero, poco a poco Zaragoza se ha ido deshaciendo de suelo público, empezando por la gran privatización de suelo emprendida por Juan Alberto Belloch, que pretendía mitigar la inmensa deuda municipal que convirtió a Zaragoza en la ciudad del Estado con más deuda por habitante. Una venta que elimina suelo que podría ser destinado para otros fines, el más acuciante la vivienda pública.
También está el asunto de la cesión de suelo, como esta misma semana se tramitaba, por ejemplo, en Valdespartera para un centro deportivo de gestión privada en Valdespartera por 75 años. U otras ventas de auténticos chollos que incluye la urbanización a cuenta de las arcas públicas como en el hospital del grupo Quirón en Gómez Laguna.
En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento recaudará al menos 4,8 millones de euros. Si le sumamos la parcela de VPA de Miralbueno al menos 6,1 millones.
La cuestión sería si Zaragoza necesita más vivienda libre, en una urbe que se ha extendido creando cuatro barrios nuevos sin aumentar de forma significativa su población. Si no convendría aprovechar los espacios libres en barrios como San José, de muy alta densidad constructiva para esponjar el barrio y no encajar nuevas viviendas.
Con todo ello es probable que el gobierno local se cuelgue la medalla de reducción de impuestos, pero, como en todo contrato, también los sociales que tenemos la ciudadanía con las instituciones, esa reducción tendrá letra pequeña. Una letra que explica que la obtención de dinero público puede venir acompañada de pérdida de un patrimonio que pertenece a esa misma ciudadanía a mayor beneficio de empresas privadas que multiplicarán ampliamente el valor de estos solares.
