La acción del Derecho de petición constitucional de la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) ha tenido entrada a la secretaria del Tribunal General de la Unión Europea.
Tras el aumento de reclamaciones que se habían presentado ante la Comisión Europea, y que ha ocasionado un archivo masivo de acciones, el equipo jurídico de Originlex con Fruitos Richarte y Beatriz González a la cabeza, ha presentado la que fuera la inicial demanda de Derecho de Petición Constitucional ante el Consistorio Zaragozano y que éste “en un alarde de cómo se infringe el Derecho Europeo en España, argumentó poco mas que en España, ninguna institución cumple con la Directiva 1999/70 CE, ni con las sentencias del TJUE”, cuentan desde PTTAZ.
Finalmente ha sido el recurso usado para probar “sin duda alguna, un hecho por todos conocido, la desobediencia continuada, sistemática y dolosa de las resoluciones del TJUE por parte de todas las instituciones nacionales”, continúan.
Este hecho es clave puesto que hasta ahora, la comisión o incluso el Tribunal General, se escudaban en que las reclamaciones eran particulares o locales, o inclusive que afectaban sólo algunos tribunales, pero que no había un incumplimiento doloso y reiterado de las decisiones del TJUE, o bien que no se podía exigir que se sancionara al Estado español. “Pero con la respuesta por escrito del Ayuntamiento de Zaragoza, esgrimiendo decenas de sentencias en que se vulneran las decisiones del TJUE, se pone en tela de juicio nada menos que la propia actuación de la Comisión Europea como garante del Derecho de la unión y de hacer cumplir las sentencias del TJUE en toda la Unión”, afirma la plataforma.
La falta de respuesta de la Comisión Europea, así como que lo peticionado no es una sanción al estado o que se abra un procedimiento contra el mismo, sino la omisión de la comisión en cumplir y hacer cumplir el Derecho comunitario y las sentencias de la unión en el Estado español, abre por fin la vía a la intervención final de la justicia europea en este asunto que tanta tinta está vertiendo.
Finalmente, y sólo como medidas cautelares contra el Ayuntamiento de Zaragoza ante el flagrante incumplimiento de los mandatos legislativos y judiciales europeos, se ha solicitado las habituales indemnizaciones y retroacciones de lo actuado contra la plantilla de temporales en abuso y sus correspondientes indemnizaciones.
