El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha comparecido este jueves en la comisión de Justicia del Senado español para hacer balance de la Memoria de la Fiscalía de 2022. El fiscal general ha sido crítico con la "escasísima información" sobre abusos sexuales a menores proporcionada por la Conferencia Episcopal y las diócesis y congregaciones religiosas.
Desde el 31 de enero de 2022 la Fiscalía ha pedido respuestas. Primero en dos ocasiones a la Conferencia Episcopal, y ésta acabó contestando el pasado 29 de septiembre que carecía de datos y de competencia sobre las diócesis, que gozaban de personalidad jurídica propia.
Por esta misma razón ninguna diócesis informó de los posibles casos de abusos en los distintos institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica que dependen de ellas, como los colegios.
La Fiscalía se dirigió en noviembre a las 70 existentes en el Estado español y ha recibido contestación de 30. La mayoría “de modelo”, dice el fiscal general, afirmando que o bien carecían de datos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías territoriales. Álvaro García ha anunciado la remisión de un nuevo requerimiento ante la “escasísima información recibida”. Esta vez a las 23 órdenes religiosas entre las que están el Opus Dei, Legionarios de Cristo o Camino Neocatecumenal, entre otras, que aún no han facilitado dato alguno.
Sólo cuatro diócesis han aportado datos significativos, como nombres de víctimas, según datos del Ministerio Público: Balbastro, Barcelona, San Feliu y Gasteiz. 41 ni siquiera respondieron.
El fiscal general advierte a los obispos y a las congregaciones que están obligados por ley a ofrecer toda la información sobre abusos sexuales a menores.
Álvaro García también ha defendido su decreto del pasado mes de noviembre, en el que, con el respaldo de cuatro fiscales de Sala y de la secretaría técnica, abogaba porque no se produjeran rebajas de condena en la ley del sólo sí es sí.
Ha expuesto que la Justicia “no es aritmética” ni los juristas “meras calculadoras”. Considera que no caben revisiones de condena si la pena en que incurrió podía imponerse con la nueva ley. Y ha recordado que no es la primera vez que ante una reforma legal sin una disposición transitoria, el propio Tribunal Supremo ha denegado rebajas de condena aunque la nueva legislación previera una pena más baja para la misma tipología delictiva.
Ya sucedió en el Alto Tribunal con la Ley 2/2015 sobre terrorismo. Por ello, Álvaro García ha añadido que los agresores sexuales no pueden tener un “tratamiento privilegiado” frente a otros delincuentes. “¿Por qué un agresor sexual debe tener un trato diferente?”, concluyó.
Aragón
En febrero de 2022, Rocío Durán Hermosilla recogía algunos de los datos aportados en Aragón. Las seis Diócesis de Aragón crearon en 2020, a petición del papa Francisco, la Oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos sexuales de las Diócesis de Aragón. A diferencia de otras fuentes, aseguraban no haber recibido ninguna denuncia. No obstante, sí habían abierto cuatro investigaciones relacionadas con agresiones a menores llegadas a través de peticiones de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal.
En esa fecha, la Archidiócesis de Zaragoza estaba investigando tres denuncias y una en Teruel y Albarrazín. Estas denuncias se refieren a hechos sucedidos entre los años 50 y 80 del siglo pasado.
La prescripción de los delitos
Uno de los principales problemas a la hora de denunciar y enjuiciar la pederastia en la Iglesia son los plazos de prescripción. Para solucionar, en parte, este obstáculo, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia ha aumentado el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores.
Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la personas agredida para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de estos delitos se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, hasta la aprobación de esta ley, como máximo, una víctima podía denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena y ahora ese margen se alarga hasta los 50.
Comunicado de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado en el que asegura que mantiene una "colaboración" con la Justicia y, en concreto, con la Fiscalía dentro de lo que marca la ley. Señala también que recibieron con extrañeza esa petición de información de casos de abusos a menores, a la vista de los estatutos de "las funciones recogidas en el estatuto del Ministerio Fiscal".
También añade que ya trasladan los casos de los que reciben, cuando tienen conocimiento de ello, a la justicia y reitera su disposición a colaborar con los tribunales en línea de lo que marca la ley. La nota no desmiente en ningún caso los datos que ha dado el Fiscal General del Estado.
