Según la estimación de Ecologistas en Acción, Erkimia, del grupo Ercros, vertió y depositó más de 700.000 metros cúbicos de residuos tóxicos, durante décadas, sobre el lecho del embalse de Flix, frente a la población del mismo nombre.
Lo que a finales del XIX era una fábrica de productos, como sosa o ácido acético, evolucionó a la elaboración de DDT, cianuro sódico, cloroformo y otros compuestos químicos.
Más allá de vertidos tóxicos diversos, como fluorhídrico y cadmio, en 1996 se produjo una avería que provocó la emisión de una nube tóxica de 6 toneladas de cloro.
A principios de los 90, en el marco de un informe solicitado por la Generalitat al CSIC sobre el estado de contaminación de las masas de agua en Cataluña, se puso de manifiesto una masiva contaminación por metales pesados, como cromo, cadmio o mercurio, organoclorados diversos, como DDT y otros tóxicos en los sedimentos del embalse de Flix.
Para colmo, los análisis revelan también la existencia de Cobalto-60 procedente de la central nuclear de Ascó.
Todos estos contaminantes, no sólo aparecen concentrados en Flix, sino en el cauce del Ebro hasta su desembocadura, llegándose a detectar en 2001 mercurio en las aguas de boca de Tarragona, procedentes del llamado minitrasvase del Ebro.
Aunque estos datos quedaron silenciados por la Administración, una filtración informativa hizo saltar el escándalo. En 2014, uno de los directivos de ACUAMED, la empresa pública encargada de la descontaminación, denunció supuestas irregularidades y fue cesado. Poco después, otra trabajadora presentó una nueva denuncia y fue relegada de su puesto.
A finales de ese año, la empresa contratista del proyecto reclama a ACUAMED 60 millones de euros. En verano de 2015, a raíz de negarse a dar curso a ciertas operaciones presuntamente irregulares, la directora de obra de Flix y la gerente territorial de ACUAMED en Cataluña fueron despedidas.
Una semana después, el nuevo gerente aprobó, con el apoyo de la dirección de ACUAMED, el pago de 40 millones de euros a FCC . La oscura operación estaba, al parecer, vinculada a la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, que en agosto del 2012 sufrió graves daños por una riada.
El 18 de enero del 2016 la Fiscalía Anticorrupción presenta querella, basada en las denuncias citadas, y se ordena a la UCO registrar las oficinas de la empresa en Madrid, Valencia y Murcia. El 20 de enero de 2016 el juez dicta auto de prisión provisional sin fianza, contra Arcadio Mateo del Puerto, Director General de Acuamed, y de Gabriela Mañueco Pffeifer, Directora de Ingeniería y Construcción, entre otros, acusados de organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa.
El procedimiento en Audiencia Nacional incluye 7 contratos vinculados a operaciones de presunta corrupción: la desaladora de Bajo Almanzora, la descontaminación del embalse de Flix, la presa de la Rambla Gallinera, la desaladora de Torrevieja, las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado y la presa del río Serpis.
La central nuclear de Ascó
La central nuclear de Ascó, propiedad de Endesa e Iberdrola, tiene dos reactores que se pusieron en funcionamiento en 1984 y 1986, a pesar de la gran oposición social, organizada en torno a la Asociación de Vecinos, que llegó a ganar la Alcaldía en Ascó en las primeras elecciones municipales.
A pesar de que la vida útil era de 30 años, el Gobierno prolongó la licencia en 2011 por 10 años, al tiempo que otorgó una Declaración de ImpactoAmbiental (DIA) positiva para construir un Almacén Temporal Individual (ATI) para el combustible gastado en la Central, dado que las “piscinas”, donde se almacenan los residuos nucleares, se hallan al límite de su capacidad. Y ello a pesar de que en los últimos años, ha habido unos 100 sucesos notificables, entre los que destaca la liberación de material radiactivo desde “las piscinas” de Ascó I, durante una parada por recarga del reactor, fuga que fue ocultada por parte de la empresa y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Ambas decisiones se tomaron apenas una semana después de que se produjera otro incidente importante en Ascó I y a pesar de las problemáticas características del terreno, expansivo, inundable y sísmico, en el que se asienta la central, lo que hace crecer las dudas sobre la fiabilidad del Informe Preliminar de Resistencia de la Central, elaborado de forma inusualmente acelerada.
El único motivo que permite entender el temerario alargamiento de la licencia y la construcción del nuevo depósito de residuos radiactivos es la obtención de enormes beneficios extraordinarios para Endesa e Iberdrola.
