Los más de 80 kilómetros que separan Aiguaviva de Fabara son un muestrario de la biodiversidad de la comunidad aragonesa y dan pie a disfrutar plenamente del placer de rodar en bicicleta por sus laderas.
La comida en Maella ha permitido un amistoso encuentro con el Presidente del Sistema de Riegos del Matarranya (José Mª Puyol) que apostó en su momento por una utilización racional del regadío en beneficio de las explotaciones agrarias familiares. En una charla distendida, ha quedado claro que es posible armonizar el respeto por el medio natural y el aprovechamiento humano.
Una vez en Fabara, su alcalde Francisco Domenech, ha vuelto a ser el generoso anfitrión de la Marcha. Sin duda, visitar el Mausoleo Romano y la Estación Depuradora de Agua Residuales de esta localidad, es obligada para quien quiera ser testigo de cómo es posible una gestión eficaz, sostenible y económicamente viable desde la autonomía municipal.
[Comunicado] El Plan de Saneamiento, la privatización del agua y Fabara
En 1991 la UE aprueba la Directiva de Aguas Residuales; en 1995 el Gobierno español aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales; en 1997 las Cortes de Aragón aprueban la Ley de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de Aragón; en 2001 se aprueba el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
Con los fondos de cohesión enviados por la UE para construir depuradoras, en Aragón se construyeron las depuradoras de Huesca, Teruel y la mayor parte de cabeceras comarcales, que pasaron a ser de titularidad municipal. A partir de ahí construir el resto de depuradoras era cosa del Reino de España, aunque la responsabilidad legal caía sobre los pequeños Ayuntamientos. Ante la alarma que cundió sobre cómo hacer y con qué fondos, la mayoría de Comunidades Autónomas ofrecieron fórmulas de apoyo a sus Ayuntamientos, respetando sus competencias en materia de agua y saneamiento. Sin embargo, la DGA propuso, e incluso presionó, a los Ayuntamientos para que le cedieran sus competencias. Una vez cedidas esas competencias en 171 municipios, la DGA, a través del recién creado Instituto Aragonés del Agua (IAA), privatizó los servicios de saneamiento, mediante contratos de obra y gestión por 25 años, promoviendo un negocio oscuro y sospechoso, con depuradoras sobredimensionadas y sobre-tecnificadas, incluso en pueblos despoblados, que hacen de nuestros servicios de saneamiento los más caros, con diferencia de España.
El Ayuntamiento de Fabara, rechazó el convenio que le ofrecía la DGA, por oscuro e injustificablemente caro, y consiguió la colaboración de la Politécnica de Madrid, que diseñó una depuradora extensiva, con aneas flotantes, en canales, que ocupa 0,7 hectáreas, con capacidad para una población de 3000 habitantes. El Ayuntamiento invirtió 250.000 €, siendo que la depuradora intensiva de la DGA estaba presupuestada en 2.500.00 €, diez veces más, con un coste de gestión 20 veces superior. Recientemente,, tras visitar la localidad, el Estado de Nueva York ha decidido promover depuradoras similares bajo el apelativo “modelo FABARA”.
El coste medio de las depuradoras construidas por la DGA es de 2,77 €/m3; Fabara depura por 0,65 €/m3 y Zaragoza, que tampoco cedió sus competencias, por 0,75 €/m3, costes que pagan los vecinos mediante las respectivas tasas municipales. A pesar de ello, la DGA pretende cobrar a esos vecinos también el llamado ICA (Impuesto de Contaminación del Agua), sin prestarles servicio alguno.
El caso del Pirineo es aún más escandaloso. En 2008 el Ministerio de Medio Ambiente firmó con la DGA un convenio por el que llegaron a Aragón 140 M€ para construir, a fondo perdido, las depuradoras del Pirineo, declaradas de Interés General del Estado al estar ubicadas en zona ambientalmente sensible. La DGA, sin informar a las alcaldías sobre esos fondos, siguió adelante con la operación privatizadora y destinó los fondos a otras obras, sin relación alguna con el Plan de Saneamiento. del Pirineo. Sin embargo, tras reventar la burbuja inmobiliaria, los bancos se retiraron, las empresas incumplieron sus contratos y las depuradoras quedaron sin construir. A pesar de ello, la gente se ve obligada a pagar el ICA, sin tener depuradora, además de máximo canon de vertido, por no depurar y, en los últimos años, multas por no tener las depuradoras que debieron construirse con los fondos que llegaron de Madrid.
