La confusión, cuando no la desinformación de forma abierta, acompañan de forma inseparable al fenómeno de la atroz mercantilización del derecho a la vivienda en el Estado español, algo que abordamos en la primera entrega de esta pieza dedicada a la cuestión de la vivienda.
Otra pata sobre la que sostener ese “sentido común”, que borra cualquier posibilidad de considerar la vivienda como un derecho, es la imposición de un discurso único que establece un marco en el que queda fuera cualquier alternativa al statu quo actual.
Se trata en definitiva de convertir la parasitación de una necesidad de primer orden, tanto como el trabajo, la enseñanza o la sanidad, en algo que sólo se puede comprar, vender o alquilar. En definitiva algo que se rige por un valor de cambio, y no de uso. Y la tarea ha sido tan ardua, y bien ejecutada, que la situación de sistemática vulneración del derecho a la vivienda en el Estado español ha sido convertida en algo así como una enfermedad congénita insalvable y sin tratamiento, ni siquiera paliativo.
Por lo menos es lo que quieren que pensemos. De hecho no es extraño escuchar, incluso cuando se construyen propuestas progresistas, hacerlo desde la “regulación del mercado” o la “intervención del mercado”. Lo que cuesta más encontrar son propuestas articuladas en torno a la respuesta a esta cuestión: ¿Debe de existir un mercado con base en las viviendas habituales? Ese es el meollo del asunto que nos ocupa. La sensación de quién escribe esta pieza es que la salud del mercado de la vivienda es inversamente proporcional a la del derecho a la vivienda.
Voluntad e inversión
Para romper con ese “sentido común”, que dicta la imposibilidad de cambiar las cosas, es necesario elaborar propuestas de transición que permitan, desde el avance concreto, la visibilización de una sociedad que garantice el derecho a la vivienda, como lo que es: un derecho fundamental.
La primera de todas las condiciones para poner en marcha medidas realmente efectivas es que exista la voluntad política de hacerlo. Y eso significa que las políticas de vivienda ocupen un lugar destacado en la acción de las administraciones públicas y en sus presupuestos. Si en algo coinciden todas las personas que tratan de abordar esta cuestión con seriedad, es en que las políticas públicas de vivienda necesitan de una buena dosis de inversión, así como que su impulso sea sostenido a largo plazo.
Una de las señas de identidad de las, casi inexistentes, políticas públicas de vivienda en el Estado español es precisamente que son erráticas. Erráticas tanto en su impulso normativo como económico. Que se destine, un mínimo de un 2% del PIB a estas políticas parecería algo abordable como comienzo, y así lo exigieron, por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres durante la última campaña electoral de las elecciones catalanas.
El parque público de vivienda es la clave
Una de las reivindicaciones redundantes, y clave, del movimiento de vivienda es la necesidad de aumentar el parque público de vivienda. Para ello existen distintas formas y herramientas que lo permitirían.
La primera, y más obvia, es la promoción de edificios residenciales de alquiler bajo control público, viviendas que además deberían de cumplir con la directiva europea de consumos energéticos casi nulos. Debería de introducirse en toda Ley de Vivienda vigente que en suelos públicos sólo debería de construirse vivienda pública, es decir que no se pudiera enajenar el suelo de las administraciones para seguir reproduciendo el mercado de la vivienda y virar el barco en el sentido de la garantía de derechos. Carlos Sánchez Mato, responsable federal de propuestas programáticas de Izquierda Unida, consultado para realizar este artículo, afirma que podría ponerse en marcha un programa de construcción para la promoción de 600.000 viviendas públicas por parte de la SAREB para destinarlas a alquiler social. Sánchez Mato establece que “en doce años, en el suelo urbanizable de su propiedad y el procedente de las administraciones públicas, se podrían edificar 50.000 unidades de vivienda anuales”. Sánchez Mato estima que sería necesario dedicar “un 0,40% del PIB anual” a este programa”.
Otra forma de aumentar el parque de alquiler, bajo control de la administración, sería la creación de agencias publicas inmobiliarias en todos los territorios y nacionalidades del estado. Estas agencias deberían de ir ligadas a programas de captación de viviendas en alquiler en el mercado, y la movilización de la vivienda vacía, lo que les permitiría desplegarse de forma relativamente rápida. De esta forma se podría establecer un parque de alquiler, que aunque privado en su propiedad quedaría de facto bajo gestión pública. Esto permitiría implementar criterios sociales a cambio de garantizar unas rentas adecuadas a los propietarios, menores a las del mercado pero con incentivos que sólo el sector público puede ofrecer: gestión integral, seguros incluidos, asunción de determinados gastos de comunidad, ayudas a la adecuación de la vivienda, prioridad en programas de rehabilitación, bonificaciones de impuestos o la ya mencionada garantía de rentas. Para las personas inquilinas esto supondría un cambio de 180 grados respecto al alquiler de mercado, pudiéndose adoptar una política de alquileres porcentuales a la renta familiar que se sitúen en un máximo del 20% de la renta disponible en aquellas familias con ingresos menores al SMI y de un máximo del 30% para el resto. Programas parecidos, con este mismo espíritu, ya han sido puestos en marcha en algunas nacionalidades y ciudades del estado demostrando su capacidad de éxito. En Zaragoza fue el caso del programa ‘Alegra tu vivienda’ que funcionó desde 2016 a 2019 y consiguió gestionar, en ese corto periodo de tiempo, más de 400 viviendas con estas premisas.
La intervención mediante el urbanismo ofrece distintas herramientas con las que se podría aumentar el parque público de vivienda, si existe voluntad de hacerlo. La norma urbanística obliga a los promotores a la cesión de un 10% del suelo de los nuevos desarrollos a la administración local. Normalmente este suelo era reservado para equipamientos públicos. Sin embargo, ha sido algo habitual que los aprovechamientos urbanísticos se concreten en compensaciones económicas. En aquellos lugares donde no estén previstos equipamientos, en lugar de compensaciones económicas que son trasladadas normalmente al presupuesto para amortizar deuda, dicho montante se debería de convertir en un pago en especie, es decir: viviendas con las que aumentar el parque público de forma paulatina.
Otra posible actuación sería la reglamentación del uso generalizado del derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas, con el objetivo de adquirir vivienda privada para incorporar al parque público. La figura del ‘derecho de tanteo y retracto’ establece la prioridad en la adquisición de un inmueble en un procedimiento de compra y venta del mismo. Sánchez Mato, preguntado por esta medida, defiende que si se destinara a la misma el 0,35% del PIB durante los próximos doce años, permitiría “adquirir 35.000 viviendas de forma anual” a las administraciones con destino al parque público.
Otra posibilidad sería desarrollar una normativa que permitiera a las administraciones públicas actuar en los desahucios hipotecarios subrogando los créditos y adquiriendo la propiedad ejecutada. Esto permitiría incorporar la vivienda al parque público asegurando a las familias una alternativa habitacional de forma directa. Para Carlos Sánchez Mato, teniendo en cuenta los desahucios hipotecarios producidos en 2022 e invirtiendo un 0.25% del PIB en esta medida, “se podrían incorporar hasta 20.000 viviendas al parque público”.
Existen muchas otras medidas posibles, y también otros ámbitos de actuaciones más allá del aumento del parque público de vivienda, pero que duda cabe que esta cuestión ocupa la centralidad de este conflicto entre derechos y mercado. La condición para darle la vuelta al tablero es, primero, desterrar todos los prejuicios entorno a la vivienda, entre ellos los descritos en el primer episodio de esta pieza, y, segundo, entender que es perfectamente posible construir una alternativa desde lo público al desastre que significa seguir dejando en manos privadas lo que debería de ser un derecho fundamental.
Contenido publicado de forma simultánea en la edición impresa de la revista Compromiso y Cultura, en AraInfo y en porelsocialismo.net
