En la mañana del jueves 27, a la hora del desayuno llegó un heraldo (ya sabéis, según la RAE: persona que lleva un mensaje) muy cabreado. Lo estaba por lo que está sucediendo y cómo funciona el "sistema".
Aparecíamos con una noticia en portada: "Los ecologistas pierden la batalla judicial para blindar Canal Roya frente a la unión de estaciones". Firmado y exclusivo para suscriptores, el mismo día en que la sentencia ha sido notificada a esta asociación, la Sociedad Aragonesa de Protección de Animales y Plantas (SAPAP), que es quien interpuso el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
La "noticia", más que informar, desinforma. O mejor dicho, informa de forma interesada y sesgada, poniendo de manifiesto la capacidad que tienen los intereses que subyacen detrás de todo el asunto de acceder y utilizar los medios de desinformación.
De la desinformación a la defensa del bien común
Nuestra demanda no "pretendía obligar a la DGA a reactivar el PORN”, es mucho más sencillo y complicado. Nosotros siempre hemos mantenido que el procedimiento de aprobación de esta figura de protección estaba en vigor y lo seguimos y seguiremos manteniendo. La decisión judicial no es firme, y puede ser recurrida ante instancias judiciales superiores.
El artículo 45 de la Constitución impone a todos, pero sobre todo a los poderes públicos, legislativos, ejecutivos y judiciales, la obligación de conservar el medio ambiente, y aunque otros hayan hecho dejación de sus obligaciones constitucionales y legales, nosotros no vamos a parar de trabajar para ello.
Este procedimiento es una de las "vías" que estamos utilizando para defender el medio ambiente, el funcionamiento de lo público, la transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como nuestro futuro con un desarrollo sostenible.
El Gobierno de Aragón, en Presidencia y otros varios Departamentos, la Diputación de Uesca, la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, los ayuntamientos, etc, tienen las mesas llenas de nuestros escritos, peticiones de acceso a la información por medios electrónicos, de peticiones de acceso a conocer la situación de la partidas presupuestarias, el uso de los fondos europeos, afecciones ambientales, necesidad de informes de todas las administraciones implicadas. Resultado: nadie contesta, no se nos facilita el acceso a los expedientes, nadie obliga a cumplir la legalidad.
Esto sucede así porque los mecanismos para evitarlo no funcionan. El Consejo de Transparencia de Aragón lleva años no operativo, ni inicia los procedimientos cómo es su obligación legal y su causa de creación para preservar el cumplimiento de la ley, los derechos básicos. Lo mismo podría suceder con los controles presupuestarios, con el control de los fondos europeos, con el control de las afecciones ambientales, con los recursos hidrológicos, con el dinero público y su uso.
La suma de todos estos factores podría suponer que están fallando los mecanismos legales para el control de todo esto y el resultado es "todo para adelante y a toda velocidad", "lo hecho, hecho está". Situación que tiende a seguir si el encargado de cumplir la normativa ambiental es el promotor del proyecto, si una Mancomunidad carece de competencias para ser promotor, si no existen usos permitidos en los montes públicos, si las empresas encargadas de la gestión de los centros son grandes promotores inmobiliarios y con muchos negocios que influyen, si se trocean los proyectos incumpliendo la normativa de unidad de proyecto.
Esa información que solicitamos y que no se nos facilita, permitiría tener unas fotografías y RX de lo que está pasando. Para que todos lo sepamos. Esta gran obra dramática/económica se está realizando posiblemente en montes públicos (utilidad pública), se están realizando actuaciones comerciales (empresa privadas) por concesiones públicas, cuyos elementos básicos pagamos entre todos (dinero público) con costos ambientales irreversibles (destrucción del medio), y todo ello con las "excusas" de evitar la despoblación y un desarrollo económico ejemplar.
Grandes operaciones urbanísticas en el Pirineo aragonés
Ese "desarrollo económico", lo estamos viviendo. Las grandes operaciones urbanísticas en Benás, Astún, Val del Aragón, Val de Tena, Cerler-Sarllé que se han reactivado o han surgido. Muchas de ellas en montes públicos, pagando con dinero público los servicios, los accesos, la protección antialudes. Sin valoración ambiental única, sin unidad de proyecto. Eso sí los "beneficiarios" pocos y perfectamente identificados. ¿El Gobierno de Aragón conoce todo esto? Mientras los problemas reales de los habitantes de las zonas afectadas, no son los "beneficiados".
Mientras, en las mesas del Gobierno de Aragón se acumulan los informes, los estudios que llegan a la conclusión que el cambio climático en las montañas será extremo, y que el modelo actual no tiene futuro. A pesar de ello siguen las inversiones en innivación artificial, sin proporcionar la información solicitada y sin evaluación ambiental, en instalaciones, remontes, urbanizaciones. Sin unos estudios de rentabilidad (económica, ambiental, social...) que los justifiquen realmente.
Esta situación nos produce el efecto contrario al que pretende el titular de prensa, vamos a trabajar más y vamos a seguir luchando. Por el medio ambiente, por lo público, por el futuro. Porque, al parecer, quienes lo deberían estar haciendo, quienes son los principales destinatarios del mandato constitucional que entre todos nos dimos, no lo hacen, utilizando nuestro dinero y el sistema administrativo para lo que estamos explicando. Confluyen la política, la administración, los denominados sectores económicos y algunos medios.
Os vamos a seguir proporcionando información, mucha información. Pero hacemos un llamamiento a que nos ayudéis, a unificar fuerzas y esfuerzo. Os esperamos. El Medio Ambiente, los Montes Públicos, los ciudadanos, el deporte del ski, tienen derecho a otra forma de gestión que proporcione un futuro sostenible. ¿Nos ayudas? Desayuno con esperanza.
