El lindano afecta además a otros 13 Estados de la Unión Europea, tales como Alemania, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, República Checa y Rumania, entre otros. Es, por lo tanto, un problema europeo que exige una actuación europea, conjunta y coordinada. Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, junto a varios colectivos locales afectados de Aragón, Euskal Herria y Galiza, han recurrido este miércoles al Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, para reclamar soluciones a este problema medioambiental y de salud pública. Es la cuarta vez que comparecen ante el organismo europeo, a quien han solicitado que la petición permanezca abierta, que se programe una visita por parte de las comisarias y los comisarios y que “se controle la acción de la Comisión y de los Estados para cumplir estrictamente la legislación vigente”. Asimismo, han pedido fondos para acometer un Plan de Descontaminación Integral.
El hexaclorociclohexano (HCH), conocido comercialmente como ‘lindano’, es una sustancia utilizada como pesticida agrícola y sanitario y prohibida por la UE desde 2008 por su toxicidad. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) la considera cancerígena en seres humanos. Es, además, un tóxico persistente, muy volátil y bioacumulativo que penetra en los seres humanos por inhalación (al respirar), por vía cutánea (por contacto) y por ingestión (agua o alimentos contaminados). A pequeños niveles afecta al sistema nervioso, pero si la exposición es prolongada o reiterada tiene efectos en la sangre, los órganos y pueden producir alteraciones hormonales y de reproducción.
Años después de su prohibición, el lindano sigue presente en el medio ambiente, particularmente en suelos y ríos, como consecuencia de su uso histórico como pesticida y del mantenimiento de suelos contaminados por los vertidos incontrolados de los residuos de su fabricación. Destacan situaciones como la de Galiza (O Porriño), Aragón (Samianigo), Euskal Herria (Bilbo) y Catalunya. Se sigue detectando la presencia de este pesticida en la mayoría de las cuencas hidrográficas y grandes ríos del Estado español, algunas de ellas intercomunitarias con Portugal, un hecho que Ecologistas en Acción puso de manifiesto en su reciente informe ‘Lindano, presente de un legado tóxico’.
En su comparecencia, los distintos territorios han ido desgranando los pormenores de las zonas afectadas. Los colectivos afectados de Aragón, por medio de Adolfo Barrena, han recordado la gravedad de la situación en Samianigo, donde persisten más de 150.000 toneladas de residuos, una cantidad que le sitúa “entre los más graves a nivel mundial”. Además, los focos de contaminación vierten directamente al río Galligo, uno de los principales afluentes del Río Ebro, que actúa como distribuidor de los tóxicos hasta su desembocadura en el Delta del mar Mediterráneo, lo que supone la afección a una superficie de 485.000 hectáreas, más de una veintena de pueblos y más de 55.000 habitantes.
Carlos Alonso ha subrayado en Euskal Herria el embalse de Oiola, en Barakaldo (Bizkaia), como paradigma de la “paradoja del agua para consumo humano”.
Es decir, que la normativa europea y española sobre aguas para consumo humano permita valores de HCH-lindano 2,5 veces superiores a los establecidos para la calidad ambiental de aguas superficiales. Ese dique almacena aguas que se usan para el consumo humano, aunque desde hace años se tiene constancia de la presencia de lindano. Incluso se detectó esta sustancia tóxica en el agua ya potabilizada y consumida por la población. Desde 2014, el embalse está desconectado del suministro de agua potable, por precaución. Sin embargo, el lindano sigue ahí. También continúa en la madera de árboles, en las inmediaciones de suelos contaminados.
Pedro Ocampo, por su parte, ha destacado la localidad gallega de O Porriño, donde existe un ‘parque del lindano’, un lugar donde, a pesar de los residuos existentes en los terrenos, se edificaron viviendas, colegios y varios centros públicos. Esta sustancia tóxica también está presente en los acuíferos, que acaban por contaminar el Louro, cuyas aguas vierten al Miño, río que desemboca en el océano Atlántico haciendo frontera natural entre el Estado español y Portugal.
Por todo ello, las plataformas afectadas de Aragón, Euskal Herria y Galiza han reclamado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo inste a las autoridades de Unión Europea y del Estado español a adoptar de forma urgente las medidas necesarias para garantizar, por parte de las autoridades autonómicas y locales implicadas, el cumplimiento íntegro de la normativa europea de protección del medio ambiente y salud pública en relación con los hechos indicados.
Incrementar la búsqueda de residuos de HCH-lindano en las zonas próximas a los cauces y masas de agua, donde se detectan más elevadas cantidades de esta sustancia tóxica. Implementar medidas de precaución especiales en relación con las zonas más afectadas como la prohibición del pastoreo en las zonas contaminadas, limitaciones de baño, abrevar y otros usos en las aguas afectadas, gestión adecuada de talas de arbolado o protocolos de extinción de incendios para prever la posible formación de fosgeno.
Por último, modificar la legislación de agua de consumo humano con el objetivo de equiparar las normativas y límites de presencia de HCH-lindano en el agua potable a los establecidos en las normas de calidad ambiental (NCA) para aguas superficiales.Por último, han solicitado que una acción coordinada a nivel europeo, estatal y territorial para intercambiar conocimientos y actuaciones sobre la remediación de estas situaciones y la descontaminación de suelos y aguas. Para ello, han propuesto crear una mesa o plataforma de acción institucional y social, que incluya la participación de las autoridades públicas implicadas (europeas, estatales, autonómicas y locales), organizaciones de la sociedad civil, ecologistas y ambientalistas, plataformas de afectados, asociaciones y representantes del ámbito técnico-científico. Por último, han insistido en la movilización de los fondos económicos necesarios (europeos, estatales y autonómicos) para abordar un plan de acción integral.
