El pasado 11 de noviembre la movilización y la desobediencia civil pacífica frente a las vulneraciones de los Derechos Humanos, conseguía paralizar el segundo intento de desahucio de Ruth y José (y sus hijas menores) en el zaragozano barrio de Las Fuentes.
Queremos recordar que la vivienda de Ruth y José (en propiedad) sufrió una ejecución hipotecaria con anterioridad por parte Ibercaja, llegando a un acuerdo para que la familia se quedará mediante un contrato de alquiler.
La situación económica de la familia no mejoró, y no pudieron hacer frente a la renta. En 2018 una movilización paró un primer intento de desahucio, y poco después familia e Ibercaja llegaban a un acuerdo que daba solución a la situación. Gobierno de Aragón ofreció un realojo que implicaba el traslado forzoso de la familia a Pastriz; fuera de su ciudad y de su lugar de arraigo social y familiar; y desoyendo la recomendación médica de no desplazarse por cuestiones de salud que afectan a una de las personas de la unidad familiar.
“La familia, seguramente sin entender las consecuencias y con la perspectiva de un acuerdo que les permitiera seguir habitando en su vivienda de siempre, renunció. Esta mala práctica de Gobierno de Aragón ha provocado la desprotección de muchas familias organizadas en las plataformas, a las que se les somete a una presión insoportable al tener que elegir entre su lugar de arraigo y el derecho a la vivienda”, denuncian desde la Coordinadora de Vivienda.
Ibercaja nunca terminó de concretar la puesta en marcha del acuerdo alcanzado a finales de 2018. “Por sorpresa, en pleno confinamiento domiciliario (2020), puso de nuevo en marcha el procedimiento judicial para desahuciar a la familia. Sin explicaciones y rompiendo la palabra dada a la familia con las plataformas como testigos”, explican desde la plataforma.
Ibercaja vendió la vivienda con la familia residiendo en la misma
Pero aquí no terminaría la práctica del “terror” por parte de la entidad. En plena pandemia (verano 2020) aparecía la vivienda a la venta en distintos portales, admitiendo en los propios anuncios que la misma ya tenía residentes. “Una actuación de abuso y piratería que retrata a quienes dirigen la primera entidad financiera de Aragón. Este bullying inmobiliario se concretó en visitas de ‘compradores’ y una presión insoportable para la familia”, continúan.
Finalmente la vivienda fue vendida a un pequeño especulador y en paralelo el procedimiento de desahucio continuaba adelante.
Con Ibercaja faltando a su palabra, su vivienda vendida a un especulador y el Gobierno de Aragón “agarrándose” a la renuncia de 2018 para no dotar de alternativa habitacional, la situación de la familia era desesperada. “Como si no hubiera pasado nada desde entonces”, lamentan desde Aragón sin Desahucios.
Así volvemos al 11 de noviembre de 2020 cuando la movilización tuvo que detener el desahucio sin alternativa habitacional logrando el aplazamiento ante la imposibilidad de ejecutar el desalojo por la fuerza. El 26 de noviembre llegaría una nueva fecha de desahucio, que tuvo que ser aplazada hasta el 1 de febrero, por motivos sanitarios más que justificados.Hasta el momento la familia continúa con la incertidumbre, esperando la respuesta a su último recurso judicial y sin alternativa alguna.
El de Ruth y José es un “caso de libro” para esta plataforma en el que una vivienda hace todo el recorrido desde el estallido de la estafa hipotecaria hasta su reincorporación al mercado para alimentar el monstruo de la especulación.
Convocatoria para paralizar el desahucio
De nuevo Ruth y José pondrán a prueba la efectividad del Decreto (de diciembre) del Gobierno español y la voluntad política de Gobierno de Aragón para garantizar la alternativa habitacional reconocida en Aragón desde 2016.
El próximo 1 de febrero, la Coordinadora de Vivienda de Aragón, hace un llamamiento a los vecinos y las vecinas de Zaragoza para impedir el cuarto intento de desahucio de la familia.
“Además de la violencia innecesaria que suponen los desalojos forzosos, queremos denunciar que los mismos ponen en riesgo de contagio a las familias, a las personas activistas e incluso a sus propios funcionarios y funcionarias”, señalan desde la plataforma.
Así mismo recuerdan la obligatoriedad de la mascarilla; la necesidad de seguir las indicaciones de las plataformas de familias afectadas; así como el carácter no violento del movimiento por el derecho a la vivienda.
