Este viernes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hacía un hueco para Aragón en su apretada agenda y llegaba a Zaragoza para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Junto a él, el presidente de Aragón, Javier Lambán. Una oportunidad con los gobiernos más progresistas de la historia que la Coordinadora de Vivienda no ha dejado escapar. El pasado 17 de diciembre decenas de representantes de asociaciones, plataformas, sindicatos y colegios profesionales presentaron el Manifiesto de apoyo a la campaña Aragón sin desahucios.
La cuestión central del Manifiesto y de la propia campaña es el cumplimiento inmediato de la ley aragonesa 10/16 que reconoce el derecho a la alternativa habitacional de todas las familias vulnerables aragonesas; o que permite (a condición de su reglamentación) la cesión obligatoria a la bolsa de alquiler social aragonesa de las viviendas vacías en manos del sector financiero.
La Coordinadora de Vivienda de Aragón propuso a los grupos de las Cortes de Aragón la necesidad de impulsar un acuerdo político paralelo a la aprobación de los presupuestos de Aragón para el 2021. Para las plataformas de vivienda, esta propuesta era entendida como una última oportunidad para que el Gobierno de Aragón demostrara con su acuerdo -y después con los hechos- su voluntad de respetar la norma aragonesa y ejercer las competencias propias del autogobierno aragonés en materia de vivienda.
¡Menos propaganda y más soluciones! #SiSePuede #PeroNoQuieren pic.twitter.com/Srnb2DCBck
— Aragón Sin Desahucios (@AragonVivienda) January 22, 2021
Dos respuestas, ningún compromiso
Únicamente obtuvieron dos respuestas. El grupo de Izquierda Unida estaba dispuesto a plantear la propuesta a los grupos de gobierno, y el grupo de Podemos se comprometía a apoyar dicho acuerdo. Aunque la propuesta de la Coordinadora era un acuerdo específico, independiente y publicitado; las peticiones expresadas por la Coordinadora quedaban incluidas dentro de una propuesta de acuerdo de Izquierda Unida que contenía otras medidas.
“Hasta el momento no tenemos constancia de compromiso público alguno por parte del Gobierno de Aragón, poniendo de nuevo en evidencia una clamorosa ausencia de voluntad política para abordar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna en Aragón por parte del cuatripartito”, denuncian desde la coordinadora.
El 13 de enero en las Delicias “quedó patente”, para esta plataforma, cuando más de 100 personas paralizaron el desahucio de Yolanda y su familia. Tampoco ninguno de los aplazamientos o soluciones de los desahucios del “calendario de la vergüenza” han contado con la implicación del Gobierno de Aragón.
“Creemos que el Gobierno de Lambán está consumiendo el poco crédito que le quedaba en materia de vivienda. Desaprovechando la oportunidad de terminar con la grave vulneración de los Derechos Humanos que implican los desahucios sin alternativa habitacional, sin olvidar el maltrato institucional para las familias afectadas que suponen las prácticas burocráticas de su ejecutivo a la hora de abordar la emergencia en materia de vivienda. Un ejemplo: solo existe una persona en todo Aragón dedicada a informar de la vulnerabilidad de las familias afectadas por desahucio. ¿Esto es normal?”, se preguntan desde la campaña Aragón sin Desahucios.
La comparecencia de Villagrasa
La actual Directora General de Vivienda simboliza para esta plataforma “la inacción del Gobierno de Aragón a la hora de garantizar derechos ya reconocidos; además de una desmesurada agresividad contra las propias familias afectadas y las plataformas de vivienda”. Así, consideran que la actual Dirección General “ha dinamitado” la fluida interlocución que existía hasta su llegada con las plataformas de vivienda: “Su primera medida fue negar cualquier información a las mismas sobre las situaciones de las familias organizadas en las plataformas con la torpe excusa de la protección de datos”.
Tampoco olvidan la comparecencia en las Cortes, el pasado 9 de diciembre, en la que llegó a señalar a colectivos vulnerables, en concreto al colectivo de refugiados sirios, sobre el que lanzó insinuaciones peligrosas sin concretar, y que para Aragón sin Desahucios “contenían un desafortunado tinte racista. Esto es una irresponsabilidad inaceptable para quien gestiona lo público”.
Villagrasa durante su intervención aseguró: “También me gustaría poner sobre la mesa otra cuestión. Desde que yo asumí la dirección general es la segunda familia de refugiados sirios a los que hay que darle alternativa habitacional. No hemos dado alternativa habitacional ni han solicitado alternativa habitacional familias de refugiados de ninguna otra nacionalidad. Esto igual hay que pensarlo y valorarlo, ¿por qué? Lo voy a dejar ahí para que reflexionen”.
“Tampoco dudó en faltar a la verdad o responsabilizar a las propias familias de las consecuencias del maltrato institucional al que son sometidas”, denuncian desde la Coordinadora que lanzan un guante al resto de grupos parlamentarios: “Aún no entendemos como nadie, ningún grupo de las Cortes, de derecha a izquierda del arco parlamentario, ha pedido responsabilidades políticas en Las Cortes de Aragón después de semejante disparate de comparecencia”. La intervención completa se puede visualizar aquí.
“No hay personas ilegales”
Al margen de los posibles comentarios desafortunados, señalan más razones para esta petición de dimisión. Según han trasladado a AraInfo junto con el vídeo de la comparecencia apuntan que Villagrasa expresó en público, “una parte de lo que ya hemos sufrido en distintas ocasiones en reuniones y conversaciones, donde por ejemplo justifica el incumplimiento del punto 19.2 de la ley 10/16 tildando de ‘ilegales’ a las familias que viven en viviendas ocupadas del sector financiero o de la SAREB y justificando la subversión (consciente) del espíritu de la norma que en su artículo 18 deja claro que la ‘buena fe’ se presupondrá”.
“Las personas ilegales no existen”, y recuerdan que precisamente el punto 19.2 se redactó para proteger estas situaciones (y otras como las finalizaciones de contrato o los desahucios en precario): “Recordamos que actuar contra la norma con el resultado de lesión de derechos e intereses del administrado es algo más que una ‘mala práctica administrativa’. Hay vidas en juego, nos cansamos de repetir”.
Por último desde esta coordinadora, advierten: “si el Gobierno de Aragón pretende dar un giro de rumbo urgente y necesario en materia de vivienda, necesita poner al frente de las políticas de vivienda un perfil distinto que convierta la garantía de derechos en su guía, abandonando el enfrentamiento con las plataformas de vivienda y el maltrato institucional a las familias afectadas por desahucio”.
