El convenio de asesoría jurídica frente a la "ocupación ilegal" impulsado por el Gobierno municipal de Natalia Chueca vuelve a situarse en el centro de la polémica. Tras el balance difundido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el funcionamiento del servicio durante el primer semestre de 2026, Zaragoza en Común sostiene que los propios datos municipales demuestran que el convenio "es una ficción": un servicio que pierde usuarios año tras año, con una incidencia mínima en la ciudad y cuyo coste medio ronda los 350 euros por consulta.
ZeC recuerda que el servicio, prestado mediante un convenio con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), registró únicamente 36 consultas durante el primer semestre de este año, prácticamente la mitad que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Para ZeC, esta evolución confirma que la ocupación ilegal no responde a una demanda social de la magnitud que el Gobierno municipal del Partido Popular —sostenido con el apoyo de Vox— lleva años presentando.
"Cinco años después, los propios datos del Ayuntamiento nos dan la razón. Estamos hablando de un servicio que va claramente a menos mientras el Gobierno municipal sigue utilizándolo para alimentar un discurso político sobre la ocupación", afirma el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez.
Un coste medio de unos 350 euros por consulta
Zaragoza en Común pone el foco en el coste económico del convenio. Según explica, teniendo en cuenta el importe previsto para este ejercicio y el número de consultas atendidas durante el primer semestre, cada atención ronda los 350 euros de media.
Domínguez recuerda además que las memorias del propio servicio reflejan que buena parte de las actuaciones consisten únicamente en consultas telefónicas o asesoramientos jurídicos iniciales.
"Resulta difícil justificar este gasto cuando muchas de las intervenciones son simplemente una llamada telefónica de orientación jurídica. Es un servicio político, no una respuesta a una necesidad prioritaria de Zaragoza", sostiene Domínguez.
El edil ha insistido en que "los propios datos del Ayuntamiento demuestran que el convenio 'antiocupación' de Natalia Chueca es una ficción. Es un servicio cada vez menos utilizado que no responde a una demanda real". A su juicio, "estamos hablando de unas consultas que cuestan alrededor de 350 euros cada una y que muchas simplemente consisten en una llamada de teléfono de apenas unos minutos".
El interventor pide contener el gasto
Zaragoza en Común considera especialmente significativo que este convenio se mantenga mientras el propio interventor municipal viene advirtiendo de la situación financiera del Ayuntamiento.
En los informes que acompañan recientemente a distintos convenios municipales, el interventor recuerda expresamente que "debería plantearse una contención en la ejecución del gasto presupuestado, priorizando los gastos obligatorios y los ya comprometidos y reduciendo sustancialmente los gastos voluntarios al objeto de evitar que se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento", incide Domínguez.
Para el concejal de ZeC, esa advertencia debería traducirse en una revisión de este tipo de servicios. "Si el propio interventor está advirtiendo de la necesidad de contener el gasto voluntario, lo lógico sería revisar convenios como éste, cuya demanda disminuye año tras año y cuya utilidad real es muy limitada", señala.
"La verdadera emergencia es la vivienda"
Desde Zaragoza en Común consideran que el Gobierno municipal mantiene este convenio porque le resulta útil para reforzar un determinado discurso político sobre la ocupación, mientras deja sin atender el principal problema residencial de la ciudad.
"El problema de Zaragoza no es la ocupación; el problema es la vivienda. Tenemos un parque público claramente insuficiente, miles de personas que no pueden acceder a un alquiler asequible, personas que pierden su vivienda y un albergue municipal saturado sin que el Ayuntamiento esté ofreciendo respuestas suficientes", sostiene Domínguez.
El concejal añade que incluso el propio balance municipal reconoce que entre las consultas recibidas hay casos en los que las personas ocupantes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En esa línea, ZeC reprocha al Ejecutivo de Natalia Chueca que "prefiera gastar dinero en propaganda e inventar un conflicto inexistente antes que atender los problemas reales de vecinas y vecinos de Zaragoza".
Falta de transparencia
La formación denuncia además la ausencia de información pública suficiente para evaluar la eficacia del convenio.
Según señala, no existe un desglose detallado del coste anual del servicio, ni memorias justificativas completas, ni una evaluación pública de sus resultados que permita conocer si el dinero público está siendo empleado de forma eficiente.
Por ello, exige al Gobierno municipal que publique toda la documentación relativa al convenio y garantice "la máxima transparencia" sobre su funcionamiento y su coste.
"Derroche de dinero público" desde 2021
No es la primera vez que Zaragoza en Común cuestiona este convenio. En abril de 2025, AraInfo publicó un análisis elaborado a partir de la documentación municipal en el que la formación denunciaba el "derroche de dinero público" del servicio. Entonces calculó un coste equivalente a 9,14 euros por minuto de atención, al tiempo que señalaba que el 80% de las consultas duraban menos de media hora, la mayoría se realizaban por teléfono, algo más del 15% por correo electrónico y ninguna de forma presencial.
Para Zaragoza en Común, los datos difundidos ahora por el propio Ayuntamiento no hacen sino reforzar aquellas críticas: un servicio puesto en marcha en 2021 con cada vez menos utilización, elevado coste por consulta y que, a su juicio, responde más a una estrategia política que a una necesidad real de la ciudad.
