Consideraciones al informe del IASS sobre la red de residencias de mayores

Sobre los informes presentados para la comparecencia en la Comisión de estudio para la reestructuración de la Red de centros asistenciales de mayores de Aragón y las medidas y modificaciones legislativas sobre las mismas. Informe del Director Gerente del IASS, Joaquín Santos Este informe me produce una verdadera decepción y me parece totalmente impropio de una persona con tan alta responsabilidad y una falta de respeto a nuestras Cortes aragonesas. Apenas da información sobre la situación de las red de centros asistenciales para mayores de Aragón (RCAMA) ni sobre los avatares que han pasado durante la pandemia; daba más datos …

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La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, junto al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS-, Joaquín Santos, y el secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez. Foto: DGA

Sobre los informes presentados para la comparecencia en la Comisión de estudio para la reestructuración de la Red de centros asistenciales de mayores de Aragón y las medidas y modificaciones legislativas sobre las mismas.

Informe del Director Gerente del IASS, Joaquín Santos

Este informe me produce una verdadera decepción y me parece totalmente impropio de una persona con tan alta responsabilidad y una falta de respeto a nuestras Cortes aragonesas. Apenas da información sobre la situación de las red de centros asistenciales para mayores de Aragón (RCAMA) ni sobre los avatares que han pasado durante la pandemia; daba más datos en la entrevista que publicó Heraldo de Aragón el 11 de julio. Tan solo nos ofrece el porcentaje de personas mayores de 65 años, la relación porcentual de plazas residenciales sobre el resto de España… y con solo estos datos afirma que son ilustrativos del esfuerzo que la comunidad hace para la atención de los mayores.

Nos dice que tenemos 320 centros residenciales, que el virus afectó a 130, con un total de contagiados de 2.500 y con un total de fallecidos que sumó “algo más de 800 personas” (sic).

Y también con esta exigüidad de datos afirma que “sirven como punto de referencia para poder hacer un análisis cualitativo de la pandemia” (sic). Su capacidad deductiva tiene que ser extraordinaria.

Además nos informa de que en estas últimas semanas (¿cuántas?) hay 75 centros con personas contagiadas, con 686 residentes afectados y 71 fallecidos.

Sabemos, por las declaraciones que hizo en la referida entrevista al periódico, que la opinión del señor Santos sobre el papel de estos centros es el de una alternativa a los cuidados domiciliarios. Respuesta simple, y nos parece que inadecuada e incluso falsa, para problema enormemente complejo. Por eso no nos extraña que el contenido del informe responda a esa simpleza y falta de rigor analítico y metodológico y se contente con hacer afirmaciones generalistas, sin base documental, que ni siquiera plantean los problemas principales del asunto del que se trata.

Así afirmar que casi el 48% de las personas atendidas con grado III o que el 30% con grado II lo son en centros residenciales significa que “las familias han preferido y siguen viendo este recurso como el más adecuado para atender a las personas…” (sic) indica que el señor Santos parece ignorar que el 52% (que son mayoría) de grado III y el 70% de grado II (que son mayoría absoluta) NO lo hacen pero ¿acaso es porque no lo prefieren o porque, por las razones que sen, no pueden acceder a ello? Con el rigor analítico que hace gala en su informe jamás podremos saberlo. Nada parece importar sobre las razones que impulsan a una u otras familias a tomar estas decisiones (su nivel de renta, las condiciones de la vivienda en la que habitan, sus problemas de conciliación familiar y otros más).

De la misma forma su afirmación “les puedo añadir que, desde un punto de vista técnico, ya advertimos en el comienzo de la implantación de la Ley, que los servicios para apoyar el mantenimiento en el domicilio, especialmente la ayuda a domicilio, no acababa de ser el recurso que elegían las familias para la atención de las personas con grados elevados de dependencia” (sic) me vuelven a sugerir consideraciones poco condescendientes con el autor. ¿De qué punto de vista técnico nos habla si se refiere a la elección de las familias? ¿Qué otro tipo de mantenimiento en el domicilio existe que no sea la ayuda a domicilio? ¿Cómo plantea el señor Santos que se atienda a las personas con grados elevados de dependencia (alto deterioro cognitivo, deterioro físico muy importante o combinación significativa de ambos que hacen que la situación sea muy difícil de asumir en el domicilio familiar como él mismo afirma en párrafo anterior) en viviendas o situaciones familiares y sociales que lindan con los mínimos de habitabilidad, exclusión social, etc?

Piensa el señor Santos que hay que valorar las modificaciones en el modelo general de atención y modificar el Catálogo de Prestaciones de Dependencia en el marco de una implantación completa del sistema lo que no se produce en ninguna comunidad autónoma. De acuerdo, para eso se le ha solicitado el informe e el que usted no aporta ni siquiera una idea sobre el asunto del que usted es el máximo responsable en nuestra comunidad.

Pese a todo ello afirma que la atención “se hace de forma altamente profesional…” pero no aporta ni un solo dato para mantener dicha afirmación. Señor Santos ¿cuáles son las ratio de trabajadores y con qué grado de cualificación sobre número de residentes y cuál su comparación con otras CCAA y otros países de nuestro entorno? ¿Cuál es la situación infraestructural de nuestras residencias en cuanto a espacios, baños asistidos, accesibilidad a servicios higiénicos, fisioterapia, envejecimiento activo, atención psicológica, equipos de protección de trabajadoras y residentes…? ¿En qué resultados se basa usted para decir esto? Por supuesto que no será en el número de afectados y muertos durante la pandemia en nuestra RCAMA que es una de las más altas del mundo (si no la más alta).

Habla del plan de Inspección que se ha realizado “en los últimos años” que trajo consigo el cierre de 20 centros (el 7%). ¿De cuántos años habla usted? ¿A cuántos Centros se inspeccionó? ¿Qué otras conclusiones y recomendaciones hizo la Inspección? ¿Se han cumplido? ¿Ha habido algún seguimiento planificado y exhaustivo de las mismas? Habla usted de la intención del Departamento de reforzar el Servicio de Inspección (lo que hace suponer que le parece insuficiente la situación actual) pero no nos dice ni cómo, ni cuánto, ni cuándo.

Introduce usted, en varios párrafos, un confuso debate en torno a la “medicalización” de los Centros y afirma que con el protocolo firmado entre los Departamentos de Sanidad y Ciudadanía se establece muy claramente la forma de relación entre los dos sistemas lo que nos puede llevar a pensar que o no existía antes ningún protocolo o se considera que no era el adecuado. Pero en el informe del Director General de Asistencia Sanitaria ya se explaya sobre este tema en lo que le compete (por cierto de forma mucho más detallada y técnica que usted) y no oculta las dificultades que habrá para llevarlo adelante.

Usted solo nos habla de la enfermera coordinadora en cada centro de salud para hacer el seguimiento sanitario de las personas residentes de todas las residencias de Aragón y la posible creación de equipos especializados de intervención en los ámbito geográficos en los que exista una importante acumulación de centros residenciales. Pero no da usted ni un solo dato, ni siquiera una apreciación de cuáles son esos ámbitos geográficos ni de en qué van a consistir esos equipos ni de cómo se van a ver implicados en ello los propios centros residenciales.

Y dice usted que ello “es un ejemplo más de la magnífica coordinación entre los dos Departamentos que se ha venido produciendo lo largo de toda esta intervención contra la pandemia” cuando son numerosísimas las personas trabajadoras en ambos sistemas que opinan de forma muy distinta. También afirma que “ponemos en marcha una forma de colaboración que resulta pionera en el contexto nacional” (sic) lo que nos hace tener un paupérrimo concepto de cómo es esa colaboración que, por otra parte, diversos agentes sociales llevan reclamando desde hace años y que siempre han topado con el impenetrable muro administrativo de la división de competencias aunque en el discurso oficial no se haga otra cosa que afirmar lo contrario (planes personalizados, integraciones competenciales…)

Habla usted de un “proceso de implantación de un modelo propio de gestión residencial en los centros propios del IASS que incorpora el criterio y la cultura del programa de “Atención Centrada en la Persona” … pero, a estas alturas, todavía no sabemos cuáles son las residencias o centros propios del IASS, o de otras administraciones públicas, sus actuales diversos modelos de gestión, la delegación de su gestión en entidades privadas, o los servicios contratados o externalizados y, por supuesto, nada nos dice sobre ese nuevo modelo propio de gestión.

Advierte de que “en las próximas semanas se procederá a publicar varios contratos para la gestión de centros que van a incorporar nuevas condiciones, requisitos y procedimientos de control y seguimiento del cumplimiento de los términos de los contratos con el fin de mejorar la capacidad de actuación de la responsabilidad pública.” (sic). ¿Dónde se han discutido estos criterios? ¿Por qué no se ha hecho con anterioridad ya que desde hace varios años se publicó un decreto de homologación europea sobre la contratación de servicios con las organizaciones sin ánimo de lucro que ya exigía estos criterios?

Al final de su página 6 dice usted que es una necesidad “abordar la mejora en la cualificación profesional del personal de los centros residenciales, consecuentemente su mejora del nivel retributivo y en este contexto, una revisión de ratios del personal mínimas establecidas.” Lo que viene a confirmarnos en nuestra apreciación de lo huera que era su afirmación sobre el nivel de cuidados en nuestras residencias ya que precisan de modificaciones sustanciales.

Cierra su informe con la exigencia, que compartimos, de que las arcas del estado cumplan con sus obligaciones respecto a la financiación de la dependencia. Pero estimo que, aunque el estado siga incumpliéndolas, la comunidad aragonesa debe priorizar en sus presupuestos la financiación de toda estos proyectos de la RCAMA que nos afectan a todas de forma enormemente importante; sin para ello deben afrontarse endeudamientos, aumentar la captación de recursos de la comunidad o recortar financiaciones menos importantes (el listado concreto se me antoja numeroso) debe hacerse porque en ello va el futuro de una de las comunidades más envejecidas del mundo.

Por supuesto, desgraciadamente, en su informe no se concretan, ni una sola vez, estimaciones presupuestarias para las intenciones expuestas ni un calendario de actuaciones. En definitiva señor Santos, en mi opinión, un informe que no informa y que no profundiza para nada ni en las causas de nuestro estado de alerta de nuestra RCAMA, ni nos ofrece datos sobre su verdadera situación estructural, ni en las posibles alternativas de gestión, ni en las diferentes necesidades de los grupos de mayores, ni siquiera, lo que nos parece más grave, en el modelo global de gestión integral e integrada del problema.

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