Había expectación por la primera intervención en las Cortes de Aragón de la nueva consejera de Economía de la DGA, Eva Valle. No en vano, Azcón presumió en campaña electoral de que su nuevo ‘fichaje’ poseía un curriculum “espectacular”. El pasado vienes, a petición propia, la excolaboradora de Mariano Rajoy compareció en la Comisión de Economía para explicar sus principales líneas de gestión. Tras reiterar el habitual argumentario en favor de los centros de datos, quiso brillar con un nuevo golpe de efecto. Sin embargo, sus palabras la dejaron en evidencia, ya sea por ignorancia o malevolencia. Mientras la Comisión Europea (CE) lleva alertando del riesgo de depender de las multinacionales tecnológicas, ella aseguró que sus infraestructuras refuerzan “nuestra seguridad y soberanía digital”.
Valle puso broche final a su intervención afirmando: “Y solamente quiero referirme como último elemento, al tema que decía de la importancia de estas infraestructuras como refuerzo de nuestra seguridad y soberanía digital. Disponer de centros de datos en nuestros territorios, significa que los datos de empresas, administraciones y de ciudadanos, pueden almacenarse bajo normativa europea, con mayores garantías jurídicas y tecnológicas. Y esto es esencial, en un mundo en que los datos son un activo estratégico, y es una cuestión clave para nuestra economía”. Desde este enlace se puede visionar su falsa argumentación en las Cortes de Aragón. La consejera confunde la ubicación física de los centros de datos con la soberanía digital, que conlleva un cumplimiento verdadero de condiciones jurídicas, tecnológicas y económicas.
Condición jurídica
El argumento jurídico de Valle es totalmente falso. La ubicación física de los datos en territorio europeo no anula la legislación del país de origen del proveedor del servicio, Estados Unidos, en el caso de Amazon y Microsoft en Aragón. La sección 103 del CLOUD Act permite a las autoridades norteamericanas exigir a proveedores estadounidenses de servicios de comunicación o almacenamiento que entreguen datos que estén en su posesión, custodia o control. Da igual que esos datos se almacenen fuera de Estados Unidos, incluidos los centros de datos europeos, siempre que exista una orden judicial o medida administrativa válida emitida conforme a la ley estadounidense.
Un claro ejemplo de esta realidad es la sentencia Schrems II emitida por el Tribunal de Justicia de la UE en 2020. Este órgano anuló el Privacy Shield (Escudo de Privacidad) por este motivo, confirmando que la normativa europea choca con las leyes estadounidenses. El Privacy Shield era un acuerdo entre la UE y EE.UU. que permitía a empresas como Amazon o Microsoft transferir datos personales de ciudadanos europeos a servidores americanos sin violar el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
Condición tecnológica
Igual de surrealistas y absurdas son las “mayores garantías tecnológicas” que expresó Valle en defensa de los centros de datos de las multinacionales. Cuando una empresa o un ciudadano contrata servicios cloud de AWS o Azure (Microsoft), independientemente de la ubicación física de sus servidores, queda ligado al ecosistema de estas multinacionales que utilizan su propio software privativo (no es de código abierto). Un ejemplo similar y reciente, aunque en modo local, sería la actualización a Windows 11 de Microsoft. Esta medida impuesta obliga a quien utiliza este sistema operativo a comprar ordenadores más caros y con más recursos para que funcione este nuevo software.
En línea contraria a lo manifestado por la consejera, la UE lleva años alertando de esta peligrosa dependencia. Este mismo año, la CE tiene previsto proponer la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, siendo una prioridad reforzar la soberanía digital de Europa. Según recoge la estrategia digital comunitaria, este enfoque “fomentará el crecimiento de los proveedores europeos de nube y dará prioridad al uso de una capacidad de nube altamente segura para casos de uso altamente críticos”. La sumisión de las grandes tecnológicas a la actual geopolítica internacional de Donald Trump hace, si cabe, más urgente y necesario este camino.
Condición económica
Cuando la consejera se refirió a los datos como “activo estratégico” para “nuestra economía”, tan solo se equivocó en el adjetivo posesivo, salvo que se arrogue la representación de las tecnológicas, en lugar de la población aragonesa. Durante el presente siglo, el control de los datos ha sido la fuente en la que estas grandes multinacionales han basado su crecimiento y monopolio digital, sobre todo en el ámbito publicitario.
En territorio europeo, han sido habituales las sanciones impuestas a estas tecnológicas por el uso fraudulento que han hecho sobre los datos de sus usuarios. Por ejemplo, Microsoft, propietaria de LinkedIn, fue multada en 2024 con 310 millones de euros por la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda (DPC). Este órgano concluyó que el tratamiento de datos personales, con fines de análisis de comportamiento y publicidad personalizada, realizado por esta red social infringió la legislación europea.
La otra gran tecnológica que ha aterrizado en Aragón, Amazon, tampoco es buen ejemplo económico de beneficio para empresas nacionales. De las numerosas sanciones recibidas en Europa, se puede destacar la multa de 194 millones de euros que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Apple y Amazon en 2023. Fue interpuesta por restringir la competencia en la web de Amazon en el Estado español, además de limitar los espacios publicitarios donde pudieran anunciarse productos competidores de Apple.
