En relación con el “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica” presentado por el Defensor del Pueblo, el pasado 27 de octubre, como resultado de los trabajos efectuados en cumplimiento de la encomienda efectuada por el Congreso de los Diputados y Diputadas en marzo de 2022, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) confirma “la falta de colaboración de la Iglesia”, y exige que “las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario público”.
Dicho informe ha puesto de manifiesto, por vez primera y de forma oficial “una situación que era vox populi pero de la que no se había estudiado su amplitud, sus repercusiones personales y sociales, ni los mecanismos por los que estos hechos han permanecido encubiertos y silenciados durante décadas”, destacan desde MHUEL, por lo que valoran “positivamente que esta cuestión forme parte de la agenda política”.
Las 777 páginas del informe y sus recomendaciones en materia de reconocimiento, prevención, reparación, apoyo a las víctimas y formación merecen una lectura atenta y un debate sereno.
Sin embargo, hay dos asuntos que requieren especialmente la atención de la sociedad a juicio de MHUEL:
Primero: la falta de colaboración de la Iglesia. A lo largo del informe se pone de manifiesto que algunas “diócesis han rechazado colaborar con la investigación, cuestionando la propia encomienda y no aportando ningún dato sobre abusos, o reconociendo la existencia de algún caso, pero sin ofrecer ningún dato al respecto”. Por otra parte, se han detectado en algunos episcopados “actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Reconoce que no haber “podido acceder a información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido a la Comisión Asesora disponer de datos más aproximados sobre el número y características de los clérigos y religiosos que habrían perpetrado tales conductas”.
Por ello, MHUEL entiende que “no se puede permitir que la Iglesia obstaculice y ponga trabas al desarrollo de una investigación sobre un problema de tal gravedad como es el de los abusos sexuales a la infancia. Deberían instituirse procedimientos para que se vieran obligados a colaborar con la investigación y, en los casos que corresponda, responder penalmente por abuso sexual y encubrimiento”.
Y, segundo: las indemnizaciones no pueden correr a cargo del erario público. En la recapitulación, el informe recomienda “la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en medida que la reparación corresponda al Estado”.
Según el criterio de MHUEL “es inaceptable que las indemnizaciones a las víctimas corran a cargo de la sociedad, incluyendo en ella a las propias víctimas, estimadas en 440.000 por el informe, en lugar de ser asumidas por sus responsables. El resarcimiento pecuniario debe ser a costa de los abusadores y las instituciones que los amparan y encubren”.
“Aún si así fuera, en último término, es la sociedad la que acaba corriendo con las cargas, pues la Iglesia no se autofinancia como declaró, hipócritamente, que haría en los acuerdos de 1979. Al revés, la sufragamos entre todos con la estafa de las casillas en la declaración del IRPF, a través de exenciones de impuestos, de fundaciones y mecenazgos, de la subvención a los colegios de las órdenes religiosas y la explotación turística del patrimonio público expoliado mediante el privilegio de registrar bienes por la mera declaración del obispado”, enfatizan desde MHUEL.
Por todo ello “se hace necesario e imprescindible denunciar el vigente Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado español, para que asuma su propia financiación, para liberar al Estado del corsé que los acuerdos suponen en materia educativa, y para el efectivo cumplimiento de la separación de la Iglesia y el Estado”, concluyen desde el Movimiento Hacia un Estado Laico.
La Iglesia Católica aragonesa reticente a la colaboración para detectar abusos sexuales
La diócesis de Zaragoza requerida por el Defensor del Pueblo para elaborar su Informe afirmaba que “sí se han revisado los archivos diocesanos existentes” pero no llegan a especificar si incluyen en ese conjunto al ‘archivo secreto’, detallan desde el Defensor. Por su parte la diócesis de Uesca también afirma “haber revisado los archivos que actualmente tiene, incluyendo los expedientes personales, pero no ha contestado cuando se le ha preguntado si había revisado el ‘archivo secreto’ y el del tribunal eclesiástico”, recalcan en el Informe.
En el caso de la diócesis de Tarazona “se ha encontrado algún caso publicado por los medios de comunicación que no aparecen entre los comunicados por la diócesis”, señala el Informe.
Por su parte, la diócesis de Teruel y Albarracín “también ha consultado el ‘archivo secreto’, los documentos de los delicta graviora, y los del tribunal eclesiástico, pero cabe la duda de si ha sido una revisión”, especifica el Informe.
“Los datos también reflejan que en un reducido número de diócesis el número de casos comunicado al Defensor coincide con el de casos judicializados en los tribunales del Estado”, como es el caso de la diócesis de Balbastro-Monzón.
Cabe destacar que el Informe tan apenas hace referencia, ni para bien ni para mal, a la de diócesis de Chaca.
Además de en las diócesis, el Informe ha indagado en los datos aportados por el entramado de órdenes, institutos ‘de vida consagrada’, hermandades, y otras arquitecturas de ingeniería social con las que se organiza la Iglesia aragonesa para sus fines, constatando la dificultad de acceso a la información.
¿Qué es el ‘archivo secreto’ de la Iglesia Católica?
Es parte del Código de Derecho Canónico, concretamente su apartado 489 (del Artículo 2, Del canciller y otros notarios, y de los archivos), que dice textualmente: “Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto”, para en su apartado 490 aclarar taxativa y literalmente que “la llave del archivo secreto la tiene solamente el Obispo”.
La DGA tiene la responsabilidad legal de prestar apoyo especializado a las víctimas de estos delitos
Como señala el Informe, los territorios que tienen competencias asumidas en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia, como es el caso de Aragón, tienen la responsabilidad legal de dar “apoyo especializado a las víctimas de delitos, vehiculado a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD). Estas oficinas son un servicio público y gratuito creado a partir de la aprobación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual”, en el mismo sentido, el Informe detalla que “posteriormente, las oficinas fueron reguladas por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, y, con mayor detalle, por el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, mediante el cual se desarrolla esta ley y se establecen las normas que rigen su funcionamiento”, incidiendo en que “la responsabilidad de la creación y gestión de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito recae”, en este caso, en el Gobierno de Aragón.
Así, desde la Oficina de Asistencia a la Víctima en Aragón explican que este servicio “se configura como una unidad especializada y un servicio público cuya finalidad es prestar asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes. Las Oficinas son atendidas por profesionales especializados, entre los que podrán encontrarse, psicólogos, personal al servicio de la Administración de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros técnicos especializados”.
