El Partido Comunista de España (PCE Aragón) y la Juventud Comunista manifestamos nuestro más profundo rechazo a la intervención policial del pasado día 26 en el barrio de El Gancho de Zaragoza. Las calles fueron tomadas por 100 efectivos policiales que bloquearon los accesos de 12 calles, mientras un helicóptero sobrevolaba el barrio, siendo 370 personas identificadas y 5 detenidas.
El Gancho es uno de los barrios de nuestra ciudad que sufren un grave problema habitacional. Y es que, pese a que la mayoría de las personas cuentan con un techo bajo el que dormir, en su mayoría no podemos hablar de una vivienda digna. La pobreza energética es una de las consecuencias de los altos índices de paro y precariedad, un elevado abandono escolar y la falta de alternativas de ocio saludable. Esta situación lleva arrastrándose en barrios como el del Gancho desde hace muchos años ante la mirada hacia otro lado de las instituciones. La pandemia no ha hecho más que agudizar las condiciones extremas de estos barrios, que no derivan de una situación excepcional sino de decisiones políticas de largo plazo.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza, lejos de fomentar la convivencia en el vecindario, aprovecha para recortar en servicios sociales y también las atribuciones del Plan Integral del Casco Histórico (PICH). No olvidaremos cuando cerró AMEDIAR, el centro de mediación del barrio que además de colaborar en la resolución de conflictos contribuía, entre otras cuestiones, a resolver necesidades inmediatas para poder tener una vida más digna.
El Gobierno de Jorge Azcón está criminalizando la pobreza para avanzar en el proceso de gentrificación que sufre el barrio desde hace años: ahora que el lugar se revaloriza, la mayoría de sus habitantes que a los ojos de la oligarquía de la ciudad son pobres, les sobran en el centro de Zaragoza.
Así, denunciamos la intervención policial del espectáculo y exigimos a la socialista Pilar Alegría que lo cese. No obstante, lejos de ignorar y eximir a aquellos que causan los graves problemas de delincuencia, la trata de mujeres y el trapicheo de droga que suceden en el barrio, es la hora de evidenciar que esta situación no se arregla con más represión sino con decisiones políticas que la reviertan radicalmente.
Es la hora de invertir en los barrios, de recuperar el tejido asociativo y reforzar los servicios sociales y comunitarios que estos barrios tanto necesitan. Es la hora de dejar trabajar a centros sociales como el CSC Luis Buñuel y de reforzar aquellas infraestructuras que cada vez están más deterioradas, especialmente las educativas. En resumen, se trata de dotar de una oportunidad a aquella mayoría trabajadora que intenta prosperar en el barrio.
Por último, condenamos toda intervención policial, instalación de cámaras de seguridad y cualquier otra herramienta cuyo objetivo es el control represivo en el vecindario, siendo urgente aumentar el gasto en servicios sociales y comunitarios, reinstaurar AMEDIAR y todo proyecto emancipador para el vecindario. No debemos olvidar que lo que le quita el sueño a las personas que viven en el Gancho y otros barrios populares de la capital aragonesa es encontrar un trabajo y una vivienda digna.
Frente a la represión policial, solidaridad vecinal. Nuestros barrios no se tocan.
