El servicio jurídico de la Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici), a solicitud de su entidad representativa en Zaragoza, el Colectivo Pedalea, ha interpuesto un recurso de reposición frente al Decreto firmado el pasado 18 de mayo por la Consejera de Movilidad de Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, por delegación del alcalde Jorge Azcón, en el que se establecían los llamados carriles calmados. Este recurso es un trámite previo a las acciones ante la jurisdicción Contencioso- Administrativa, y se presenta por lo que consideran una vulneración de los derechos de circulación para las bicicletas.
Denuncian desde el Colectivo Pedalea que el Decreto ha creado una nueva tipología de carriles reservados, que vienen a ser una suerte de “reservados para todos menos para las bicicletas”. Es decir, lejos de favorecer la circulación de bicicletas por estos “carriles calmados”, lo que ha hecho ha sido restringir sus movimientos al prohibirles circular por todos los demás, haciendo un uso “torticero” del concepto carril reservado, ya que una básica interpretación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial deja claro que este tipo de carril está pensado para todo lo contrario: permitir reservar carriles para algún tipo de vehículo frente a los demás (como sucede por ejemplo con el carril bus).
Esta decisión, continúan desde Pedalea, incide gravemente en la seguridad de quienes se desplazan en bicicleta, ya que les obliga a realizar maniobras peligrosas para esquivar el habitual fenómeno de la doble fila, irrumpiendo en los carriles contiguos (que ahora quedan prohibidos para las bicicletas) para no quedar bloqueadas en carriles ocupados ilegalmente. Por tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza, denuncian, ha creado una situación de riesgo para la bicicleta, que antes de la firma del Decreto no existía.
Asimismo denuncian que el Decreto es abiertamente contrario a la filosofía y a la regulación de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, norma que fue creada para facilitar la circulación de las bicicletas por la calzada y no para limitarla, como establece en su artículo 24: “las bicicletas circularán por la calzada”. Es más, la única limitación a ese principio general de circulación por la calzada es la contenida en el párrafo 3 del artículo 26: “está prohibida la circulación de bicicletas en el carril reservado para el transporte público”.
En este sentido, el recurso también pide la nulidad del Decreto de la Consejera porque con él se modifica una Ordenanza, lo cual es competencia del Pleno municipal y no de una Consejera o del Alcalde. Por tanto, no ha habido derecho de audiencia ni información pública ni debate con los grupos municipales, como corresponde cuando se pretende hacer una modificación de este calibre, que introduce una prohibición inédita en el ordenamiento jurídico español.
Desde el Colectivo Pedalea, animan al Gobierno de Zaragoza a hacer una apuesta real y decidida por la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, siguiendo con las políticas recogidas en el Plan Director de la Bicicleta, que desde su aprobación por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento en el año 2010 ha guiado políticas de promoción ciclista que se han demostrado exitosas para la implantación de la bici en la movilidad cotidiana de Zaragoza. Asimismo ofrecen su experiencia y conocimiento para acompañar al Ayuntamiento en esta decidida apuesta.
Pedalea señala que el Gobierno de Azcón, bajo la supervisión de Vox, no está teniendo en cuenta las propuestas lanzadas por los grupos ciclistas en la Comisión por la reconstrucción post-COVID-19, ni el propio acuerdo final de esta comisión, que establece en su punto 195 la creación de “corredores ciclistas que garanticen los desplazamientos masivos y seguros”, lo que significa ampliación de la red carriles bici. Lamenta que Zaragoza esté desaprovechando la oportunidad que ha supuesto la desescalada del confinamiento para ampliar el espacio urbano a disposición de peatones y ciclistas, como están haciendo cientos de ciudades en el Estado español y en todo el mundo, como medida para garantizar los desplazamientos seguros y reducir la contaminación causada por el tráfico a motor, responsable de miles de muertes cada año, e identificado como factor agravante en el contagio y la mortalidad del propio COVID-19.